Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, se reconoce como “hija de la migración”: nació en Inglaterra porque sus padres emigraron desde las islas con contrato de trabajo. Desde esa experiencia personal defiende que España y Europa deben abrir vías seguras para la llegada de migrantes.
En la entrevista reclama al Estado que cumpla con la financiación comprometida —los 100 millones anunciados solo alcanzan hasta primeros de año— y subraya la urgencia de activar los traslados de los más de 5.000 menores que acoge el archipiélago, muchos de ellos marcados por la pérdida de sus padres en el mar. Delgado critica además que Pedro Sánchez haya delegado en el presidente canario, Fernando Clavijo, la labor de negociar con las autonomías e incluso con los partidos del arco parlamentario un reparto que, a su juicio, correspondía liderar al Gobierno central.
Pregunta. Usted suele insistir en que la situación de los menores migrantes no es un problema coyuntural. ¿Por qué?
Respuesta. Porque la población española cada vez es más envejecida y las tasas de natalidad son bajas. El problema de mano de obra ya lo tenemos hoy, pero dentro de cinco o diez años será aún mayor. Si queremos mantener el sistema de bienestar social en España, alguien tendrá que pagar las pensiones cuando se jubile la generación del baby boom, entre la que me encuentro. Europa, y el primer mundo en general, van a necesitar a las personas del llamado tercer mundo. La cuestión es cómo: si con vías seguras de llegada o dejando que sigan muriendo en el mar.
Usted misma habla desde una experiencia personal.
Sí. Soy hija de la migración. Nací en Inglaterra porque mis padres salieron de Canarias con un contrato de trabajo. Igual que ellos, miles de españoles fueron reclamados por países como Alemania o el Reino Unido en los años sesenta y setenta. En mi familia pasó lo mismo: de mis 35 primos, ninguno nació en Canarias, todos nacimos fuera porque nuestros padres emigraron por motivos laborales. Y siempre fue con contrato, con papeles, de manera ordenada. Esa es la diferencia con lo que estamos viviendo ahora: aquellos movimientos contaban con cauces legales y seguros; hoy, a quienes intentan llegar se les niegan esas vías y acaban arriesgando la vida en el mar.
En este debate usted denuncia la existencia de prejuicios.
Sí, y es evidente. No se trata solo de números ni de recursos, sino de percepciones sociales y políticas. Cuando llegaron los ucranianos huyendo de la invasión rusa, lo hicieron en cifras mucho más altas: el doble o incluso el triple de niños de los que hoy están en Canarias. Y no hubo ningún problema. Las comunidades autónomas los acogieron, hicieron acuerdos propios, destinaron fondos propios y siguen manteniéndolos sin dinero del Estado. Con los menores africanos, en cambio, todo se complica. Hay prejuicios claros: no es lo mismo cuando emigran blancos que cuando emigran negros.
¿Cuál es, a su juicio, la raíz del conflicto actual con las comunidades autónomas?
El dinero. Yo le achaco al Gobierno central que no haya tenido suficiente mano izquierda para negociar, pero también a las comunidades autónomas les ha faltado solidaridad. En el fondo todo se reduce a una cuestión económica: quién asume el coste de mantener a esos niños hasta que cumplen la mayoría de edad. Lo que hace falta es poner los recursos necesarios y, además, crear mecanismos que permitan declarar la emergencia migratoria a nivel nacional. Eso nos daría la posibilidad de contratar con rapidez plazas y servicios. Si en Canarias hubiéramos tenido que seguir la Ley de Contratos, todavía no habríamos abierto ningún centro, porque el procedimiento es muy largo.
¿Con qué fondos están trabajando ahora mismo?
Con los nuestros. Canarias ha tenido que afrontar esta situación prácticamente sola. El esfuerzo económico ha sido enorme y lo seguimos asumiendo. Estamos al día con las entidades sociales, pero a costa de habilitar créditos propios de la comunidad autónoma. Mientras tanto, el Estado nos debe más de 190 millones de euros: los fondos del año pasado no han llegado y los de este tampoco. Hemos cumplido, pero con un sobreesfuerzo que no es justo ni sostenible en el tiempo.
¿Ese esfuerzo ha repercutido en otros servicios sociales de Canarias?
No hemos desatendido otros servicios, pero sí hemos tenido que reorganizar recursos. No hemos quitado dinero a residencias de mayores ni a la dependencia. Lo que ocurre es que en la legislatura anterior hubo proyectos que no se ejecutaron, y ahora los estamos resolviendo con fondos europeos y con un nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias. Es decir, hemos cubierto la acogida de los menores sin dejar de lado lo que ya estaba comprometido, pero a costa de buscar alternativas financieras.
¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad canaria?
En general, Canarias ha mostrado muy poco rechazo. Hemos tenido casos aislados, como ocurre en cualquier sociedad, pero no ha sido una reacción mayoritaria. Las dificultades más serias en los centros no tienen que ver con la convivencia, sino con la situación personal de muchos de estos niños y niñas. Hablamos de menores que arrastran traumas muy graves: algunos llegan con cuatro o cinco años y no es que hayan viajado solos, es que en la travesía han perdido a sus padres. Otros han presenciado muertes o han sufrido violencia extrema antes de llegar a nuestras costas. Son chicos y chicas que vienen rotos, con secuelas psicológicas evidentes, y eso explica buena parte de los episodios complicados que hemos tenido que gestionar. A pesar de todo, la sociedad canaria ha mostrado una gran capacidad de acogida y empatía hacia ellos.
