Ahórrense esta segunda semana del juicio contra el fiscal general del Estado porque ya se ha dictado sentencia. Y como suele suceder esta ya se han encargado de anticiparla los numerosos periodistas –y como no el presidente del Gobierno en El País– que han creído ver la prueba absolutoria definitiva en la declaración como testigos colegas de profesión muy escogidos.
En la primera semana del juicio ha servido el pelotón de zapadores ha preparado el terreno para el desembarque la división aerotransportada que se encargará de tomar el territorio mediático por si la sentencia fuera contraria a sus intereses. Si hubiera condena explicarán que ha habido una operación de prevaricación y vulneración de derechos fundamentales que servirá de previa para un recurso ante el cándido Tribunal Constitucional. Lo llamativo es que si hubiera una absolución, también asistiríamos a un bombardeo del lawfare (espero que el juez Ángel Hurtado haya reservado plaza en un bunker nuclear). En otras palabras, si Álvaro García Ortiz no es declarado inocente, el tribunal será culpable.
De la primera semana de juicio resulta sospechoso que, los que vienen afirmando desde hace un año que no hay caso, porque no se ha encontrado la pistola humeante que acredite la culpabilidad, hayan tardado solo dos sesiones del juicio para encontrar en el testimonio de algunos colegas la evidencia que demuestra la inocencia.
No soy ni de los unos, ni de los otros. Prefiero esperar a ver cómo resuelven los jueces. Sin embargo, hay dos aspectos que me producen demasiadas dudas y que la hinchada absolutoria no ha terminado de explicar: en primer lugar, cómo es posible que a todo un fiscal general del Estado le cueste tantísimo trabajo hacerse con un documento que obra en poder de tantos periodistas.
Lo segundo, es aún más llamativo. Resulta que varios periodistas de medios de izquierdas tienen en su poder una información que acredita, nada menos, que los delitos supuestamente cometidos por la pareja de la némesis de Pedro Sánchez, y en lugar de publicar inmediatamente semejante bombazo deciden no hacerlo y guardárselo durante días. Sinceramente, siendo generoso, algo se me escapa y siendo mal pensado, me cuesta creerlo.
Lo que no me cuesta tanto creer es que durante esta semana hemos asistido a la utilización del derecho periodístico a la protección de fuentes como parapeto para ofrecer una versión alternativa de los hechos con la que proteger un bien mayor; un gobierno progresista que apadrina la lucha contra la ultraderecha mundial.
Pongámonos en el hipotético caso de que el fiscal general no fue quien cometió el delito de filtración de datos, sino otra persona. ¿Qué investigación interna ha llevado a cabo la Fiscalía para desvelar quien lo hizo? Por qué el fiscal general del Estado nunca decidió abrir una investigación interna para encontrar quien fue y no comerse él este problema. ¿Por qué jamás se inició indagación alguna? Sinceramente no sé si esto me resulta más llamativo… o más sospechoso.
Sin embargo, todo lo anterior no importa. Lo relevante es la sentencia y ésta ya se ha dictado en los medios por intercesión de la Moncloa. Y del presidente, claro.