Casi uno de cada cuatro gobiernos de todo el mundo informó de una reacción contra los derechos de las mujeres, según denuncia ONU Mujeres. La vuelta atrás se extiende por todos los continentes y sistemas políticos, y se manifiesta en retrocesos legislativos, debilitamiento de las protecciones y disminución de la voluntad política. Desde Estados Unidos hasta Argentina, así como Letonia, miembro de la UE, los retrocesos revelan una resistencia creciente y coordinada a los derechos de las mujeres que, según los analistas, no se ha visto en décadas.
ONU Mujeres advierte de que la discriminación contra las mujeres y las niñas aumenta, mientras que los marcos jurídicos destinados a protegerlas se estancan o erosionan. A pesar de décadas de defensa, la violencia sigue siendo una realidad cotidiana: cada 10 minutos, una mujer o una niña es asesinada por su pareja o un miembro de su familia. Las tecnologías digitales han agravado el problema, difundiendo estereotipos misóginos a gran escala y dejando a las mujeres aún más rezagadas en cuanto a acceso, habilidades y seguridad.
Los reveses se producen en un contexto de conflictos bélicos, crisis y tensiones económicas. En la última década, el número de mujeres y niñas que viven en zonas de conflicto ha aumentado en un 50%. Las crisis mundiales -desde la pandemia hasta el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles- han agravado las vulnerabilidades, mientras que las defensoras de los derechos de las mujeres se enfrentan a un aumento del acoso, los ataques personales e incluso los asesinatos. “Cuando las mujeres y las niñas pueden progresar, todos prosperamos”, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. “Sin embargo, a nivel mundial, los derechos humanos de las mujeres están siendo atacados. En lugar de integrar la igualdad de derechos, estamos asistiendo a la integración de la misoginia“.
Las libertades de las mujeres
Esta polarización está configurando cada vez más el panorama internacional. Solo 31 países han firmado una reciente declaración mundial en París en la que se comprometen a contrarrestar la reacción negativa y defender las normas internacionales de los derechos de las mujeres. Por el contrario, una declaración rival, la Declaración de Consenso de Ginebra, creada en 2020, ya tiene 40 signatarios, entre ellos Estados Unidos y Rusia. Un documento que se define a sí mismo como una defensa de “la salud de la mujer” y “la familia”, pero su objetivo principal es oponerse al aborto y promover normas sociales conservadoras. Las dos declaraciones revelan un mundo dividido en bandos opuestos: uno que defiende los derechos humanos, la cooperación multilateral y la igualdad de género, y otro alineado en torno a los “valores familiares”, un término que, según los críticos, sirve de tapadera para políticas que restringen las libertades de las mujeres.
Detrás de este reajuste global se encuentra un movimiento poderoso y cada vez más profesionalizado. Neil Datta, fundador del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), lleva dos décadas siguiendo de cerca la corriente antigénero. Describe la transformación como “profunda”. Hace una década, todavía se veía a activistas antiaborto protestando frente a las clínicas. Hoy, sus sucesores visten traje, tienen títulos en Derecho y Ciencias Políticas y presionan dentro de los parlamentos con tanta sofisticación como los defensores de los derechos humanos. “Durante los últimos 25 y 30 años ha habido progreso en los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. Antes, los activistas de derechos humanos eran los únicos que sabían cómo funcionaba el sistema”, declaró Datta a Artículo14 durante un encuentro en París. “Ahora, la parte contraria lo sabe igual de bien. Tienen aliados dentro”, expresa.
Una financiación millonaria
Datta remonta el auge actual de la regresión a 2013, cuando varios países de Europa occidental decidieron legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Prácticamente a la par, surgió en Europa del Este una ola de campañas coordinadas en defensa del “matrimonio tradicional”, presentadas como movimientos populares pero con claros indicios de planificación internacional. Su investigación muestra que la financiación de los movimientos antigénero en Europa se duplicó entre 2019 y 2023, alcanzando casi los 1.200 millones de dólares. El mayor contribuyente estatal es Rusia mientras que las mayores fuentes de financiación privada provienen de la derecha cristiana estadounidense. El dinero suele fluir a través de think tanks y fundaciones filantrópicas con nombres que suenan neutrales, muchos de los cuales incluyen la palabra “familia”. En España, Datta destacó las campañas y los tentáculos de la organización HazteOír.
