La situación en Gaza es insostenible. Desde hace semanas, buena parte de los medios de comunicación en todo el mundo vienen dando cuenta de una realidad cada vez más difícil de asimilar al mostrarnos cómo la población palestina ubicada en el mencionado enclave agoniza. Las personas que se encuentran en la Franja de Gaza se mueren, literalmente, de hambre. Estamos, pues, siendo testigos de cómo Israel implementa desde hace un tiempo medidas que están llevando al límite a los gazatíes. En el pasado se han orquestado otras maniobras militares de envergadura por parte del Estado israelí. Así, por ejemplo, puede traerse a colación la Operación Plomo fundido del año 2008, la Operación Pilar Defensivo del año 2012 o la Operación Margen Protector del año 2014. En todas ellas, Israel se ha valido del derecho a la legítima defensa que contempla la Carta de la Organización de las Naciones Unidas para justificar sus actuaciones. Consecuentemente, cabe preguntarse si la situación actual constituye, en efecto, una ruptura cualitativa con respecto a episodios anteriores.
Ante la cuestión anterior, es preciso subrayar que cuando Hamás llevó a cabo los sanguinarios ataques del 7 de octubre del año 2023, el argumento previamente invocado volvió a ser esgrimido con la idea de amparar su ofensiva militar en Gaza. Sin embargo, casi dos años después de aquellos terribles sucesos, puede decirse –sin atisbo de duda– que la respuesta israelí ha sido articulada desde el desprecio y la conculcación de los preceptos más esenciales del Derecho Internacional. Por lo tanto, lo que comenzó como una respuesta a una agresión previa ha evolucionado hacia una campaña punitiva en la que los objetivos militares parecen haberse diluido al mismo tiempo que las fuerzas militares israelíes concentran su atención en una población exhausta que se muestra incapaz de afrontar otro envite más. Estamos, innegablemente, ante una situación cualitativamente diferente a las anteriores. En definitiva, si bien la estrategia de hostigamiento ejercida sobre la Franja de Gaza –conocida como la prisión más grande al aire libre– se remonta a décadas atrás, las actuales circunstancias presentan unas características inéditas.
Frente a ello, la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido actuar. En noviembre del año pasado, emitió de hecho una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La reacción de muchos Estados europeos (como Alemania e Italia) fue bochornosa al anunciar que no procederían a su detención en el caso de que el mencionado dirigente pisara su territorio. Junto a ello, Estados Unidos establecía sanciones contra el citado órgano judicial, así como contra Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967. Grosso modo, Gaza quedaba, una vez más, abandonada a su suerte, víctima del silencio, la inacción y la impunidad de países que se jactan –una y otra vez– de proclamar la importancia del Derecho Internacional. Lo más grave de todo es que, mientras tanto, a Israel se le estaba permitiendo campar a sus anchas, destruyendo infraestructuras civiles y poblaciones enteras, a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU había sido informado en varias ocasiones sobre las prácticas sistemáticas y a gran escala que estaban siendo perpetradas en Gaza. A raíz de todo ello, en mayo, se alertó de que su población se encontraba al borde del colapso. Ya entonces la catástrofe humanitaria superaba con creces los límites de la violencia armada: se trataba también de una crisis de complicidad global.
El reconocimiento de Palestina
Recientemente se ha sabido que Reino Unido (quien ocupa un rol destacado en el mencionado órgano de la ONU al poder ejercer su derecho de veto) ha manifestado su intención de reconocer a Palestina como Estado, pero sólo en el caso de que Israel adopte medidas concretas que pongan fin a su ofensiva militar. Esta declaración sigue, en parte, la estela del Estado francés que, todo sea dicho, optó por ignorar la actuación de la CPI en su momento. En cualquier caso, este aparente giro plantea un debate principal que debe ser valorado a la luz del Derecho Internacional. En este orden de ideas, es preciso indicar que el reconocimiento del Estado palestino no puede supeditarse a las acciones que lleve a cabo Israel. De acuerdo con la Convención de Montevideo de 1933, para que un país sea reconocido como tal debe contar con tres elementos fundamentales: una población estable, un territorio claramente delimitado y un gobierno que ejerza autoridad efectiva. Consecuentemente, condicionar ese reconocimiento a la conducta de un tercero –en este caso de Israel– no sólo carece de fundamento jurídico, sino que distorsiona gravemente los principios del Derecho Internacional. Es más, el argumento de Reino Unido constituye la politización de un acto que debería estar basado en criterios objetivos y no en presiones diplomáticas o estrategias coyunturales. Resulta grotesco dejar en manos del Estado ocupante y agresor –Israel– la llave del reconocimiento de la estatalidad de un territorio determinado, haciendo que el reconocimiento de la entidad ocupada –Palestina– dependa de la conducta del primero. Un sinsentido que, para mi sorpresa, ha desatado pocas reacciones.
Ante la agenda expansionista de Netanyahu
A raíz de lo anterior, surge un nuevo interrogante: ¿por qué ahora se responde con mayor dureza a los actos atribuidos a Israel? Es innegable que la magnitud de la devastación actual supera ampliamente todo lo que ha ocurrido en Gaza desde la Nakba. Sin embargo, resulta ineludible reconocer que esta crisis se ha ido gestando durante meses y que su gravedad ha sido señalada de manera reiterada por numerosos y diversos actores en el plano internacional. ¿Por qué entonces, después de tanta complacencia y/o silencio, algunos gobiernos han decidido modificar su postura? El sentido común podría sugerir que la dimensión de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza ha llegado a un punto insostenible en el que, finalmente, “se ha colmado el vaso”. No obstante, diversas voces apuntan a razones más pragmáticas y, por lo tanto, menos honorables. En este contexto, se sugiere que el cambio en cuestión podría haberse motivado con la intención de evitar el descrédito ante una opinión pública cada vez más hastiada e indignada con este tema en particular. Asimismo, se especula con la teoría de que algunas potencias están reaccionando ante el temor de que la agenda expansionista de Benjamin Netanyahu comprometa sus intereses. De ser así, las críticas emitidas con carácter reciente por estos países con respecto a la hambruna que sufre la población gazatí podrían funcionar como un caballo de Troya figurado que les permitiría involucrarse indirectamente en el conflicto bajo el pretexto de una preocupación ética, aunque en realidad su actuación se articule para la consecución de fines puramente estratégicos. En otras palabras, algunos estarían utilizando el drama humanitario como un medio para proteger o ampliar su influencia, amparándose en un discurso falaz en el que la dignidad humana es invocada de forma torticera.
Sea como fuere, Gaza ya no es sólo una crisis humanitaria: es un espejo implacable que refleja, de forma cruda y descarnada, las complejas y dolorosas contradicciones del mundo actual. Ante este panorama me pregunto si seremos o no capaces de superar la indiferencia, el cinismo político y la subordinación del Derecho Internacional a los intereses geopolíticos.