Paula Martín Peláez, politóloga y doctora en Estudios Feministas y de Género, ha escuchado y relatado el testimonio 28 personas que han sufrido acoso sexual, sexista o LGTBIfóbico por parte de profesores o compañeros en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 28. Casi todas las víctimas fueron desatendidas.
Como miembro del Punto Violeta de la Complutense, que está formado por profesoras, investigadoras, trabajadoras de administración de servicios y estudiantes voluntarias, decidió dedicar su investigación doctoral a esta realidad “que nos quieren ocultar”, tal y como ella misma describe. Su tesis doctoral es solo “la punta de iceberg”, asegura, de un “silencio sepulcral” por parte de la institución universitaria ante las situaciones de acoso sexual.
Paula formó parte del equipo que formuló el primer protocolo de acoso sexual y por razón de género de la Complutense (2016). Muchas expectativas en él y “de repente, ves que empiezan a llegar denuncias, se empiezan a tramitar y ninguna llega a nada”.
Casi 10 años después, la situación se mantiene.
Son cada vez más las universidades señaladas por silenciar presuntos casos de acoso sexual y violencia machista pero seguimos viendo que se da voz en el entorno educativo a presuntos maltratadores.
Si las universidades dicen que existe acoso o maltrato bajo su jurisdicción, parece que es como atacarse a sí misma. Priman los intereses del bienquedismo. Y hay quien se resiste a entender que toca asumir y visibilizar que efectivamente la Universidad, porque está encerrada en un entorno social patriarcal también, como todos los espacios, existe acoso. Y una manera de empezar a atajarlo, de hecho, es visibilizar que ocurre bajo su jurisdicción.
No siempre, pero muchas veces, se sabe que docentes están perpetuando el acoso y se sabe, no te digo que lleva dos años acosando, se sabe que lleva 20 y 30 años abusando de su poder. Y eso lo saben los departamentos, lo saben los decanatos, lo sabe la Facultad, lo saben las estudiantes, lo sabe todo el mundo, pero la Universidad no actúa.
¿Qué supone esto para las víctimas? ¿A qué proceso se exponen si quisiesen denunciar un caso de acoso sexual?
Denunciar para una víctima en el entorno universitario es un horror. Para cualquier víctima de violencia es un horror. Pero es que, además, aquí ya no solo es luchar contra la persona, contra el acosador, sino que también, cuando estás en un proceso de denuncia, tienes que luchar contra la inacción institucional.
Acompañar las víctimas en este proceso es fundamental. Pero no siempre hay profesionales que puedan y sepan estar a la altura de las víctimas. Primero porque no es obligatorio que haya profesionales formadas en género y segundo porque, cuando el testimonio se pone sobre la mesa de la Unidad de Igualdad (que sí es obligatorio por ley que exista en todas las universidades públicas), la respuesta suele ser siempre es la misma: sin denuncia no podemos hacer nada. No actúan.
Pero ojo. Porque, para empezar, eso es falso. Las universidades, como cualquier Administración, cuando hay indicios de delito (y el acoso sexual o la discriminación lo son), pueden actuar de oficio para ver qué es lo que está sucediendo y hacer una investigación interna. Pero es que luego cuando hay denuncias, tampoco actúan.
Y, de hecho, muchas veces acaban generando bastante daño hacia las personas denunciantes que acuden a la Unidad de Igualdad. Se cuestiona su relato: “Eso no es para tanto”, “él solo estaba siendo amable contigo”. Eso son cosas que he oído y visto yo en esas Unidades de Igualdad.
¿Quién forma parte de esa Unidad de Igualdad (que cuestiona a las víctimas)?
Pues aquí depende del rector de turno. Increíble, pero cierto. Y dependiendo del rector que salga, pues hay unas u otras delegadas de Igualdad.
¿Amiguismos? ¿Una forma de protegerse entre ellos?
Yo solo digo que dependiendo de la ideología que seas, se nombra a una delegada u otra. Entonces, se actúa por unos intereses determinados, pero no por la protección y el bienestar de las víctimas. Se actúa según la ideología y el hacer que entienda el rector que es lo correcto.
¿Y es obligatorio que, al menos, las personas a cargo de las denuncias que quieran interponer las victimas tengan una formación especializada?
No. Por ejemplo, nuestra delegada de igualdad de la Complutense tiene formación en género, pero no es experta en atención a víctimas. Pero es que esto se enreda aún más: esto es a nivel de unidad de igualdad, pero quien pone las sanciones es la inspección de servicio. La Unidad de Igualdad se encarga de activar los protocolos frente acoso o agresión sexual y decide si el caso puede ser motivo de sanción disciplinaria.
Es ahí cuando se pasa a la inspección de servicios, que es el órgano de instrucción y sancionador de la Complutense (por ejemplo), y ahí ya empieza a intervenir otro tipo de gente, porque es otro espacio. Y ahí es cuando todas las denuncias se paralizan, porque casi nunca hay personas formadas en género ni en atención a víctimas. Y a estos, también los elige el rector.
Es decir, los que investigan los casos de acoso y deciden si enviarlo a fiscalía o sancionar internamente, tampoco tienen por qué tener una perspectiva de género que nos ayude a erradicar la violencia machista en la universidad.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.