Los comportamientos machistas por parte de miembros que han estado dentro del Gobierno son uno de los puntos que más daño hacen al Ejecutivo de Sánchez.
Con cada vez más frentes de procedimientos judiciales abiertos, enarbolar banderas como el feminismo fían parte de su electorado. Es por este motivo que el encuentro entre Paco Salazar, ex director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y la ministra portavoz, Pilar Alegría, en un restaurante del centro de Madrid -publicado en exclusiva por este medio- el pasado lunes ha levantado todas las alarmas dentro del partido y del Gobierno. Paco Salazar iba a ser ascendido a secretario de Análisis y Acción Electoral, dentro de la Secretaría de Organización socialista, pero una serie de denuncias de mujeres que trabajaron para él por acoso, en eldiario.es, le hicieron dimitir.
“Otra vez en el tema que más daño nos hace volvemos a meter la pata con las mujeres”, se lamentaban miembros en activo dentro del Partido Socialista en sus chats internos. Hay que recordar que tras los casos de Ábalos y Koldo, y de Salazar, el CIS publicó que el PSOE perdería a una de cada cuatro mujeres que optaron por la papeleta socialista en las elecciones de julio de 2023 y a la mitad de los jóvenes votantes de entre 18 y 34 años.
La explicación de la ministra Alegría
Tras la dimisión del ex alto cargo socialista, el partido afirmó que se abrirían diligencias previas para esclarecer los hechos, y considerar si se debía proceder a abrirle un expediente informativo tras las pruebas recabadas.
Cuatro meses después, el caso Salazar parecía muerto con el foco informativo desviado a otros asuntos. Hasta que el encuentro del pasado lunes con la ministra lo revivió. Periodistas preguntaron por el asunto a la ministra, quien redujo la comida al “ámbito personal”. Alegría tenía una estrecha relación con el ex alto cargo, la que le llevó a definirle como una persona “íntegra” cuando aún no había dimitido. Unas palabras que matizó posteriormente. “Se trata de una persona a la que conozco de hace muchos años y a la que no veía de hace aproximadamente medio año”, aseveró.
Gobierno y PSOE se contradicen
Fuentes del Gobierno afirmaron después de que no tenían ninguna constancia de ninguna acusación contra Salazar en los canales internos, por lo que no había en marcha investigación alguna. Una afirmación que choca frontalmente con la del PSOE, ya que fuentes del partido aseguran que sí la hay, aunque aún no hay conclusiones.
Esta incoherencia argumentativa tiene su base en que las denuncias iniciales de las mujeres presuntamente acosadas se hicieron mediante un medio de comunicación, eldiario.es. Lo que imposibilitaba que el partido iniciara las diligencias previas, al no constar ninguna en los canales internos de los protocolos anti acoso del partido. Por este motivo, el presidente Sánchez, en aras de situar a su gobierno y partido del lado de las denunciantes -y de su electorado femenino- pidió a las “a las compañeras víctimas” que, “cuando haya potenciales casos de agresión y acoso”, utilicen los “canales” internos de denuncia del PSOE. Y prometió que el Gobierno las arroparía: “Las vamos a proteger”.

Días después, una mujer sí presentó su denuncia a través del buzón de dichos canales, según publicó Elconfidencial. Y, pese a que en Moncloa aseveren que no hay investigación abierta, en Ferraz sí confirman la información del medio digital, aunque no informan de si hay registrados más casos “para garantizar precisamente la privacidad de las víctimas”.
Desde Ferraz explican que la investigación se encuentra abierta. La Oficina de la Unidad Contra el Acoso recibe las denuncias y las analiza. “Es una oficina garantista, y el proceso aún no está finalizado”, aseguran. “Es necesario que haya aún un cierre de conclusiones sobre ambas partes para que se envíe a la secretaría de Organización”, aseguran. “Y una vez terminado se enviará el informe a la Secretaría de Organización del partido”.
Las mujeres desconfían de que se preserve la confidencialidad
El presidente del Gobierno confirmó tras la dimisión de Salazar que el Comité Federal aprobará una “resolución de condena absoluta de cualquier declaración o acción machista” y reforzará “el protocolo de intervención contra el acoso sexual” para garantizar la “confidencialidad” y la protección a las denunciantes. Sin embargo, según ha podido saber este medio, las mujeres trabajadoras en Gobierno y partido no se sienten plenamente seguras de que se vaya a garantizar su confidencialidad. ¿Por qué?
Los pasos a seguir de la denunciante
Este medio tuvo acceso a los protocolos de acoso que se siguen en Presidencia y que se imparten en cursillos voluntarios. Para empezar, las unidades receptoras las formarán aquellas personas designadas por Recursos Humanos en cada departamento, del área de Presidencia, servicios centrales y de los periféricos, Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y los análogos de la Abogacía del Estado. Dichas personas elaborarán un listado de los asesores confidenciales designados en su respectivo ámbito, que podrá ser “cualquier empleado público que, tras recibir la formación necesaria, sea designado por la unidad responsable de la recepción de la comunicación de acoso”.

En los principios de actuación se enfatiza en la confidencialidad de la denunciante, y respeto a la presunción de inocencia de la persona acosadora, entre otros puntos. La víctima podrá presentar una solicitud de activación del protocolo a través del correo electrónico o buzón de correo postal. También se abre la vía a que la denuncia se haga mediante “comunicación verbal” a la asesoría confidencial.
Ésta, tras analizar la “verosimilitud, credibilidad y suficiencia de los hechos expuestos”, el informe se remitirá a las partes y a Recursos Humanos. Y la persona titular de la Subdirección General de Recursos Humanos o la persona titular de la Abogacía General del Estado “resolverá lo que proceda”.
En caso de estar en desacuerdo con el informe, la denunciante tendrá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. El comité de asesoramiento lo integrarán dos personas del Ministerio de Presidencia o de la Abogacía General del Estado, dos representantes del personal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, elegidos por los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Delegada del Ministerio. “¿Y si una de ellas conoce al denunciado y guarda relaciones de amistad o de interés profesional con él? ¿Será objetivo? ¿Quién elige a la asesoría de confidencialidad?” Se preguntan retóricamente las trabajadoras en conversación con este medio. “Puedes quedarte marcada para siempre”.


