El pasado 11 de junio, Rosa (nombre ficticio para proteger su identidad) sobrevivió al brutal ataque de su expareja gracias a la intervención de su hijo de 14 años. Según recoge el auto judicial al que ha tenido acceso Artículo14, el menor, cogió un “cuchillo de cocina de hoja de acero de 13 centímetros de longitud” para defender a su madre. Se lo clavó tres veces al hombre que tenía, por el cuello, agarrada a Rosa (n.f.). Estaba estrangulándola.
El documento judicial describe los hechos con claridad: “Inició una discusión con la misma, agarrándola del cuello y golpeándola, y el menor propinó varios golpes a X con la finalidad de que soltase a su madre y, al no lograr su propósito, le propinó tres puñaladas”.
Internado por defender a su madre
Ese mismo día, el menor fue ingresado en un centro de menores de Ciudad Real. El juez ordenó su “internamiento en régimen abierto”, imputado por un “presunto delito de lesiones con arma blanca”. Sin embargo, su defensa cuestiona la aplicación real de dicho régimen.
La abogada del menor, Sierra Redondo, ha presentado un recurso de apelación y ha solicitado también la revisión de la medida. “Se ha detectado que hay diferencia entre el régimen abierto que se dictó y las medidas que se están tomando. No es un régimen abierto, así que hemos pedido la modificación ante el Juzgado de Menores de esta medida a libertad vigilada”, explica.
Hasta esta semana, el menor no había podido recibir visitas como se especifica en un régimen abierto ni salir del centro, lo que en la práctica equivale a un régimen cerrado. “Las visitas que tiene la madre son contadísimas. Habla con el niño en llamadas muy breves, de unos ocho minutos cada una”, añade Redondo.
Intentó hablar con el maltratador y protegió a su hermana
Rosa relata con dolor cómo se desarrolló la agresión y, en consecuencia, los hechos: “Fue la última opción que él tuvo, porque realmente no era lo que él quería. Él no quiso actuar de esa manera. Antes de que sucediera eso, él habló, dijo, pidió, rogó que no siguiera con lo que estaba sucediendo… pero lamentablemente, (el agresor) estaba fuera de control y él se sintió obligado prácticamente a defenderme de esa manera”.
El menor, según el auto judicial, se enfrenta a su primer “expediente de reforma”. Nunca antes ha tenido antecedentes de “hostilidad “o “violencia” en el ámbito familiar o escolar.
Durante la agresión, también protegió a su hermana pequeña, de solo cuatro años, encerrándola en una habitación para evitar que presenciara o sufriera el ataque.
“Emocionalmente está muy decaído. Se siente como si estuviera pagando una culpa que no es suya. Lo único que él intentó, en su desesperación de ver esa escena, fue defender a su madre, es lo único que él quiso”, añade Rosa, quien también expresa su propia angustia: “Estoy muy mal porque siento que no es la medida que debieron tomar con mi hijo. Lo más justo, yo creo, hubiera sido la medida de libertad vigilada”.
Rosa entiende que se tengan que tomar medidas judiciales antes de ir a juicio, pero no comprende cómo un niño puede estar encerrado por defender a su madre de un ataque que podría haber sido mucho peor si no hubiera actuado.
El agresor tenía dos órdenes de busca y captura por violencia machista
El agresor, de 38 años, ya constaba en el Sistema VioGén de seguimientos de casos de violencia de género. Tenía en vigor dos órdenes de busca y captura: una por incumplir una condena de 15 años de prisión dictada por la Audiencia Nacional, y otra por quebrantar una orden de alejamiento respecto a Rosa (n.f.) concedida cuatro meses antes de los hechos.
Esta última nunca llegó a notificarse debido a que el hombre ya se encontraba en paradero desconocido.
La revictimización del menor
La Fiscalía de Menores de Ciudad Real mantiene, hasta el momento, su posición sobre la adopción de la medida de internamiento, considerando que la actuación del menor fue una “conducta desproporcionada”. No obstante, la defensa insiste en que el joven actuó en defensa de su madre y ha solicitado que se le aplique la libertad vigilada mientras se resuelve el proceso.
Desde colectivos como la Asamblea de Mujeres Feministas de Ciudad Real, se ha denunciado el caso como un ejemplo de revictimización institucional, al considerar que se está penalizando a un menor por haber actuado en un contexto de violencia extrema: “Puede entenderse como un castigo y puede ser contraproducente para la superación del episodio vivido”, advirtieron en un comunicado.
Mientras tanto, la familia continúa a la espera de una decisión judicial que permita al menor continuar el proceso en libertad y con apoyo psicológico hasta la celebración del juicio. La investigación continúa abierta.
