El Gobierno no disimula sus críticas ante determinadas decisiones de la Justicia que afectan a Pedro Sánchez o a su entorno político o familiar. Las críticas se dirigen no solo al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, sino también a Ángel Hurtado, el magistrado del Tribunal Supremo que hace lo propio con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Uno de los encargados de fijar el posicionamiento del Gobierno fue el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, quien se declaró “indignado” ante lo que consideró una “causa prospectiva” contra Begoña Gómez que “va mutando” con el paso del tiempo.
Cabe recordar que, este lunes, el juez Peinado citó para el próximo 11 de septiembre a la esposa del presidente y el 10 de septiembre a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, para que explicasen su presunta participación en un delito de malversación relacionado con el uso de recursos públicos para fines privados.
En una entrevista en RNE, López aseguró que el magistrado actúa sin contar con pruebas sólidas y expresó sus sospechas de intencionalidad política. “Tiempo al tiempo, y el tiempo a la Justicia. Tengo muy claro lo que está haciendo el juez Peinado, una causa completamente prospectiva que no tiene ni una sola prueba de nada y va mutando porque el fin es el fin”.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respaldó públicamente ese análisis. En una entrevista televisiva en La Sexta calificó de “campaña de acoso” la situación que, a su entender, afrontaba el presidente del Gobierno desde “múltiples ámbitos” tras su victoria electoral. Albares sostuvo que la imputación a la esposa de Sánchez formaba parte de un hostigamiento más amplio que buscaba erosionar la figura del jefe del Ejecutivo “ante la imposibilidad de derrotarle en las urnas”.
“Hay una deshumanización descarnada de la figura del presidente del Gobierno en el que se ha perdido ya la medida de todas las cosas”, llegó a decir el jefe de la diplomacia.
Este clima de ataque a la Justicia se vio reforzado con las críticas del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ironizó sobre el juez Peinado a través de sus redes sociales describiéndolo como un “activo de la derecha”. Puente comparó irónicamente su supuesta eficacia con la de algunos presidentes autonómicos del Partido Popular, como Alfonso Fernández-Mañueco, en la lucha contra el fuego.
Trabaja más que Mañueco, Juanma y Natividad juntos. ¡¡Menudo activo para la derecha de este país!! https://t.co/Hi7lsJYkZ0
— Oscar Puente (@oscar_puente_) August 18, 2025
La defensa del Gobierno alcanzó también al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra a punto de sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. López consideró “muy preocupante” este caso porque enviaría, en su opinión, un “mensaje mafioso” por parte del entorno de Ayuso.
En este sentido, fuentes del Ministerio de Justicia insistieron en que García Ortiz no dimitiría incluso si fuese procesado, ya que –dijeron– “los inocentes no hacen nada que les haga parecer culpables”.
La ley Bolaños
Mientras esta tormenta política se desarrolla, Félix Bolaños trabaja para intentar aprobar la ambiciosa reforma de la Justicia. El ministro reactivó los contactos con Junts para salvar los principales pilares de su proyecto, entre ellos la creación de un nuevo modelo de instrucción penal a cargo de los fiscales. Sin embargo, la formación de Carles Puigdemont pone condiciones difíciles de aceptar: el cese del fiscal general del Estado, la creación de un órgano judicial propio en Cataluña -Consell de Justicia de Catalunya- y el cierre de la Audiencia Nacional. Dicho esto, Moncloa no da por rotos los contactos.