Durante décadas, miles de empleadas de hogar han sostenido casas ajenas mientras sus propios derechos quedaban a medio reconocer. Hoy, esa balanza empieza a inclinarse en su favor. El Estado ha dado un paso adelante que muchas profesionales domésticas llevaban años esperando. Por fin se tendrá en cuenta el trabajo realizado antes de que existiera la cotización por desempleo en el sector. Una medida que corrige una discriminación histórica y que abre la puerta a prestaciones que hasta ahora les eran inaccesibles.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha emitido una nueva instrucción que amplía los periodos computables para reconocer y calcular las prestaciones por desempleo y los subsidios por cotización de las empleadas de hogar.
De ahora en adelante, no solo se considerarán las cotizaciones realizadas desde el 1 de octubre de hace tres años -cuando el sector empezó a contribuir por desempleo-, sino también los seis años anteriores en los que la trabajadora hubiese estado dada de alta en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar sin derecho a esa cobertura.
“Protegemos a quienes han estado olvidadas”
En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que con la reforma “protegemos a quienes han estado olvidadas. Porque cuidar merece derechos”.
La decisión se enmarca en el cambio normativo iniciado en el décimo mes del año de 2022, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A partir de entonces, y diez años después de la integración del colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social, las trabajadoras del hogar pasaron a contar con la misma protección por desempleo y con el respaldo del Fondo de Garantía Salarial que el resto de asalariados. La cotización por estas contingencias supuso el primer gran avance. Ahora, el cambio de criterio del SEPE completa ese camino al reconocer también los periodos previos en los que no pudieron cotizar.
Subsidio para mayores de 52 años
Esta ampliación también se aplicará al subsidio para mayores de 52 años. Así, además de los periodos efectivamente cotizados por dicha contingencia a lo largo de su vida laboral, se incluirán las aportaciones acreditadas dentro de los seis años anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio durante los cuales haya permanecido de alta en el sistema. Sin embargo, la instrucción precisa que esta regla no será aplicable si la empleada de hogar contaba simultáneamente con otras cotizaciones por trabajos por cuenta ajena.
Así, el Ministerio de Trabajo, al que está adscrito el SEPE, subraya que con la medida “seguimos avanzando en la equiparación real de este colectivo”. Y añaden que la iniciativa “deja atrás la discriminación histórica sufrida”, tal y como se explicita en el Real Decreto-Ley 16/2022, que, no obstante, no fue negociado con los agentes sociales.
La mirada de los sindicatos
Con la nueva instrucción del SEPE, CCOO ha celebrado el avance hacia la equiparación efectiva. El sindicato destaca que esta decisión evita que las trabajadoras “tengan que continuar pleiteando para que se reconozcan sus derechos“. Un reclamo que la agrupación ha planteado en numerosas ocasiones, incluyendo el último Informe sobre Protección por Desempleo presentado el pasado mes de julio.
No obstante, el sindicato advierte que el reconocimiento de estos periodos de alta sin cotización no puede limitarse a un criterio administrativo. Y argumenta que este derecho debe consolidarse “mediante una modificación legal”. Por ello, CCOO insta al Ministerio de Trabajo a convocar a los interlocutores sociales para abordar las reformas necesarias que garanticen “plenamente la protección por desempleo de las empleadas de hogar”.
En paralelo a la iniciativa, el pasado viernes entró en vigor la nueva normativa sobre prevención de riesgos laborales para el personal doméstico. Aunque la cifra de personas empleadas en este sector ha ido descendiendo mes a mes y se situaba en 341 mil en octubre, las mujeres siguen representando el 95%. Y rozan las 327 mil. Con la nueva norma, cada hogar que cuente con una persona dedicada a estas tareas deberá garantizar su seguridad y salud e identificar los riesgos en el espacio de trabajo. Además de prevenir accidentes durante el desempeño de sus funciones diarias.
De no hacerlo, la cartera de Díaz ya ha puesto precio a las sanciones. La multa para los contratantes por vulnerar la normativa parte de los 2.451 euros, siempre que no existan agravantes. En caso contrario, las sanciones pueden alcanzar entre 24.000 y 49.180 euros, según la gravedad de la infracción.