Cuatro asociaciones militares han reclamado en las últimas horas al Ministerio de Defensa que avance en el reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) pide que se le entregue el expediente del proyecto que, según indica, se está tramitando, mientras que ASFASPRO, AUME y UMT piden una reunión con la ministra, Margarita Robles.
ATME pide el expediente y participar en su elaboración
ATME ha exigido al Ministerio que entregue de forma urgente el expediente completo del proyecto para reconocer la profesión militar como profesión de riesgo, con la documentación y las propuestas normativas que se estén elaborando. Defensa no ha detallado públicamente el contenido de ese proyecto.
La asociación sostiene que, pese a formar parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, las asociaciones profesionales no están participando en el proceso. Sostiene que no tiene acceso al contenido del proyecto y reclama conocerlo, aportar propuestas y participar en su elaboración. ATME ha advertido de que, si el Ministerio presenta una propuesta cerrada sin incorporar sus reivindicaciones, emprenderá acciones reivindicativas y jurídicas.
Además, ha iniciado contactos con asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para coordinar futuras acciones. Según la entidad, que se define como la asociación mayoritaria de la escala de tropa y marinería, fue la única asociación militar que se sumó, el pasado 18 de abril, a la concentración conjunta con ambos cuerpos, que reunió, según sus datos, a más de 10.000 personas.
ASFASPRO, AUME y UMT piden una reunión con Robles
Por su parte, ASFASPRO, AUME y UMT aseguran que han transcurrido quince días desde que solicitaron formalmente una reunión con la ministra para abordar la declaración de la actividad militar como profesión de riesgo, sin haber recibido respuesta. En su comunicado conjunto afirman que más de 130.000 efectivos y sus familias están afectados por la ausencia de este reconocimiento.
Las tres asociaciones recuerdan la intervención de las Fuerzas Armadas en la pandemia de la COVID-19, el temporal Filomena, la erupción volcánica de La Palma, las inundaciones por DANA, los incendios forestales y la crisis migratoria de Ceuta, así como en misiones internacionales como la del Líbano y la evacuación de Irak.
El contexto: el encierro de Policía y Guardia Civil
Los pronunciamientos se producen después de que los representantes sindicales y de las asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil anunciaran un encierro “indefinido” en la Secretaría de Estado de Seguridad, tras comunicarles el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, que no reconocerá a los agentes como profesión de riesgo.
ASFASPRO, AUME y UMT expresan su “firme apoyo y solidaridad activa” a los policías y guardias civiles que permanecen encerrados. Según estas tres asociaciones, la mesa de negociación en Interior se dio por finalizada de forma anticipada por la convocatoria de elecciones generales, sin posibilidad de cerrar un acuerdo.
El punto de partida: la propuesta de marzo
El asunto lleva meses abierto. En marzo, el Ministerio de Defensa anunció que propondría iniciar los trámites para la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Las asociaciones sostienen que desde entonces no se aprecia un camino claro para que esa propuesta se concrete.