La fiscal general Pam Bondi está en el ojo del huracán por su gestión de los archivos del polémico caso Jeffrey Epstein. Legisladores de ambos partidos acusan al Departamento de Justicia de no cumplir plenamente con una nueva ley que exige la divulgación de documentos relacionados con el delincuente sexual condenado. Amenazan a Bondi con presentar cargos contra ella por desacato. Su papel ha abierto un debate sobre la transparencia, la independencia institucional y la gestión de uno de los casos penales más explosivos de la historia reciente de Estados Unidos.
Ro Khanna, demócrata de California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, anunciaron sus planes de solicitar una resolución por desacato al Congreso contra Bondi. Su medida se produce tras el incumplimiento por parte del Departamento de Justicia del plazo de 30 días para publicar todos los archivos relacionados con Epstein, tal y como exige la legislación aprobada por el Congreso casi por unanimidad antes de ser promulgada por el presidente Donald Trump el mes pasado.
Un proceso de desacato
Aunque el Departamento ha publicado más de 100.000 páginas de documentos e imágenes, y durante la madrugada de este martes otros miles de archivos, muchos de los materiales siguen estando muy censurados. Khanna y Massie sostienen que las revelaciones no cumplen con lo que exige la ley. En declaraciones al programa Face the Nation de la CBS, Massie afirmó que la vía más directa para que se haga justicia a las víctimas de Epstein sería iniciar un proceso por desacato contra la fiscal general. Khanna declaró a The Washington Post que la Cámara de Representantes podría imponer multas diarias a Bondi si no se publican todos los documentos, sin pasar por el Senado.
“Nuestro objetivo no es derrocar a Bondi“, afirmó Khanna en declaraciones al Post. “Nuestro objetivo es conseguir los documentos para las supervivientes. Nuestro objetivo es derrocar a los hombres ricos y poderosos que fueron a la isla de las violaciones y encubrieron los abusos”.
En el centro de la disputa se encuentran las preocupaciones sobre lo que Khanna ha descrito como “ocultación selectiva” de documentos clave, entre ellos un borrador de la acusación federal de 60 cargos contra Epstein de 2007 y un memorándum de la fiscalía que lo acompaña. Epstein finalmente evitó los cargos federales ese año, declarándose culpable de dos delitos estatales y cumpliendo poco más de un año de cárcel.
You deserve to be impeached for this! pic.twitter.com/Ouc0Gdh8s3
— Unfiltered☢Boss (@Unfilteredboss1) December 20, 2025
El Departamento de Justicia ha declarado que necesita más tiempo para censurar el material sensible antes de publicar los archivos restantes. El principal asesor de Bondi, el fiscal general adjunto Todd Blanche, desestimó las amenazas de desacato o destitución, afirmando que el departamento está cumpliendo con la ley y acusando a los críticos de malinterpretar el proceso.
Los documentos eliminados
La polémica se agravó después de que The Washington Post informara de que más de 20 archivos publicados inicialmente en el sitio web del Departamento de Justicia fueron posteriormente eliminados sin explicación alguna. Entre ellos se encontraba una imagen digital que mostraba un cajón con fotografías, incluida una de Donald Trump posando con mujeres en bikini antes de su presidencia. El Departamento afirmó posteriormente que la imagen se había eliminado temporalmente tras surgir la preocupación de que pudiera mostrar a víctimas, y que se volvió a publicar sin cambios una vez que los funcionarios determinaron que no era así.
Blanche negó que las consideraciones políticas estuvieran influyendo en las censuras y afirmó en el programa Meet the Press de la NBC que “no estaba censurando información relacionada con el presidente Trump”. El magnate republicano, que tenía una amistad documentada con el pederasta antes de romper a mediados de la década de 2000, no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein.
"Transparency" pic.twitter.com/S9CuAFx1Ne
— Natalie F Danelishen (@Chesschick01) December 20, 2025
También, un documento de 119 páginas, se publicó inicialmente completamente censurado. Después, se difundió con algunas censuras. El testimonio incluía el relato de un agente del FBI sobre entrevistas con mujeres que afirmaban haber sido abusadas sexualmente por Epstein cuando eran menores, relatos que en gran medida coincidían con los testimonios escuchados en el juicio de Ghislaine Maxwell en 2021. Maxwell fue declarada culpable de tráfico sexual y condenada a 20 años de prisión.
Una investigación total
Políticos a ambos lados exigen una “investigación completa y exhaustiva” sobre por qué no se han presentado aún todos los documentos. Pero más allá del Capitolio, la reacción se ha extendido a la opinión pública, especialmente en las redes sociales. En una publicación del fin de semana en X, Bondi elogió lo que calificó como “la Administración más transparente de la historia de Estados Unidos”, refiriéndose a los esfuerzos por publicar los archivos relacionados con el intento de asesinato de Trump el año pasado.
President Trump is leading the most transparent administration in American history.
By moving to unseal these documents, we hope to give the American people more answers about that fateful day in Butler, Pennsylvania. https://t.co/v7iH9sfpiW
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 20, 2025
Sin embargo, muchos usuarios respondieron acusándola de ocultar información sobre Epstein. La frustración ha sido especialmente pronunciada entre algunos sectores de la propia base política de Trump, incluidas las comunidades en línea inmersas en narrativas conspirativas en torno a los delitos de Epstein y el espectro MAGA.
Las teorías conspirativas se expanden
Joe Uscinski, politólogo de la Universidad de Miami, aseguró a la BBC que la reacción refleja un cambio más amplio dentro de la coalición de Trump hacia un profundo escepticismo hacia las instituciones. Los abusos documentados de Epstein se han convertido en un terreno fértil para teorías conspirativas más amplias, en las que las censuras se interpretan no como garantías legales, sino como prueba de un encubrimiento.
Las dificultades de Bondi se producen en un contexto de críticas más amplias a su liderazgo en el Departamento de Justicia. La fiscal general ha defendido sus acciones como una corrección de lo que ella describe como interferencia partidista bajo la Administración Biden, pero sus detractores advierten que su enfoque corre el riesgo de transformar el Departamento de Justicia en una extensión del poder ejecutivo, reavivando las comparaciones con los abusos asociados a la era Nixon.
Por ahora, Bondi se mantiene en su cargo, respaldada por la Casa Blanca y altos funcionarios del Departamento. Pero con los legisladores bipartidistas amenazando con iniciar procedimientos por desacato, cuestiones sin resolver sobre censuras y eliminaciones, y la creciente indignación tanto entre las élites políticas como entre la ciudadanía, los archivos de Epstein se han convertido en una prueba decisiva para su mandato y para las afirmaciones de transparencia de la Administración.