La Comisión Europea (CE) ha dado a conocer el Informe sobre el Estado de Derecho 2025 —lo elabora cada año— en los países de la Unión y ha criticado que España no haya avanzado respecto a que el fiscal general del Estado tenga un mandato separado del Gobierno, apartándose así de las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal.
Considera la CE que debería desvincularse en el tiempo entre el mandato del fiscal general del Estado y el del Gobierno en lugar de coincidir con el propósito de evitar nombramientos alineados con el Ejecutivo y así reforzar la independencia del Ministerio Fiscal. En España ocurre exactamente lo contrario.
No obstante, la Comisión evita entrar en los problemas judiciales que atraviesa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un delito de revelación de secretos relacionada con los problemas fiscales de Alberto Gómez Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) y se limita a anotar que “está siendo procesado”. “Un magistrado del Tribunal Supremo abrió causa contra el fiscal general del Estado. El 9 de junio de 2025, el Tribunal Supremo acusó al fiscal general del Estado de haber filtrado información confidencial de un asunto de defraudación tributaria. El fiscal general del Estado ha presentado recurso”, resume.
La reforma del Gobierno
El Gobierno aprobó el pasado mes de mayo un anteproyecto para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal subrayando que esta modificación modificaría finalmente el mandato del fiscal general del Estado alargándolo a 5 años no renovables para que no coincidiera con el Gobierno, como hasta ahora. Pero este anteproyecto mereció críticas inmediatas, por ejemplo de la Asociación de Fiscales (AF), que deploró el hecho de “no crear verdaderos sistemas de contrapeso dentro de la institución ante el poder absoluto del fiscal general del Estado”. “Se olvida al Consejo Fiscal, en lugar de darle preponderancia”, dijo la AF. La Comisión es consciente de ello: “Algunas partes interesadas se muestran abiertamente críticas con esta reforma“.
En todo caso, la Comisión recoge el argumento expresado por el Gobierno respecto que el anteproyecto busca “reforzar la independencia y la autonomía de los fiscales para que puedan asumir mejor su nueva función investigadora en los procesos penales, de conformidad con el proyecto de modificación de la Ley enjuiciamiento Criminal”.
Además, con el anteproyecto de ley —parafrasea la Comisión— “se trata de mejorar la transparencia de las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado estableciéndose que las comunicaciones entre este y el Gobierno serán públicas y se formularán por escrito”.
Consciente de las críticas
De la misma manera, la Comisión Europea recoge el informe elaborado al respecto de esta reforma por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, si bien aprobó en líneas general la modificación prevista al “mejorar ciertos aspectos” también constató que “no se garantiza plenamente la independencia y ni se introducen suficientes mecanismos de contrapeso internos”. Y recoge también la CE: “El 6 de junio de 2025, el Consejo Fiscal aprobó un informe crítico con este anteproyecto de ley que incorpora el voto particular de la Unión Progresista de Fiscales”.
“Varias de las partes interesadas han manifestado su preocupación por la reforma prevista, alegando que supone un riesgo para la independencia de la justicia dado que se refuerzan las competencias del fiscal general del Estado y se reducen las prerrogativas profesionales de los fiscales. En general, dado que se han tomado medidas y está previsto que se tomen más más medidas para reforzar el estatuto del fiscal general del Estado, se puede afirmar que se ha seguido avanzando para dar cumplimiento a la recomendación.
Varapalo por la separación de poderes
También en el capítulo de relaciones entre el Gobierno y el Poder Judicial, la Comisión Europea subraya que “los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del poder judicial o la confianza pública en este”. “Todos los organismos estatales (sean del poder legislativo, ejecutivo o judicial) deben regirse por la consigna del respeto mutuo para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza de la ciudadanía en estas”.
