Vietnam ha abolido la pena de muerte para ocho delitos mediante reformas legales que podrían salvarle la vida a una magnate del sector inmobiliario, encarcelada en el mayor caso de fraude financiero del país. Las reformas legales aprobadas esta semana en Vietnam eliminaron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos intentar derrocar al gobierno, dañar la infraestructura estatal, fabricar y vender medicamentos falsos, iniciar guerras, espionaje, tráfico de drogas, malversación de fondos y aceptar sobornos.
La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó esta modificación, que entrará en vigor el 1 de julio, y que representa un cambio radical en la política penal del país, tradicionalmente conocido por su sistema judicial implacable. Aunque no implica la abolición total de la pena capital, la medida sí reduce de manera sustancial su aplicación, y refleja una intención de ajustar el sistema a las demandas de la comunidad internacional.
Uno de los efectos inmediatos de esta reforma será la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua para todas aquellas personas ya condenadas. Truong My Lan, una prominente empresaria condenada a muerte en abril de 2024 por su participación en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país es de las grandes beneficiarias.
Lan, presidenta del conglomerado inmobiliario Van Thinh Phat, fue acusada de haber malversado más de 12 mil millones de dólares, una suma que equivale aproximadamente al 3% del PIB de Vietnam en 2022. Con la nueva ley, su sentencia pasará a ser cadena perpetua, con posibilidades de reducir la pena si coopera con las autoridades y devuelve parte de los fondos robados. Su defensa ya ha iniciado los procedimientos legales necesarios para acogerse a la ley.
La reforma ha sido interpretada por analistas como un paso hacia la modernización del sistema jurídico vietnamita, que busca alinearse parcialmente con las demandas globales de derechos humanos, aunque sin renunciar a su carácter autoritario. Desde 2016, Vietnam ya había retirado la pena de muerte para varios delitos económicos menores y de bajo impacto social.
Por ahora, se mantendrá la pena capital para crímenes considerados particularmente graves, como asesinato, terrorismo, traición y abuso sexual de menores. De este modo, el gobierno vietnamita intenta equilibrar la presión internacional con su narrativa interna de mantener la seguridad y el orden.
Aunque Vietnam realiza ejecuciones regularmente, el gobierno rara vez informa sobre el número de personas en el corredor de la muerte o sobre los detalles de los procedimientos legales. Esta falta de transparencia ha sido denunciada por oenegés como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que, aunque han elogiado la reforma como un avance, también han señalado que se requieren cambios más profundos.
En los últimos años, Vietnam -regido por una férrea doctrina comunista- ha llevado a cabo una intensa campaña anticorrupción, conocida popularmente como “la quema del horno”, para depurar a funcionarios y empresarios corruptos. Esta cruzada, encabezada por el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, ha derivado en numerosos arrestos y condenas, incluidos altos mandos de ministerios y grandes nombres del sector privado. La dureza de las sentencias ha sido celebrada por parte de la población, pero también generó dudas sobre el uso político del sistema judicial.
A pesar de la importancia del cambio, el debate sobre la pena de muerte en Vietnam está lejos de concluir. Mientras tanto, figuras como Truong My Lan y otros implicados en escándalos financieros, lograrán salvar el pellejo. El cambio de ley probablemente afectará otros juicios en curso, como el que comenzó a principios de esta semana y que involucra a la empresa de desarrollo inmobiliario y de infraestructura Phuc Son Group. Su presidente, Nguyen Van Hau, está acusado de pagar más de 5 millones de dólares en sobornos para ganar contratos para importantes proyectos de infraestructura en tres provincias.