La fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi enfrenta un proceso que marcará su gestión al frente del Departamento de Justicia y que definirá el alcance institucional de uno de los episodios más sensibles de los últimos años. El Congreso y el Senado aprobaron una ley que ordena la publicación de todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, y el presidente firmó la medida tras un periodo prolongado de presión política. La legislación fija un plazo de treinta días para divulgar documentos, comunicaciones internas y materiales de investigación en manos del Departamento, incluidas agencias federales y fiscalías de distrito. El mandato es claro. La ejecución de Bondi no lo es tanto.
Bondi afirmó durante una rueda de prensa que “ya hemos liberado más de 33.000 documentos al Congreso, y continuaremos conforme a la ley y con máxima transparencia”. Lo dijo frente a cámaras, acompañada por el director del FBI y el vicefiscal general. Añadió que “seguiremos la ley mientras protegemos a las víctimas”, una frase que utilizó para responder a preguntas sobre la naturaleza de los archivos, los tiempos de publicación y el volumen de información pendiente de revisión. No indicó fechas concretas. No explicó qué documentos considera listos para su divulgación inmediata. No detalló el método de clasificación ni los criterios aplicados por los equipos encargados de la revisión. Su postura mantiene abiertas las dudas que rodean el proceso.
La ley aprobada por ambas cámaras permite al Departamento de Justicia ocultar identidades, archivos médicos y material que pueda interferir en investigaciones activas, además de reservar documentos vinculados a procedimientos abiertos en el Distrito Sur de Nueva York. Estas excepciones generan un espacio amplio de discrecionalidad y condicionan las expectativas sobre la cantidad de información que llegará al dominio público. Bondi ordenó una revisión centrada en posibles contactos entre figuras demócratas y Epstein, siguiendo una instrucción presidencial emitida días antes. La decisión contrasta con la posición expresada meses atrás por el propio Departamento, cuando se afirmó que no existía base para investigar a terceros no imputados. Bondi aseguró que cuenta con información nueva. No detalló origen ni contenido. Tampoco aclaró si esta revisión condiciona la liberación de los archivos o si dará lugar a redacciones de los mismos.
El futuro inmediato depende del plazo legal. Treinta días. El reloj avanza mientras distintas unidades del Departamento analizan miles de páginas acumuladas durante décadas de investigaciones federales, procesos judiciales, comunicaciones internas, acuerdos previos, informes de agentes y material archivado en oficinas regionales. La institución debe separar lo publicable de lo reservado. Una tarea que, según la propia Bondi, “exige selección y orden”. Legisladores, víctimas, periodistas y organizaciones de interés público siguen cada paso del proceso. La posibilidad de que el Departamento argumente la existencia de investigaciones activas para retener documentos alimenta interrogantes sobre el uso de estas excepciones y sobre el alcance final de la publicación.
El Departamento de Justicia sostiene que cumplirá la ley. No ha descrito cómo organizará la divulgación. No ha aclarado si los documentos se publicarán en varias fases o en un único bloque. No ha explicado si las redacciones serán mínimas o extensas. La falta de un plan anunciado mantiene la incertidumbre.
El caso Epstein se sitúa en el centro de un conflicto institucional que atraviesa distintas áreas del gobierno. Incluye investigaciones sobre explotación sexual, acuerdos judiciales previos, actuaciones de fiscales federales, revisiones internas del FBI, fallos de seguridad en centros de detención y comunicaciones entre funcionarios de varios niveles. La publicación de los archivos podría exponer dinámicas internas del sistema federal y también podría dejar espacios sin cubrir si las excepciones legales se aplican con amplitud.
El contexto político amplifica cada declaración pública de Bondi. La instrucción presidencial para investigar posibles contactos entre figuras demócratas y Epstein se anunció pocos días antes de la firma de la ley que obliga a liberar los archivos. La coincidencia temporal ha generado preguntas sobre la relación entre ambas iniciativas. Bondi ha insistido en que actuará conforme a la ley y que investigará “cualquier pista que surja”. No explicó el alcance de esas posibles pistas. No definió criterios de relevancia. No anunció plazos para esa revisión.
El trabajo técnico dentro del Departamento se desarrolla en paralelo al debate político. Equipos de revisión documental analizan legajos antiguos que circulan desde hace décadas, junto con materiales recientes vinculados a investigaciones abiertas en Nueva York. La coexistencia de documentos de distintas épocas complica la decisión sobre qué puede hacerse público sin interferir en procedimientos en curso. Las víctimas de Epstein esperan claridad sobre el proceso. Sus representantes buscan conocer los criterios de redacción y el nivel de detalle de los archivos que se divulgarán. Organizaciones dedicadas a casos de explotación sexual reclaman garantías sobre la protección de datos personales. Bondi reiteró que el Departamento “seguirá la ley mientras protege a las víctimas”. No ofreció detalles sobre el sistema de anonimización. No aclaró si ciertos apartados quedarán excluidos del acceso público.
El Congreso supervisará la liberación de los archivos y evaluará el cumplimiento del Departamento. Algunos legisladores han solicitado acceso íntegro al material, incluidas versiones sin redacciones. Bondi no respondió a preguntas sobre si entregará documentos completos a comités específicos. Tampoco precisó si solicitará prórrogas en caso de que las revisiones internas requieran más tiempo del previsto.
Bondi compareció también ante el Senado, en una sesión en la que varios legisladores reclamaron información sobre sus contactos con la Casa Blanca, sobre la acusación contra el exdirector del FBI James Comey y sobre los motivos del despliegue federal en distintas ciudades. El presidente del comité señaló la dificultad para obtener respuestas concretas del Departamento sobre decisiones recientes. La sesión situó a Bondi en el punto de encuentro entre la Cámara Alta y el Ejecutivo en un contexto de tensiones institucionales.
El margen de actuación de Bondi es limitado. Por un lado debe cumplir con la ley y con el mandato aprobado por el Congreso. Por otro lado, mantiene una relación directa con el presidente que la nombró. Sus decisiones sobre el caso Epstein definirán la extensión de la divulgación. Y la extensión de la divulgación definirá su legado.