Datta también ahondó en el impacto fundamental de la pandemia de coronavirus, que, según él, aceleró la reacción negativa. Los confinamientos reforzaron las redes de educación en el hogar que promovían narrativas que afirmaban que la educación pública adoctrinaba a los niños con ideologías de izquierda. El sentimiento antivacunas se fusionó con la retórica anticientífica y antiglobalista, dirigiéndose contra instituciones como la ONU y la OMS. Mientras tanto, las organizaciones progresistas, que se enfrentaban a severos recortes de financiación, luchaban por contrarrestar la avalancha de desinformación en línea. “Todos consumimos demasiadas redes sociales durante la pandemia”, reconoce Datta, señalando que los movimientos de extrema derecha desarrollaron sofisticadas estrategias de comunicación digital tras décadas de exclusión de los medios de comunicación convencionales. Ahora, su dominio de la creación de narrativas en línea se ha convertido en una ventaja decisiva.
El camino hacia la manosfera
Una de las consecuencias es la aparición de canales de radicalización que llegan al público a través de intereses inocuos -fitness, cocina, videojuegos, incluso jardinería- antes de guiar a los usuarios hacia contenidos antifeministas o cargados de conspiraciones. Estos canales afectan especialmente a los jóvenes, cuyas experiencias en línea moldean su identidad política mucho antes de que se involucren en la vida cívica formal. Contrariamente a los estereotipos, Datta señala que muchas mujeres jóvenes participan ahora de forma visible en el activismo antifeminista. “Es demasiado simplista decir que se trata de hombres blancos mayores”, indica el experto. “Muchas mujeres jóvenes encuentran su lugar en los sistemas patriarcales”.
Las consecuencias políticas son considerables. El Convenio de Estambul sobre la prevención de la violencia de género, que antes se consideraba intocable e indiscutible, se ha convertido en un punto álgido. Este mismo mes, el Parlamento letón ha aprobado retirarse del tratado internacional.
El peor año para la igualdad de género
Estos acontecimientos se producen en paralelo a un colapso de la financiación mundial para la igualdad de género y los derechos reproductivos. Datta describe 2025 directamente como “el peor año que he visto nunca. Ha sido un año apocalíptico”. Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el desmantelamiento de USAID, históricamente el mayor financiador del desarrollo mundial, ha dejado enormes lagunas. Los países europeos han redirigido sus presupuestos hacia la industria de la defensa en respuesta a la invasión rusa, recortando la financiación para el desarrollo justo cuando las necesidades se disparan. Las agencias de la ONU, informan de graves limitaciones, incluso cuando la demanda de servicios crece.
El efecto acumulativo es lo que Datta denomina un “triple desastre”: un terremoto de recortes presupuestarios, una tormenta de legislación regresiva y “bárbaros a las puertas” en forma de organizaciones antigénero cada vez más influyentes. Estos movimientos también obtienen respaldo geopolítico. Una investigación de la UE reveló que un tercio de la desinformación sobre LGTBIQ+ que circula dentro del bloque proviene de fuentes rusas. El género y la sexualidad se han convertido en instrumentos de guerra geopolítica, utilizados para sembrar la división social en los países objetivo y socavar la confianza en los marcos internacionales de derechos humanos.
Ya hasta piden el fin del sufragio femenino
Recientemente, algunos grupos extremistas en Estados Unidos han llegado a argumentar que las mujeres deberían perder el derecho al voto, posiciones que siguen siendo marginales, pero que son cada vez más visibles en internet. Datta afirma que no se puede contar con los políticos convencionales como salvaguarda. Señala a Trump, quien, a pesar de no oponerse personalmente al aborto, nombró a jueces del Tribunal Supremo que anularon la sentencia Roe contra Wade. “Es irrelevante si los políticos realmente creen en estas cosas o no”, asevera. “Necesitan devolver algo a los movimientos que los llevan al poder”.
“No se trata de un movimiento marginal”, subraya Datta. “Tenemos que vigilar con quién se alinean nuestros políticos. Tenemos que tomarnos esto en serio“, alerta el experto.