El Tribunal Supremo se ha convertido hoy en el escenario de la paradoja política: un fiscal general procesado asiste a la apertura del Año Judicial en el órgano judicial que lo juzgará próximamente. Un desafío que ha agitado a la clase política y que ha alcanzado hasta la Jefatura del Estado. Nunca un Rey ha presidido el inicio del curso judicial con un fiscal imputado: Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.
La expectación por las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, era máxima. Jueces y fiscales esperaban que las palabras de Perelló fueran tajantes en cuanto a la independencia del Poder Judicial, tras las entrevistas concedidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha ha acusado a los jueces, a nivel nacional e internacional, de hacer política. Una práctica habitual tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.
Perelló no ha defraudado al sector judicial que le pedía contundencia. “Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la Justicia provenientes de los poderes públicos”, ha lanzado una clara advertencia al Ejecutivo. Y se ha referido al informe sobre el Estado de Derecho en España de la Comisión Europea el pasado mes de julio: “Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en esta”.
A su llegada, el Rey y la presidenta se han saludado cordialmente y han estado un tiempo hablando animadamente, antes de que el Monarca saludara a la sala de gobierno del Tribunal. Perelló ha tenido unas palabras hacia el Jefe del Estado antes de inaugurar el acto: “Engrandece el significado de este acto, porque resalta la dignidad de la función jursdicccional”.

Fuentes de distintas asociaciones de Jueces y Fiscales informaron a este medio de que vocales del CGPJ solicitaron el pasado jueves a Perelló que instara a García Ortiz a no asistir al acto.
En cuanto a este asunto, Perelló ha afirmado que “No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones”, ha afirmado, “pues no nos corresponde esta función. Cada cargo e cargo público es responsable de sus actos”.
No obstante, sí ha dejado claro que se afanará en la “defensa con firmeza de los principios esenciales que definen al Poder Judicial y que hacen que sea digno de este nombre”.
En defensa de la sociedad
La presidenta ha pronunciado un discurso en el que ha puesto en el foco de atención a los ciudadanos. “La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y actúan al servicio de los ciudadanos”.