Japón ha elegido por primera vez a una mujer como primera ministra. Sanae Takaichi, de 64 años, asumió el cargo el 21 de octubre de 2025 tras imponerse en el liderazgo del Partido Liberal Democrático (LDP). Sin embargo, su llegada al poder no ha despertado el entusiasmo que cabría esperar en un país donde la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente.
Japón ocupa el puesto 118 entre 148 países en el Índice Global de Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial, el más bajo entre las naciones del G7. El país se caracteriza por una profunda brecha en la representación política y en la participación de las mujeres en los espacios de poder. Menos del 16 % de los parlamentarios son mujeres y solo el 10 % de los ministros en el anterior gabinete lo eran.
La llegada de Takaichi rompe un techo de cristal, pero los datos evidencian que el camino hacia la igualdad aún es largo. Su propio gabinete, formado por 19 miembros, incluye únicamente a dos mujeres: Satsuki Katayama, la primera ministra de Finanzas en la historia de Japón, y Kimi Onoda, ministra de Seguridad Económica.
Dama de hierro
Takaichi ha construido su carrera dentro del ala más conservadora del LDP, cercana al fallecido exprimer ministro Shinzo Abe. Admiradora de Margaret Thatcher, se autodefine como una trabajadora incansable: “Voy a eliminar el término ‘equilibrio entre trabajo y vida personal’. Trabajaré y trabajaré y trabajaré y trabajaré”. Esta declaración ha generado inquietud entre quienes temen que perpetúe una cultura laboral que históricamente ha penalizado a las mujeres japonesas, forzadas a elegir entre la maternidad y el empleo.
En materia de igualdad, sus posturas son igualmente controvertidas. Takaichi se opone a la legalización del matrimonio igualitario y a la reforma de la ley que obliga a los matrimonios a compartir el mismo apellido, una norma que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Ella misma, sin embargo, ha mantenido su apellido profesional, una paradoja que no ha pasado desapercibida. “Podría destruir la estructura social basada en las unidades familiares”, afirmó años atrás para justificar su rechazo a esa reforma.
También defiende la ley que impide que las mujeres puedan acceder al trono imperial, argumentando que modificarla pondría en riesgo la continuidad histórica de la monarquía. Esta posición la distancia de la mayoría de la población japonesa, ya que encuestas recientes indican que el 90 % de los ciudadanos apoyaría permitir una emperatriz reinante.
El contexto de desigualdad estructural
El problema de fondo es que Japón mantiene un sistema social profundamente patriarcal. Las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del cuidado familiar y del trabajo doméstico, mientras los hombres dominan la política y las altas esferas empresariales. Según datos del Teikoku Databank, más de la mitad de las empresas japonesas tienen equipos directivos exclusivamente masculinos. Esta brecha no solo refleja desigualdad, sino también un modelo cultural arraigado en el que el liderazgo femenino sigue siendo la excepción.
La falta de compromiso institucional con la igualdad de género se ha hecho evidente en los últimos años. En 2025, el gobierno japonés incluso suspendió su financiación al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), después de que este organismo recomendara revisar la ley de sucesión imperial. La medida fue interpretada como una muestra de resistencia ante las presiones internacionales para avanzar en derechos de las mujeres.
La elección de Takaichi es una victoria simbólica para las mujeres, pero su historial sugiere que el cambio estructural no se dará.
La pregunta sigue abierta: ¿puede una líder conservadora impulsar la igualdad de género en un país profundamente machista? Los primeros gestos de Takaichi indican continuidad más que transformación. Pero su sola presencia en el cargo podría, al menos, eliminar las barreras psicológicas que han frenado la participación femenina en la vida pública japonesa.