Juan José asesinó a Martha, la joven de 21 años acuchillada hasta la muerte en presencia de su bebé la semana pasada, a pesar de que existía una orden de alejamiento en vigor. La quebrantó en cuatro ocasiones, pero los juzgados no consideraron la posibilidad de que ingresara en prisión, aunque la legislación lo permite.
Una preocupante secuencia de fallos institucionales en la atención a víctimas de violencia de género que, según denuncian las asociaciones, es más común de lo que se piensa.
No es sencillo que se establezca una medida de protección tras denunciar violencia. Chelo Álvarez, psicóloga y presidenta de la asociación Alanna, lo corrobora. Hace unos días acompañó a una mujer a denunciar a su pareja y repasamos con ella cómo reacciona el sistema cuando una víctima pide ayuda.
La denuncia
Carmen (nombre ficticio) aseguraba haber sufrido violencia psicológica, amenazas reiteradas, acoso y coacción. Decidió, tras reunir fuerzas, interponer una denuncia. Aportó pruebas: mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales que evidenciaban el hostigamiento.
Tras la denuncia, Carmen contestó al cuestionario VioGén, que determina el nivel de riesgo que corre una víctima. El algoritmo arrojó un resultado de riesgo medio.
Aun así, la abogada del turno de oficio que le asignaron ya le advirtió que sería difícil obtener una orden de alejamiento. Un riesgo medio, le explicó, no suele considerarse suficiente para prohibir al agresor acercarse. “Desde el primer momento se intuía la falta de protección. La abogada lo sabía y la víctima también”, explica Álvarez.
El juicio rápido
Al día siguiente se celebró un juicio rápido en el juzgado de guardia. El presunto agresor declaró por vía telemática, algo que —según Álvarez— “despersonaliza la causa y resta fuerza a la declaración de la víctima”.
No solo eso: durante la vista, la Fiscalía no solicitó la orden de alejamiento, una omisión que deja a la víctima sin medidas de protección inmediatas y a merced de su agresor.
“Usted, que es psicóloga, sabrá que el miedo es subjetivo”. Esa fue la frase que una jueza dirigió a la mujer que acababa de denunciar amenazas, acoso y coacción por parte de su expareja. La magistrada afirmó no apreciar un riesgo real e insinuó que el terror que sentía Carmen —suficiente como para decidir denunciar— estaba “en su cabeza”, que era “subjetivo”. Riesgo medio, infinidad de pruebas, y el sistema te deja caer que no es para tanto, que exageras.
“¿Desde cuándo tener miedo de quien te ha amenazado y perseguido es algo subjetivo o ilícito?”, se pregunta Álvarez. “Esa frase sintetiza la deslegitimación que sufren muchas mujeres cuando acuden a pedir ayuda”.
Un patrón institucional repetido
La asociación Alanna ha presentado recurso, pero advierte de que este caso no es aislado.
“Estamos viendo una cadena institucional que minimiza el riesgo y deslegitima la vivencia del miedo. Eso se llama indefensión”, sostiene su presidenta.
El miedo no es irrelevante
Álvarez y otras expertas en violencia de género recuerdan que el miedo no es un elemento subjetivo, sino un indicador clínico y de riesgo reconocido en todos los protocolos oficiales: el Protocolo de Valoración Policial del Riesgo (VPR y VPER), la Guía de la Fiscalía General del Estado y las herramientas forenses SARA y VPR 5.0. Ignorar ese indicador, señalan, constituye una “negligencia institucional.
Además, los organismos internacionales CEDAW (2023) y GREVIO (2024) han alertado a España por este tipo de decisiones judiciales que niegan medidas de protección a mujeres con miedo fundado.
“El criterio judicial no puede sustituir una evaluación profesional del riesgo”, subraya Álvarez. “Ni invisibilizar la percepción de la víctima, que forma parte de la valoración integral”.
Escuchar y sostener
Desde las organizaciones especializadas insisten en que el papel de las instituciones debería centrarse en validar el miedo de las mujeres y reforzar su percepción de peligro como un mecanismo de autoprotección. “Lo que necesita escuchar una víctima no es que su miedo es subjetivo, sino que tiene sentido. Que su cuerpo y su mente le están avisando de un peligro real”, concluye Álvarez.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.