Mientras la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales encontró el ‘no’ rotundo del Congreso de los Diputados de la mano de Vox, PP y Junts el pasado mes de septiembre, hay más de 120 mil mujeres que previsiblemente a inicios del próximo año verán su horario de trabajo reducido a 35 horas. Se trata de las primeras beneficiarias de esta medida que, junto a sus compañeros, suman cerca de 242.400 funcionarios de la Administración General del Estado (AGE).
El ajuste del horario marca un cambio relevante en la organización del trabajo dentro del sector público estatal. Pero reabre el debate sobre la posición ventajista del empleo público frente a las condiciones del resto de trabajadores del sector privado. No obstante, dentro de las instituciones públicas los cambios no son universales para todos los profesionales. Este nuevo ajuste no solo no contempla su aplicación formal entre el personal de las administraciones locales (594.000) o autonómicas (1.903.000), también excluye a las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (282.000) y de Justicia (14.845).
29 de enero
La aplicación de la medida no es una iniciativa aislada. La acción se enmarca en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, suscrito entre el Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales. Según informó en el día de ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Ministerio impulsará a partir del próximo mes de enero tanto la reducción de la jornada semanal a 35 horas como la regulación del teletrabajo en el ámbito de la AGE. Para ello, esta misma semana se ha constituido la Comisión de Seguimiento del acuerdo, integrada por el departamento que dirige Óscar López y los sindicatos firmantes -UGT, CCOO y Csif-.
En este contexto, Función Pública ha trasladado su intención de reunirse el próximo 29 de enero, con el objetivo de constituir los grupos de trabajo centrados en Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial (IA), Salud Laboral y Empleo Público, que darán continuidad al desarrollo del acuerdo marco. Por su parte, CSIF ha propuesto además la creación de tres nuevos grupos: Promoción Interna y Clasificación Profesional, Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y Derechos Laborales.
Una medida del siglo pasado
Pero esta, no es una reforma nueva. Desde finales del siglo pasado, varias administraciones públicas implementaron la jornada laboral de 35 horas semanales, aunque en la AGE nunca llegó a aplicarse. Los recortes derivados de la crisis financiera eliminaron la jornada reducida en los años inmediatos en todos los ámbitos de la administración. A su vez, la prohibición se mantuvo hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Desde ese momento, algunas comunidades autónomas han restablecido progresivamente la jornada de 35 horas.
En el caso de las corporaciones locales, la jornada reducida no está generalizada, aunque ya existen varios ayuntamientos que la han adoptado. Entre ellos destaca el Ayuntamiento de Barcelona, que el martes alcanzó un preacuerdo con las agrupaciones sindicales para establecer el nuevo tope horario sin obligatoriedad de trabajo en tardes.
Ahora, el ajuste del horario laboral no enfrentará dificultades en su implementación. Y se espera que se haga efectivo en el mes de febrero, tal y como reconoció en declaraciones a los medios el secretario de Administración del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez. Sin embargo, Álvarez no se atrevió a dar un plazo estimado para la puesta en marcha del teletrabajo. Y vaticina que requerirá de mayor tiempo, puesto que “el Gobierno no se ha comprometido a ninguna fecha“. Asimismo, de cara a la próxima reunión, el sindicato señaló entre sus prioridades la “actualización e igualación de las indemnizaciones por razón de servicio”.
La subida del 2,5% a los funcionarios
En paralelo, la cartera de Óscar López aseguró que los empleados de la AGE recibirán en diciembre el 2,5% del incremento salarial correspondiente a 2025, junto con los atrasos acumulados desde enero. Este abono se realizará a través de la nómina del último mes del año o mediante una paga extraordinaria.
El Ministerio espera que la mayoría de las comunidades autónomas también efectúen los pagos este mismo mes. Aunque algunas, como Madrid, Cantabria o Galicia, ya han reconocido que lo harán en la nómina de enero. La situación es similar para los trabajadores de corporaciones locales, donde muchas ya cerraron la nómina de diciembre. Y carecen de medios tecnológicos para efectuar un pago extraordinario. Por lo que recibirán los atrasos el mes posterior.
Con el objetivo de agilizar estos abonos pendientes y que sean percibidos cuanto antes por los empleados, Función Pública se ha reunido con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).