Comprar una entrada para un concierto por 30 euros parece razonable. El cartel promete, el recinto también, planazo asegurado. Sin embargo, a la hora de pagar aparecen 7 euros por gestión, 3 euros por impresión digital y 2 euros adicionales por pagar con tarjeta. Total 42 euros. El espectáculo aún no ha comenzado, pero ya se han llevado 12 sin tocar una sola nota. En el mundo de la inversión pasa algo parecido. Todo parece claro al principio, pero los costes reales se descubren más tarde.
Las comisiones no se perciben de forma directa. Se integran en el sistema. No envían alertas. No cambian el saldo de forma repentina. Sin embargo, están presentes en cada paso de una inversión. Algunas entidades cobran por custodiar valores, aunque no haya actividad. Otras aplican comisiones si no se realizan operaciones durante un periodo determinado. También existen comisiones de mantenimiento por tener una cuenta de valores abierta, incluso si no se utiliza.
El cambio de divisa también implica gastos. Comprar un activo en dólares desde una cuenta en euros activa una conversión automática. Esta operación puede llevar un recargo del 0,5% al 1%, según la entidad. No aparece como una línea de coste específica, pero se refleja en el tipo de cambio aplicado. Lo mismo ocurre en la venta. Si se compra y se vende en una divisa diferente, ese recargo se aplica dos veces.
En los fondos, los costes no siempre son visibles. Muchos fondos activos aplican comisiones de gestión superiores al 1,5% anual. Estas comisiones se descuentan de forma automática. No se cargan en cuenta, pero reducen la rentabilidad final. Si un fondo rinde un 5%, y su comisión es del 1,8%, la ganancia neta será notablemente menor. Si además existen comisiones de entrada, salida o éxito, la rentabilidad se ajusta aún más.
En el caso de las acciones, operar con un banco tradicional puede implicar un coste de entre 6 y 10 euros por operación. Con diez movimientos anuales, el gasto ya supera los 100 euros. Algunas entidades, además suman 60 euros al año por tener la cuenta abierta, lo que incrementa el total sin que haya una relación directa con la actividad del inversor.
Una cartera de 20.000 euros con un coste total del 2%, generará un gasto de 400 euros al año. En diez años, esta cifra acumulada asciende a 4.000 euros. En algunos casos, este coste se produce incluso sin beneficios. Los gastos operan de forma independiente al rendimiento. Por suerte, no todo funciona así.
Alternativas para reducir las comisiones para invertir de forma estructural.
Una de las primeras decisiones estratégicas pasa por la elección del intermediario. Algunas entidades bancarias siguen aplicando comisiones de custodia anuales que pueden alcanzar el 0,5% del valor de la cartera. Otras cobran por no operar, penalizando al usuario que mantiene una inversión pasiva. Frente a eso, plataformas como MyInvestor han eliminado la comisión de custodia en fondos y permiten operar sin mínimo de entrada en gestoras como Amundi, Vanguard o iShares.
La ventaja de estos gestores automatizados es doble. Primero, reducen al mínimo la intervención humana y con ello, los gastos. Segundo, eliminan errores comunes derivados de operar por impulso o reaccionar a las noticias del día. Además, suelen trabajar con productos fiscalmente eficientes, lo que permite ajustar la cartera sin que Hacienda se lleve su parte cada vez que se cambia de fondo.
Porque sí, la fiscalidad también importa. Los fondos de inversión domiciliados en España permiten traspasos entre productos sin tributar. Es decir, se puede mover el dinero de un fondo a otro sin pagar IRPF por las plusvalías, siempre que no se reembolse a cuenta bancaria. En cambio, con los ETF eso no ocurre. Cada venta genera una ganancia o pérdida patrimonial y se liquida en la declaración de la renta. Es un matiz importante que afecta directamente al bolsillo.
Otro aspecto relevante es la operativa. Una estrategia basada en compras y ventas frecuentes puede acumular comisiones de compraventa, spreads y costes indirectos que reducen la rentabilidad. En cambio, la inversión a largo plazo, con ajustes periódicos pero no constantes, permite limitar esos costes sin comprometer la diversificación.
¿Y cuál es el impacto real? Muchos de estos ajustes suponen una diferencia significativa a largo plazo. Una cartera de 10.000 euros con un coste total del 0,30% anual permite conservar más de 9.700 euros en cinco años con rentabilidad moderada. La misma cartera con un coste del 1,50% apenas alcanzaría los 9.250 euros.