El Gobierno plantea asumir la gestión del servicio de las pulseras tras los fallos

La crisis generada en el sistema de las pulseras Cometa -el dispositivo telemático que protege a las víctimas de violencia de género- ha puesto en el punto de mira su gestión. Y la hoja de ruta del Ministerio de Igualdad tiene un camino claro: su conversión en un servicio público integral. Es decir, que su gestión sea también pública y no externalizada como hasta ahora.

“Estamos dando los primeros pasos para que sea un servicio público gestionado al máximo desde lo público”, aseguró ayer la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, en el Congreso de los Diputados. Precisamente, los problemas con la migración de datos en el cambio de proveedor provocaron los “múltiples fallos” de los que alertó la Memoria de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio de Ana Redondo se enfrenta de nuevo este riesgo ya que en mayo de 2026 vence el actual contrato con Vodafone-Securitas.

Primeros pasos

Igualdad ya ha dado los primeros pasos. En 2023, decidió cambiar el modelo de gestión de las pulseras. De un pago por uso (renting) que costaba cerca de 3.500 euros anuales por dispositivo, se optó por la compra en propiedad. Con esta fórmula, el Ministerio gasta 696,34 euros (más IVA) en cada dispositivo, una cantidad un 42% inferior a lo previsto inicialmente en los pliegos de la licitación. Según las condiciones de la misma, en mayo de 2026, Igualdad contará con más de 11.000 dispositivos tras una inversión de casi ocho millones de euros.

‼️Carmen Martínez Perza afirma que el sistema COMETA controla cada día 30 millones de geoposicionamientos de media y defiende que “las víctimas siempre han estado protegidas”.

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— Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) September 25, 2025

Igualdad, según reveló Martínez, es ya también propietaria de la plataforma y la aplicación instalada en los dispositivos, la app, que anteriormente estaba en manos del adjudicatario y no del Ministerio. “La transición a los nuevos dispositivos […] no fue fácil porque había que crear una plataforma nueva porque la anterior no era nuestra y había que crear esa aplicación, que ya son del Ministerio, del Gobierno, de la ciudadanía, de la sociedad”, puntualizó.

Una demanda sindical

La conversión del sistema Cometa en un servicio de gestión pública es algo que ya han reclamado los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió ayer su carácter de servicio público con gestión propia. “El Estado debe prestar estos servicios directamente o a través de empresas públicas, pero en ningún caso dejarlos en manos de adjudicaciones a la baja. El problema de las contratas es que siempre valoran más el precio que el servicio. Y eso ocurre con la inmensa mayoría de los servicios públicos subcontratados en nuestro país”, afirmó en alusión a la protección de las víctimas de violencia de género a través de las pulseras telemáticas para maltratadores, informa Europa Press. Lo comparte CCOO para quien el servicio Cometa debe ser “cien por cien público” para ofrecer seguridad tanto a las personas trabajadoras como a las víctimas a las que debe proteger.

Dentro del Gobierno, algunas voces también van en esta dirección. Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que siempre han insistido en que este tipo de servicios deben ser públicos, pero reconocen que las competencias en esta materia no son suyas. Una dificultad que subyace más allá de los aspectos técnicos es el personal, que supone el 65% del coste destinado a su gestión.

¿Cómo avanzar?

Es decir, la transición hacia una gestión cien por cien pública como la que plantea Igualdad afectaría también a los trabajadores de la Sala Cometa. Este servicio ha estado externalizado desde su creación en 2009, primero con Seguritas Direct y, a partir de 2023, con Securitas. En la actualidad, cuenta con 165 trabajadores, frente a los 126 de enero de 2024, según informan a Artículo14 fuentes de UGT. Cabe recordar que el mínimo establecido en el pliego del contrato era de 82. El grueso de la plantilla está conformado por personas operadoras, que cuentan con una titulación mínima de Bachillerato o equivalente. En cada turno de trabajo siempre hay un coordinador.

La última renovación del contrato supuso una subrogación y la plantilla pasó a Securitas. En este proceso, hubo mejoras salariales como un aumento de 2 euros por hora extra. Ahora, en función de la categoría, oscila entre once y trece euros. El salario base de un operario es de 18.125 euros brutos, a los que se suma un complemento por Violencia de Género de 180 euros. Todas las personas adscritas al servicio de operación deben tener formación especializada en materia de violencia de género y de violencia sexual.

De momento, y a la vista de la próxima licitación del contrato, los sindicatos piden que se consoliden las mejoras laborales en los pliegos. El borrador de pliegos es “un documento muy complejo” -como señaló la delegada- y suma 190 folios de prescripciones administrativas y 70 folios de prescripciones técnicas. El concurso saldrá en breve y en un intento de ganar atractivo la duración del nuevo contrato será mayor: tres años más dos de prórroga.

Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.