El aumento del odio, las amenazas y el acoso contra mujeres políticas está empujando a muchas de ellas a abandonar la vida pública en Suecia, uno de los países tradicionalmente considerados líderes mundiales en igualdad de género. Así lo advirtió la Agencia Sueca para la Igualdad de Género, que calificó esta situación como “una gran amenaza para la democracia”, según informó The Guardian.
La alerta llega tras una serie de dimisiones y ataques que han puesto bajo el foco la seguridad de las mujeres en la política escandinava. El caso más reciente fue el de Anna-Karin Hatt, quien renunció en octubre a la dirección del Partido del Centro tras solo cinco meses en el cargo. En su discurso de dimisión, Hatt explicó que el odio y las amenazas constantes habían superado lo que podía soportar: “Sentir constantemente que tienes que mirar por encima del hombro y no sentirte completamente segura, ni siquiera en casa… me afecta mucho más de lo que pensé”, declaró.
La renuncia de Hatt se suma a una serie de incidentes que reflejan un deterioro del clima político en Suecia. Tres años antes, un hombre fue condenado por asesinar a Ing-Marie Wieselgren, coordinadora de psiquiatría para los municipios y regiones suecos, y por planear el asesinato de la entonces líder del Partido del Centro, Annie Lööf, durante un festival de democracia en la isla de Gotland. Lööf, quien también abandonó la política en 2022 tras recibir amenazas, expresó su comprensión por la decisión de su sucesora: “Entiendo la realidad que describe… sé cómo se siente”, dijo a The Guardian.
Según el medio británico, figuras públicas y analistas coinciden en que el ambiente político sueco se ha vuelto más hostil y polarizado. Esto, advierten, está generando autocensura en el debate público y afectando incluso el proceso legislativo.
“Un retroceso en igualdad”
Line Säll, jefa de análisis en la Agencia Sueca para la Igualdad de Género, advirtió que el clima actual “está asustando a muchos grupos” y provocando que muchas mujeres “piensen dos veces” antes de involucrarse en política. “Es un gran retroceso respecto a los objetivos de igualdad de género del gobierno y el parlamento, que establecen que las mujeres deben tener el mismo poder e influencia que los hombres sobre la sociedad y sus propias vidas”, afirmó al medio.
Säll añadió que muchas mujeres, especialmente las más jóvenes, sienten una “enorme vulnerabilidad” en el ejercicio de cargos públicos, lo que afecta tanto su desempeño como su vida privada. “Es una gran amenaza contra la democracia”, enfatizó.
Los datos del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Crimen refuerzan esa preocupación: el 26,3% de las representantes electas mujeres reportaron haber sido víctimas de amenazas o acoso durante el último año, frente al 23,6% de los hombres. En cuanto a la sensación de vulnerabilidad, la brecha es aún mayor: un 32,7% de las mujeres dijo sentirse en riesgo, frente al 24% de los hombres.
“Cada mujer amenazada representa un déficit democrático”
El impacto más grave, según la investigadora Sandra Håkansson, de la Universidad de Uppsala, es que muchas mujeres evitan pronunciarse sobre temas considerados “de alto riesgo”, como la inmigración. “Esto está teniendo un efecto paralizador en el debate público y, en última instancia, en la legislación”, explicó. Añadió que “la violencia está delimitando los márgenes del debate público”.
El acoso y las amenazas se han convertido en lo que Håkansson calificó como un “riesgo laboral” para las mujeres en política. Según la experta, la renuncia de Hatt “plantea muchas preocupaciones”. A ello se suma la vulnerabilidad derivada de las leyes de transparencia suecas, que permiten que los datos personales de los ciudadanos —incluidas las direcciones— sean accesibles en línea. Grupos criminales han utilizado esta información para cometer ataques con explosivos, lo que agrava el sentimiento de inseguridad.
Amineh Kakabaveh, ex diputada de origen kurdo-iraní, ha vivido esta realidad en carne propia y ha necesitado protección policial. En declaraciones a The Guardian, sostuvo que la creciente hostilidad política y la influencia de las redes sociales están en el centro del problema. “Dentro de las estructuras de poder hay partidos como los Demócratas de Suecia (de extrema derecha), que promueven valores tradicionales arraigados en una cultura históricamente dominada por hombres”, afirmó.
Kakabaveh añadió que, aunque no todas las políticas son blanco de ataques, “cada mujer que es amenazada representa un déficit democrático y un obstáculo para la igualdad de género por la que Suecia ha luchado durante muchos años”. Ella misma, como mujer con antecedentes migratorios, sufre ataques múltiples: “Enfrento ataques racistas, amenazas islamistas y amenazas de actores estatales extranjeros. Pero lo más importante es que no debemos permitir que nos silencien”.
Reacción del gobierno y organismos internacionales
La ministra de Igualdad de Género, Nina Larsson, reconoció que “cuando las mujeres son ahuyentadas de la política o silenciadas, tanto la democracia como el debate libre se dañan”. Llamó a promover un “cambio cultural claro” en los entornos digitales y exigió mayor responsabilidad a las plataformas de redes sociales: “Durante demasiado tiempo hemos aceptado violaciones en los entornos digitales”, declaró.
Larsson destacó que el gobierno ha fortalecido la protección de los funcionarios electos, pero admitió que “aún queda mucho por hacer, especialmente para proteger a las mujeres, que son más vulnerables que los hombres”.
El problema también ha sido reconocido a nivel internacional. En su informe más reciente, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa instó a Suecia a abordar el discurso de odio y reforzar la educación en valores democráticos. Aunque el organismo valoró avances como la creación del Museo del Holocausto y la penalización de la negación del mismo, advirtió que persisten “graves deficiencias” y emitió doce recomendaciones al gobierno sueco.
El caso sueco no es aislado. Como recordó The Guardian, un estudio de 2016 en 39 países reveló que cuatro de cada cinco parlamentarias habían sufrido violencia psicológica, y casi la mitad recibió amenazas de muerte, violación o secuestro. En Europa, un informe de 2024 del Consejo de Municipios y Regiones Europeas concluyó que siete de cada diez mujeres políticas han sufrido acoso o abuso.