El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia declaró este miércoles la nulidad de la sentencia contra Jeanine Áñez, la expresidenta interina del país latinoamericano, que asumió el poder en plena crisis política de 2019. Acusada de perpetrar un “golpe de estado” por sus rivales del oficialismo, la política consideró tras conocer la sentencia que “estos casi 5 años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción”.
El TSJ ordenó la inmediata liberación de la expresidenta, así como la anulación de la sentencia de 10 años de prisión, de los cuales cumplió ya la mitad. “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”, prosiguió Áñez en un post de X.

La justicia boliviana sentenció a Áñez por haber asumido la presidencia tras la renuncia de Evo Morales, que desató una crisis política y social derivada por denuncias de fraude en las elecciones de octubre de 2019. Inicialmente, se le acusó de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, pero la condena final se basa en la supuesta violación de procedimientos constitucionales para tomar el poder, lo que el gobierno de Morales calificó como un “golpe de Estado”.
Los partidarios de la política encarcelada alegan que solamente tenía intención de ocupar el cargo durante la transición, y que su sentencia fue motivada políticamente por las ansias de venganza de sus rivales. Defienden que cumplió la Constitución, y que ocupó el cargo para llenar el vacío institucional creado en Bolivia para convocar después nuevas elecciones.

No obstante, para los simpatizantes de Evo Morales, Áñez quebrantó el orden constitucional, ya que alegan que manipuló los procedimientos para ocupar el poder. Además, la acusan de fomentar la polarización y la represión, especialmente por las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019. En estos episodios, fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes que protestaban contra el nuevo gobierno, que causaron la muerte de al menos 22 civiles y más de 200 heridos en total, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La nulidad del proceso judicial, bautizado como “Golpe de Estado II”, supone el fin de la condena aplicada en 2022 contra Áñez. Romer Saucedo, presidente del TSJ, consideró que en el caso se vulneraron las garantías constitucionales de la acusada. “Se dispone la nulidad de obrados hasta el auto de apertura de juicio oral y, en consecuencia, que la señora Jeanine Áñez sea juzgada en la vía que corresponda”, declaró Saucedo.
Estos casi 5 años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción.
Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio.
Aprendí que la… pic.twitter.com/on81Y0xBLo
— Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) November 4, 2025
El tribunal también ordenó al juez de ejecución penal de La Paz que “disponga su libertad en el día”. El magistrado consideró que la expresidenta fue juzgada por vía ordinaria, cuando en verdad la correspondía un “juicio de responsabilidades”, reservado a ex altas autoridades del estado.
En su comunicado en X, Áñez insistió en que “nunca va a arrepentirse de haber servido a su patria”, y consideró que “la injusticia no solo está en prisión, sino también en la mirada de quienes se niegan a ver más allá del prejuicio”. Sus abogados celebraron la resolución como una “restitución del orden constitucional”. Sin embargo, el caso no se da por cerrado, ya que deberá reencauzarse a un juicio de responsabilidades que requiere autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La crisis en el país latinoamericano se desató tras las elecciones presidenciales en octubre de 2019, cuando Evo Morales fue acusado de fraude y se vio forzado a dimitir, tras 21 días de violentas protestas. Jeanine Áñez, que entonces ejercía como vicepresidenta del Senado, aprovechó el vacío de poder para ocupar el cargo. Pasados 11 meses, se convocaron nuevas elecciones, que ganó Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS). El proceso judicial en marcha contra la expresidenta interina siguió dividendo al país.
El pasado 19 de octubre, el candidato de centroderecha Rodrigo Paz ganó las elecciones presidenciales en Bolivia, y puso fin así a dos décadas de gobiernos de izquierdas, salvo el corto lapso de Áñez al frente del gobierno. Hijo del también expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, Paz capitalizó la frustración por el débil estado de la economía doméstica, la inestabilidad política y el deterioro en el funcionamiento de las instituciones públicas.


