Reflexionar sobre la reinserción en la sociedad de los agresores sexuales de alto riesgo de reincidencia condenados en España no es tarea fácil. Estamos ante uno de los desafíos más complejos para el sistema judicial.
A menudo surgen preguntas, ¿es posible su rehabilitación? ¿Puede cambiar alguien que ha cometido delitos tan graves? ¿Desciende realmente su nivel de peligrosidad?
Lo cierto es que el Programa de Tratamiento dirigido al Control de la Agresión Sexual (PCAS) que se aplica en prisión sí funciona según el último informe de la Fundación FIADYS. Todo con matices.
Carla Martínez está especializada en psicología forense y criminal, además, es técnico de proyectos en la fundación y una de las investigadoras principales de este informe. “Hemos visto que tienen un perfil muchísimo más complejo. Tienen más antecedentes que los de bajo riesgo, una trayectoria criminal más larga, problemas con las drogas… y de muchos, sus familiares también han entrado en prisión”. Para poder reconocer el daño profundo que causan en las víctimas hay que hacer un ejercicio real de introspección. Por esa razón, existe este programa estatal, que se aplica normalmente en la última mitad de la condena.
“Se hace así porque se utiliza para prevenir que esta persona vuelva a cometer el delito. Más que nada para que tenga todo el contenido fresco y las estrategias que se aprenden estén recientes para aplicarlas. No tiene ningún sentido que una persona que ha sido condenada a diez años le apliques el programa de tratamiento en el primer o segundo año y que luego esté ocho sin ser atendido en un contexto como es un centro penitenciario, que no es una situación real, porque no tiene la misma exposición”, explica la investigadora.
El programa se estructura en once módulos en los que se hace una exploración de la historia del agresor y así se detectan los factores de riesgo. Es decir, aquellas características que aumentan la posibilidad de reincidir. “No saber relacionarse con las personas, conductas desviadas, la falta de empatía, que no reconozca sus emociones… todo eso se va trabajando. Se identifica, se divide por módulos y, en grupo, comparten experiencias dirigidas por profesionales. Aprenden unos de otros. Después se hace un plan de prevención de recaídas, por así decirlo”.
Cómo son: españoles, solteros y 43 años de media
Es necesario recordar que no existe un único perfil de los agresores sexuales, pero sí existen datos que desvela este informe de la Fundación FIADYS sobre los de alto riesgo de reincidencia. Conocer cada perfil de cada interno ayuda a saber cómo intervenir en los programas: el 86,7 por ciento son españoles, la edad media es de 43 años y el 71,7 por ciento están solteros. De ellos, el 41% son padres.
Uno de los datos más destacables es que casi el 20 por ciento han sido víctimas de violencia sexual durante la infancia y, al menos, uno de cada tres reconoce haber sufrido violencia física, también, cuando eran pequeños.
“Cuando se es víctima de violencia sexual infantil hay una interrupción del desarrollo ordinario y se empiezan a normalizar conductas que no se deberían normalizar. Esto tiene un impacto en cómo te relacionas con las personas. Si un niño es víctima de un adulto, la relación que se establece no tiene nada que ver. Se supone que un adulto te protege, que un adulto está ahí para velar por tu seguridad. Cuando esa persona es la que te está haciendo daño, muchas de las víctimas lo sufren en silencio porque ni si quiera son conscientes de lo que está pasando”, apunta Martínez.
Dónde y cómo atacan a las víctimas
La mayoría de las víctimas a las que agreden son mayores de edad y desconocidas. Al contrario que los agresores de bajo riesgo no suelen utilizar su círculo cercano, es decir, contactan a través de redes sociales y cometen delitos con mayor frecuencia en lugares públicos como parques o calles. Esto no quiere decir que todas las agresiones que cometan tengan estas características, pero sí presentan una mayor frecuencia.
¿Funciona el programa de tratamiento?
Según este informe, entre los agresores sexuales que han reincidido en un delito sexual, el 76,9 por ciento recibieron el programa de tratamiento en su segundo ingreso en prisión. El programa es voluntario, ellos deciden si quieren hacerlo, o no, sin embargo, no siempre hay hueco para poder tratar a todos los internos en un mismo periodo de tiempo, es decir, hay agresores en lista de espera para ser atendidos en las prisiones españolas. Las principales razones que dan para querer hacer el programa son tener una mejora personal (90,4%), para obtener beneficios penitenciarios (6,9%) o por obligación (2,7%).
“No quieren que se les identifique por el delito que han cometido”
También los hay que, por miedo a ser etiquetados en el centro donde cumplen condena, rechazan acceder: “los delitos sexuales están muy mal vistos en la calle y en prisión. De hecho, a nosotras nos reconocían haber cometido el delito, pero es una cosa que llevan en secretismo, que ni su compañero de celda lo sabe. Rechazan el programa de tratamiento porque no quieren que se les identifique por el delito que han cometido”, añade Carla Martínez.
Esta es la clave que podría suponer una mejora en la eficacia del tratamiento. Analizar, conocer e intervenir con cada agresor en función de su perfil y de la tipología del delito. Porque no es lo mismo un pederasta, que un violador en serie, que un sádico o alguien que ejerza su control por abuso de poder como profesores o jefes. Todos cometen agresiones sexuales, pero entre ellos mismos se critican y muestran su rechazo por los delitos del otro.
Por eso, tampoco se abren a contar sus experiencias o inseguridades, tanto pasadas como actuales: “El PCAS se hace en grupo, no quieren compartir sus cosas con el resto, sí que dicen que si fuera individual accederían. Lo que nos han comentado los profesionales es que los que han agredido a víctimas menores de edad, se abren menos, sienten más rechazo a compartir lo que han hecho. Evidentemente por el rechazo social”.
Por eso, no basta con castigar al agresor; es necesario educar, sensibilizar y generar entornos seguros donde el consentimiento, la igualdad y el respeto sean pilares fundamentales. Solo así, se podrá avanzar hacia una cultura en la que ninguna persona tenga que temer por su integridad, y en la que cada víctima encuentre apoyo, protección y justicia.