¿Qué papel está jugando el tejido económico y empresarial canario?
Nos dice con claridad que necesita mano de obra. El sector pesquero está formando a 25 chicos senegaleses. En hostelería hemos firmado convenios con cadenas como Meliá o Barceló y con la Confederación Canaria de Empresarios para dar formación y empleo en hoteles. Estos jóvenes están dispuestos, y muchos traen oficios de sus países: pesca, agricultura, construcción. Darles una oportunidad es justo y también inteligente desde el punto de vista económico.
¿Qué impacto tienen los centros de acogida en los municipios?
Muy importante. No solo son un recurso de atención, también generan empleo y arraigo. Desde el principio di la orden de que el personal contratado debía ser del propio municipio o, como máximo, de la comarca. En El Hierro, por ejemplo, hoy tenemos 97 personas contratadas en los centros. La alimentación la suministran restaurantes de la isla. Eso significa que la acogida también refuerza la economía local. En algunos pueblos, además, abrir un centro ha evitado el cierre de la escuela porque ha permitido mantener el número de alumnos.
Usted afirma que esto es un problema de Estado. ¿Por qué?
Porque Canarias tiene capacidad para 737 menores y está atendiendo a más de 5.000. No podemos hacerlo solos. Por nuestra situación geográfica somos frontera sur de Europa. Y hay una ley en vigor: se modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un procedimiento claro. Lo que toca ahora es cumplirlo.
¿Cómo interpreta la posición del Partido Popular en esta crisis?
El PP había firmado con nosotros acuerdos en materia migratoria. Incluso Feijóo rubricó un documento que recogía la modificación de la Ley de Extranjería, lo mismo que reclamaban otras comunidades autónomas. Pero en las comunidades donde gobiernan con Vox, ese acuerdo se les hizo cuesta arriba. No pudieron sostenerlo y optaron por tensar la cuerda. Al final, por miedo a perder esos gobiernos autonómicos, han endurecido su discurso migratorio.
¿Quién ha asumido realmente la tarea de buscar acuerdos políticos para que este reparto salga adelante?
Esa labor la ha hecho nuestro presidente, Fernando Clavijo. Ha sido él quien se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, incluso con comunidades como Cataluña y el País Vasco, que ya han manifestado su disposición a acoger menores aunque por cuota no les correspondiera. También ha hablado con Andalucía y con otras autonomías. Ese trabajo de diálogo y de negociación correspondía al presidente del Gobierno de España, pero, en la práctica, ha sido el presidente de Canarias quien lo ha realizado.
Centrémonos en los traslados. ¿Qué debe ocurrir ahora?
Que el Estado declare ya la contingencia migratoria en Canarias y en Ceuta, y que empiecen los traslados. Una vez que el mecanismo esté engrasado, puede estar operativo en tres semanas. Esa declaración es urgente para iniciar los expedientes y las derivaciones.
¿Se tendrá en cuenta la voluntad de los menores?
Sí. El Real Decreto-ley establece que hay que escuchar a los niños y niñas. Muchos tienen familiares o conocidos en la península y quieren ir allí. Hemos hecho ya reagrupaciones: en un caso reciente localizamos a un padre en Francia, se hizo la prueba de ADN y se formalizó. Es un proceso largo, porque interviene la Fiscalía, pero se está haciendo.
¿Qué sucede con los que cumplen 18 años durante este proceso?
Ahí entramos en una situación delicada. Lo que hacemos es entrevistas individualizadas para valorar cada caso. Muchos ya están en programas formativos gracias a convenios que hemos firmado con la Confederación Canaria de Empresarios. Otros se han integrado en clubes deportivos —fútbol, baloncesto, lucha canaria— y los propios entrenadores y presidentes nos piden que no se los llevemos en mitad de la temporada. No se trata solo de darles techo y comida, se trata de darles un proyecto de vida, y eso requiere continuidad.
Varias comunidades han expresado desconfianza hacia este decreto. ¿Por qué?
Por financiación. El Estado debe garantizar que el dinero llegue. Canarias reclamó al Consejo de ministros 157 millones de euros y solo se han transferido 50. Ahora se han puesto sobre la mesa 100 millones más, pero eso apenas sirve para cubrir la acogida hasta primeros de año. Si una comunidad tiene capacidad para 737 menores, lo que exceda por contingencia debe asumirlo el Estado. Esa seguridad es la que piden también Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Cataluña o el País Vasco. Lo que falta es un plan nacional de migraciones.
Más allá de las cifras y de la disputa política, ¿qué es lo que realmente está en juego en este debate?
Lo esencial es recordar que estamos hablando de niños y niñas, no de cifras ni de trámites administrativos. Muchos de ellos han visto morir a sus padres en la travesía, han quedado solos en mitad del mar o han sufrido experiencias traumáticas antes de llegar. Aquí necesitan lo más básico: aprender el idioma, tener acceso a la escuela, recibir cuidados y sentirse protegidos. De lo contrario, no podremos garantizarles un futuro ni una verdadera integración. Eso es lo que está en juego con los traslados: la posibilidad de que estos menores, que han llegado rotos, puedan reconstruir sus vidas en condiciones dignas.