En los hogares españoles, las labores de cuidado y limpieza adquieren desde ahora una nueva dimensión legal. Las empleadas domésticas, habitualmente mujeres y durante décadas relegadas a un discreto anonimato jurídico, verán ampliados los derechos que le corresponden como trabajadoras. Con la entrada en vigor del Real Decreto 893/2024, el trabajo en los hogares también contará con protección laboral. Por ello, a partir del 14 de noviembre de 2025, cada familia que cuente con a una persona para el desarrollo de estas tareas deberá velar por su seguridad y salud, identificar riesgos en el espacio de trabajo y prevenir accidentes durante el desempeño cotidiano de su actividad. Así, miles de trabajadoras encontrarán un marco legislativo para protegerlas.
De cara a esa fecha, los empleadores deberán haber completado, a través de la herramienta gratuita Prevención10.es -habilitada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y disponible en la web del Ministerio de Trabajo-, una evaluación de riesgos laborales en el hogar. Al mismo tiempo, estarán obligados a proporcionar los equipos de protección individual necesarios, si la actividad lo requiriera. Y a ofrecer información sobre las medidas de seguridad a emplear.
Además, deberán garantizar la vigilancia de la salud de sus empleados mediante reconocimientos médicos voluntarios. De este modo, se espera que la norma brinde un sistema de garantías que aspira a convertir el empleo doméstico en un entorno más seguro.
El trámite paso a paso
El proceso para cumplir con estas nuevas obligaciones resulta sencillo. A través de la propia plataforma, basta con acceder al apartado destinado al servicio doméstico y seleccionar la opción para iniciar el procedimiento. La guía integrada, denominada Evalua-t Hogar, se encarga de generar automáticamente toda la documentación necesaria. Desde la evaluación de riesgos hasta el plan preventivo y la información que debe entregarse a la trabajadora.
Una vez dentro, el empleador debe describir las características de la vivienda y las zonas en las que se realizan las tareas domésticas. Después, el sistema plantea un breve cuestionario que aborda aspectos cotidianos del trabajo en el hogar: el uso de productos de limpieza, la manipulación de herramientas, el levantamiento de cargas o la necesidad de utilizar escaleras, entre otros. Según las respuestas, la aplicación propone medidas concretas y adaptadas a cada situación. Como emplear guantes protectores, ventilar estancias o recurrir a escaleras de mano seguras.
Al finalizar el proceso, la plataforma genera tres documentos. La evaluación de riesgos, que identifica los peligros. La planificación preventiva, donde se detallan las medidas a adoptar y quién debe ejecutarlas. Y, por último, el escrito informativo para la persona empleada.
El 95% son mujeres
A diferencia de los centros de trabajo, el hogar es inviolable, y así, está recogido en el artículo 18 de la Constitución. Lo que impide que pueda entrar la Inspección de Trabajo, como sí ocurre en otros entornos laborales. Según los datos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España registró en octubre 341.428 personas en el régimen de Empleadas del Hogar.
La cifra refleja un marcado sesgo femenino. Más del 95,5% de quienes trabajan en el servicio doméstico son mujeres: 326.698 afiliadas. Frente a 14.708 hombres, que apenas representan el 4,5% del total.
La afiliación en mínimos
Pero al mayor número de regulaciones y procesos burocráticos que se han implementado en los últimos años, le está sucediendo una huida del alta en el trabajo. Tras el máximo alcanzado en mayo de 2016 –cuando se registraron 411.476 mujeres—, y pese a la recuperación posterior a la pandemia, la presencia femenina en este sistema continúa disminuyendo.
Si se compara con mayo de 2023, cuando había 363.934 afiliadas, la cifra actual supone un descenso de 37.235 trabajadoras, el equivalente a una caída del 10,23%. Y ya está en mínimos desde la gran regularización del 2012. Una de las hipótesis que planean sobre este retroceso apunta al efecto de las nuevas obligaciones para los empleadores. Lo que podría estar empujando parte del empleo fuera del sistema de la Seguridad Social, en uno de los sectores históricamente más expuestos al trabajo no regularizado.
Además, las trabajadoras domésticas también enfrentan problemas de cara a su jubilación. Por ello, algunos sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) reclaman que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) adapte sus criterios a la jurisprudencia europea para asegurar que las empleadas del hogar puedan computar todos sus periodos cotizados.
Faltan solo tres días para que los hogares con personal doméstico cumplan con las nuevas obligaciones. Sin embargo, la medida deja una incógnita sobre la mesa que solo podrá despejarse con el tiempo: si realmente servirá para proteger y dignificar a las empleadas del hogar, como pretende el Gobierno. O si, por el contrario, acabará empujando a más trabajadoras hacia la economía informal.