La Vuelta a España siempre ha sido un espectáculo deportivo, un desfile de esfuerzo y belleza paisajística que proyecta al mundo una España de montañas, playas y ciudades a golpe de pedal. Pero en esta edición la carrera ha dejado de girar en torno a puertos imposibles y cronos ajustadas: el pelotón ha chocado de frente con la política.
El detonante apareció en la línea de salida. La inscripción de un equipo israelí. Colectivos sociales y políticos denunciaron lo que llamaron sportswashing, el uso del deporte como escaparate para suavizar la imagen de un Estado cuestionado por su actuación en Oriente Medio. La organización, con Javier Guillén al frente, se escudó en la normativa de la UCI: no se puede excluir a un conjunto que cumple con todos los requisitos deportivos.
La propia escuadra, consciente del foco mediático, optó por un gesto silencioso: borró su nombre del maillot y lo sustituyó por una enigmática “P” acompañada de una estrella. Una forma de seguir pedaleando, aunque fuera con el uniforme despojado de su identidad original. “No es agradable que te insulten y te llamen asesino. Pero en ningún momento el equipo se ha planteado el abandono”, afirmó Óscar Guerrero, director del equipo israelí.
De la pancarta al asfalto
Lo que parecía un debate mediático pronto saltó a la carretera. Las pancartas pasaron de las plazas al recorrido y las consignas se escucharon por encima del murmullo del pelotón. En la contrarreloj por equipos, varios manifestantes interrumpieron directamente al Israel-Premier Tech; y en Bilbao, la etapa 11 terminó neutralizada a tres kilómetros de la meta tras una protesta pro-Palestina que hizo imposible continuar con seguridad. No hubo ganador oficial: la llegada se canceló.
En Galicia, la meta de la etapa 16 se adelantó ocho kilómetros por otra movilización masiva que incluyó cargas policiales. Y en Valladolid, la contrarreloj individual, prevista para 27 kilómetros, quedó reducida a 12,2, después de que dos personas intentaran saltar las vallas al paso de un corredor del Israel-Premier Tech.
La organización, presionada por razones de seguridad, se vio obligada a modificar etapas. Oficialmente, la de Valladolid se acortó por motivos técnicos para proteger a ciclistas y público; en la práctica, fue la consecuencia de un pulso político trasladado al calendario deportivo. De repente, el esfuerzo de meses de preparación de los equipos quedó condicionado por factores externos.
Los ciclistas, habitualmente reacios a pronunciarse más allá de lo deportivo, no pudieron escapar al contexto. Jonas Vingegaard, líder de la general, admitió que entendía el motivo de las protestas y calificó de “horrible” lo que ocurría en Oriente Medio. Sus palabras sorprendieron porque rompían con la neutralidad habitual del pelotón, aunque no convirtieron la carrera en una tribuna política. Otros corredores se limitaron a expresar preocupación por la seguridad y advirtieron que, si las condiciones empeoraban, podrían plantearse no continuar.
João Almeida, segundo en la clasificación y gran especialista en la lucha contra el crono, lamentó la reducción de la contrarreloj de Valladolid: “Nunca sabremos qué habría sucedido…”. El portugués dejaba entrever que los cambios de recorrido podían haber alterado el desenlace deportivo, aunque reconocía el contexto que obligó a esas modificaciones.
Declaraciones políticas: voces contrapuestas
Mientras el pelotón trataba de mantener la concentración, los políticos españoles entraban de lleno en la polémica. Isabel Díaz Ayuso denunció que las protestas habían “puesto en peligro la integridad de los corredores y dañado la imagen internacional de España”.
Habló de “manipulación torticera” y llegó a comparar los incidentes con los atentados de Múnich 1972. Al mismo tiempo, quiso mandar un mensaje de ánimo: “Por el deporte en libertad y sin politización. Todo el ánimo para estos últimos días. Sois un orgullo para España”.
El Gobierno, en cambio, adoptó otro tono. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, envió una carta al director de la Vuelta pidiendo reconsiderar la presencia del Israel-Premier Tech y cuestionando si era compatible con los valores de la competición. Pedro Sánchez, por su parte, anunció un decreto para legalizar un embargo total de armas a Israel, reforzando la lectura política de lo que sucedía en las cunetas.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue aún más explícito: aseguró que apoyaría un veto al equipo israelí. “Tenemos que enviar un mensaje claro de que las relaciones normales solo son posibles cuando se respetan los derechos humanos”, afirmó.
Desde Podemos, Ione Belarra denunció “represión” tras las investigaciones judiciales a activistas, mientras que Pablo Fernández fue identificado por la policía durante una protesta en Valladolid y acusó al Ministerio del Interior de limitar el derecho de manifestación.
Debate inevitable: deporte, seguridad y responsabilidad
El debate es inevitable: ¿Debe el deporte blindarse contra la política o aceptar que es inevitablemente un escenario de visibilidad? Quienes defienden la primera opción alegan que la pureza de la competición se erosiona cuando entra en juego la agenda ideológica; quienes abrazan la segunda sostienen que el deporte, precisamente por su proyección global, no puede desentenderse de la realidad que lo rodea.
El caso español, con etapas recortadas, maillots modificados y corredores opinando sobre asuntos internacionales, muestra lo difícil que es sostener la apariencia de neutralidad.
El recuerdo que quedará
La edición de 2025 se recordará tanto por los logros deportivos -las exhibiciones de Filippo Ganna contra el crono, la solidez de Vingegaard en la montaña, la pugna de Almeida y Ayuso por el podio- como por las sirenas policiales, las detenciones de manifestantes y las declaraciones políticas que convirtieron la carrera en un símbolo de algo mayor. Será la Vuelta en la que deporte y política dejaron de circular en paralelo para chocar de frente en plena carretera. Y aunque la meta final se dibuje en el Paseo de la Castellana, el desenlace simbólico va mucho más allá de Madrid.