La información pública sobre los avances en la investigación del accidente de Adamuz (Córdoba) sigue retrasándose. “Esta semana va a ser cuando vamos a empezar a tener ya pruebas más contundentes“, afirmó Íñigo Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en su única exposición pública el pasado 26 de enero. Desde entonces, transcurridas más de dos semanas, la CIAF no ha publicado ningún nuevo informe sobre la investigación.
Cabe recordar que un día después de la tragedia, el 19 de enero, este organismo publicó una primera nota sobre la investigación. Este documento se actualizó el 23 de enero apuntando a que el descarrilamiento del tren Iryo que invadió el carril contrario provocando el choque del Alvia, habría tenido su origen en una rotura del raíl. Este fallo se habría producido antes del paso del convoy siniestrado.
En una entrevista exclusiva con el Colegio de Ingeniero de Caminos, el experto confirmó la principal hipótesis: “Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura“.”Lo que sí que vamos a ver es porqué encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etc. La investigación va a ir mucho más allá de decir cual ha sido la causa”, añadió. Una línea de investigación que eleva la responsabilidad de Adif. No solo como gestor de la red, sino como último responsable del control de la seguridad. En este sentido, fuentes del sector ferroviario recuerdan la complejidad de estas investigaciones y advierten de que la CIAF probablemente estará recibiendo muchas presiones.
Un cese sin sustitución en la CIAF
En este contexto, con el foco político y mediático en el Ministerio de Transportes como último responsable de Adif, se produjo un movimiento que se ha interpretado como un cortafuegos para evitar que el accidente pueda salpicar más allá de Óscar Puente. La última difusión de la CIAF sobre las pesquisas que provocaron el accidente coincide en el tiempo con el cese de Avelino Castro López como miembro de la misma.
La salida de Castro, ex alto cargo de Correos, ha reducido el número de vocales de la citada Comisión de cinco a cuatro, sin que se haya explicado ni hasta la fecha se haya incorporado un sustituto. Castro ha sido una de las personas de confianza del actual presidente de Correos, José Manuel Serrano, una de las personas más próximas a Pedro Sánchez. En 2022, tras una fuerte presión sindical, Castro cesó como director de Estrategia del grupo postal, un cargo al que accedió desde la Dirección General de Correos Express. Posteriormente, se incorporó a esta comisión técnica tras su salida del Grupo Correos.
Este medio confirmó ayer que los vocales que forman parte del organismo son Adolfo Moreno (ex Renfe), Vicente Mendoza (ex Adif), Francisco Rincón (ex Adif) y José Ignacio Sánchez (ligado al sector privado, Sener y Sacyr). La función de secretario la ejerce Adolfo Váquez, que participa con voz pero sin voto.
Una independencia cuestionada
“Lo único que les puedo subrayar es que, para nosotros como Ministerio, nuestra labor es dar soporte logístico, por así decirlo, a sus requerimientos [en relación a la CIAF] y remitir toda la información que se nos solicite, cosa que en estos días estamos realizando con la mayor celeridad posible”, afirmó Óscar Puente, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la importante vinculación de sus miembros con el sector que deben investigar ha dado lugar a dos expedientes de infracción de la Comisión Europea contra España por su falta de independencia.
Ello a pesar de que la actuación de la CIAF en los accidentes ferroviarios tiene un carácter técnico. Es decir, determinar las circunstancias en las que se produjo el evento objeto de la investigación, sus causas probables y recomendaciones de seguridad. Según el Real Decreto 623/2014 que regula esta comisión, “en ningún caso la investigación tendrá como objetivo la determinación de la culpa o responsabilidad del accidente o incidente y será independiente de cualquier investigación judicial”.
A su vez, la CIAF se encuentra en una situación compleja ya que está desarrollando sus funciones de manera transitoria mientras se constituye formalmente la nueva Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil.
Retraso en la creación de la nueva Autoridad por la sede
El Gobierno lleva más de un año y medio incumpliendo su propia norma. Desde el pasado 22 de agosto de 2024, la investigación técnica de accidentes está regulada por la Ley 2/2024, que crea la nueva Autoridad. La legislación preveía un plazo de un año para su desarrollo reglamentario, a través de la aprobación de un Real Decreto. Este texto salió a consulta pública en marzo de 2025 y, desde entonces, permanece paralizado en su tramitación legislativa.
Un retraso que tiene su origen en la dificultad de llegar a un acuerdo sobre la ubicación de su sede, según fuentes conocedoras. Uno de los objetivos del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido la descentralización de organismos, un proceso que comenzó a principios de 2022 con el reto de “cohesionar al país” y revitalizar áreas despobladas”.
Un lugar con una alta conectividad
Sin embargo, frente a ese objetivo de descentralización, su ubicación fuera de Madrid es compleja. Como reconoce el propio Ejecutivo, la nueva Autoridad partirá de la estructura técnica que actualmente tienen las Comisiones de Investigación. Las tres comisiones tienen su sede social en Madrid. “De forma inmediata, solo su personal cuenta con la cualificación y experiencia profesional requeridas”.
A ellos se une que los investigadores técnicos tengan que desplazarse de forma inmediata a distintos puntos del territorio nacional (e incluso internacional). Es decir, se requiere una localización con facilidad de conexiones para desplazamientos ágiles. “Y con el menor número de transbordos posibles a los puntos en los que se pueda dar un accidente”, como admite el Ejecutivo.