El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una Proposición no de Ley -PNL- en la que reclama la tramitación urgente como proyecto de ley del Real Decreto-ley 9/2025, relativo a la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados. La iniciativa, impulsada por la portavoz Ester Muñoz junto a otros diputados populares, será debatida en la Comisión de Igualdad la próxima semana y busca garantizar la plena adaptación de la normativa española a las exigencias de la Unión Europea.
Según exponen los populares, España acumula ya un historial de retrasos en la correcta transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores. Estos incumplimientos han derivado en procedimientos sancionadores por parte de las instituciones europeas y en una multa coercitiva de 19.700 euros por día desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 1 de agosto.
El PP considera que el decreto aprobado por el Gobierno llega “tarde y mal”, pues reconoce derechos que los tribunales españoles ya venían otorgando, en especial a las familias monoparentales, que habían encontrado en la vía judicial el único medio para ver reconocidos sus derechos de conciliación. Además, advierte de que el texto contiene “imprecisiones técnicas y conceptuales” que podrían perpetuar el incumplimiento de la normativa europea y generar inseguridad jurídica.
Uno de los puntos críticos señalados es la falta de diferenciación clara entre los permisos por nacimiento y los permisos parentales retribuidos para el cuidado de hijos hasta los ocho años. A juicio de los populares, esta confusión vulnera lo establecido en la directiva y contrasta con su propia propuesta legislativa presentada previamente en materia de conciliación y corresponsabilidad.
El grupo parlamentario también alerta de que el decreto no garantiza adecuadamente los estándares mínimos de protección previstos en la Directiva 92/85/CEE, especialmente en lo relativo a los permisos de las madres. Según subrayan, la norma debería reconocer al menos 22 semanas retribuidas y no las 19 actualmente previstas, ya que la acumulación de la lactancia no puede considerarse una extensión efectiva, al ser de duración indeterminada y sujeta a múltiples factores.
El PP recuerda, además, que el compromiso del Gobierno de tramitar el decreto como proyecto de ley, tras su convalidación en el Congreso, no supone una garantía real. Denuncian que al menos 16 proyectos de ley procedentes de reales decretos leyes acumulan ampliaciones del plazo de enmiendas que en algunos casos superan las cuarenta semanas, por lo que temen que este texto pueda quedar igualmente estancado.
Para los populares, resulta “imprescindible” acelerar su tramitación, corregir sus deficiencias y reforzar las medidas que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad. Insisten en que la falta de una normativa clara y completa perpetúa los desequilibrios que afectan principalmente a las mujeres, quienes siguen asumiendo de manera mayoritaria las cargas familiares y de cuidados, lo que repercute directamente en sus trayectorias profesionales, en sus ingresos y en su autonomía económica.
La iniciativa insta al Congreso a tres compromisos principales: tramitar de inmediato el proyecto de ley para garantizar la plena transposición de la directiva europea y evitar nuevas sanciones; diferenciar claramente entre permisos por nacimiento y permisos parentales retribuidos; y reforzar las medidas de conciliación con especial atención a la reducción de las desigualdades de género.