El Gobierno ha puesto sobre la mesa una inversión de 13.590 millones de euros hasta el año 2030 para reforzar la red eléctrica española. La cifra supone un aumento del 65,7% respecto a la vigente planificación 2021-2026, de 8.203 millones de euros. Según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica (Miteco), Sara Aagesen, el proyecto permitirá modernizar las infraestructuras sin que se dispare la factura de los consumidores. En paralelo, este Departamento sacó a audiencia pública el nuevo Plan contra la pobreza energética, con el que busca blindar a los hogares más vulnerables para “garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía”.
13.590 millones y 422 nuevas conexiones
La nueva Propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030, presentada ayer por Aagesen, diseña la estrategia para los próximos cuatro años. El programa incluye ampliaciones y modificaciones que buscan dar respuesta al crecimiento de la demanda y cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. Según subrayó el Miteco en un comunicado, la planificación prevé atender 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte, multiplicando por 14 los 2GW previstos en el horizonte de 2026.
Al mismo tiempo, el plan alberga 422 ampliaciones de conexión. Estas se reparten entre red de transporte para nuevos consumidores (142), agentes especiales como Adif y puertos (84) , y apoyos a la red de distribución (196). El reparto de capacidad en la red de distribución será de 9 GW para proyectos industriales, 1,8 GW para desarrollos residenciales, 560 MW para electrificación ferroviaria, 1,2 GW para portuaria, 13,1 GW destinados a producción de hidrógeno verde y 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.
La iniciativa también plantea actuaciones de mejora en el 21% de la red, con nuevos ejes para cohesionar el territorio, especialmente en zonas rurales, y para reducir los vertidos de renovables al 3,3% a final de la década.
Límites de inversión y control a las compañías
Con este aumento del plan, el Gobierno proyecta que hasta 2030 se destinarán 3.600 millones de euros adicionales a la red de transporte y 7.700 millones a la distribución. Lo que supera los niveles del 0,065% y 0,13% del PIB previstos para los próximos años. En conjunto, estos nuevos topes representan un incremento del 62% respecto a los límites actuales de inversión. En este sentido, Sara Aagesen, manifestó que hasta un 15% de este esfuerzo extra podrá utilizarse para “atraer demanda”, tanto en zonas donde la red está saturada como en aquellas con capacidad disponible.
La iniciativa incorpora mecanismos de control. Las distribuidoras estarán obligadas a someter sus planes a consulta previa, publicar los proyectos aprobados y cumplir con porcentajes mínimos de ejecución. De lo contrario, perderán parte del volumen de inversión incremental asignado. El Miteco defiende que estas medidas buscan proteger a los consumidores y mantener precios competitivos, mientras se mejora la capacidad de la red. Así, Aagesen subraya que también contribuirán a “mantener el atractivo inversor de España”, asegurando que el país siga siendo un destino atractivo para nuevas inversiones en energía.
1.600.000 beneficiarios
En paralelo, la cartera de Aagesen lanzó un nuevo Plan con 12 medidas contra la pobreza energética. En esta línea, el Ejecutivo pretende aumentar el número de beneficiarios, que ya suman 1.600.000 tras ascender en 400.000 entre 2019 y 2024 con la primera estrategia.
Entre las principales novedades destaca la creación de un observatorio de pobreza energética, que permitirá publicar periódicamente indicadores clave y elaborar estudios que faciliten la toma de decisiones. También se refuerza la garantía de suministro para consumidores vulnerables y electrodependientes. Lo que asegura que no se interrumpa la electricidad por impagos, estableciendo mecanismos para reconexiones rápidas en caso de corte. El plan incorpora además medidas para proteger al consumidor frente a importes imprevistos en facturas, limitando los recargos y garantizando devoluciones inmediatas en caso de sobrecobro. Así, como acciones para reforzar los derechos del consumidor en la contratación de suministros y evitar prácticas comerciales abusivas.
Bono social
El paquete de medidas integra también estrategias para cerrar la brecha de cobertura del bono social, asegurar el consumo energético durante los episodios de altas temperaturas. Y desarrollar proyectos piloto de intervención exprés y rehabilitación energética en viviendas de hogares vulnerables. Además, el documento recoge la creación de comunidades energéticas orientadas a suministrar energía a quienes más lo necesitan. Y promueve una coordinación interadministrativa para optimizar la eficacia de las políticas.
Finalmente, el plan busca agregar la detección de situaciones de pobreza energética en el sistema de Atención Primaria de Salud. Con el fin de que los profesionales sanitarios sean capaces de identificar hogares en riesgo y derivarlos a recursos de apoyo. Con estas acciones, el Ejecutivo pretende combinar medidas preventivas, correctivas y estructurales para paliar la vulnerabilidad energética en España.
La inversión en transporte y distribución del Gobierno busca que la infraestructura aguante el creciente pulso de la demanda sin que la factura se dispare. Mientras, el nuevo plan contra la pobreza energética trata de blindar a 1,6 millones de consumidores frente a sobrecostes y episodios extremos de calor. La memoria del apagón del 28 de abril, que dejó sin luz a miles de hogares y empresas refuerza la urgencia de estas medidas. La modernización de la red y la extensión del bono social dibujan un horizonte donde se garantice la electricidad como un derecho.