No hay indicios de nuevas rupturas en el horizonte, pero los socios parlamentarios del Gobierno empiezan a dar nuevas muestras de su hartazgo. Hasta el punto de citar el ejemplo de julio, después del estallido del caso Santos Cerdán, como baremo.
La comparecencia de Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso, este miércoles, sirvió al presidente para contraponer modelo con el PP y con las comunidades autónomas que gestiona, pero no se tradujo en nuevos anuncios o avances que sus aliados parlamentarios puedan reivindicar.
Fue una ofensiva a apenas un mes y diez días de las elecciones extremeñas, con un Sánchez en modo electoral, según distintas formaciones del arco parlamentario.
El contexto estaba marcado también por la discreta negociación de la senda de déficit y el techo de gasto, que previsiblemente llegarán al Consejo de Ministros del próximo martes, para aterrizar en la Cámara Baja en un par de semanas, sin los apoyos garantizados.
Y Sánchez no sólo no ha hecho nuevas concesiones a sus socios. También ha pasado de puntillas por la ruptura con Junts, el elefante en la habitación, así como por los casos de corrupción. Además, se ha permitido considerar una “mala estrategia” el “juego” de su socio de coalición, Sumar, de “parecer no estar en el Gobierno”.
El jefe del Ejecutivo despejaba así la petición de la portavoz parlamentaria del grupo de Yolanda Díaz, Verónica Martínez Barbero, que denunció que su socio lleva un mes ignorando su propuesta de un decreto ley para intervenir el mercado de la vivienda. Barbero, que deslizó hace semanas que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, debería dimitir por su inacción -fue desautorizada de inmediato por varios ministros de Sumar-, vio cómo sus exigencias caían en saco roto.
Como ella, partidos tan distintos como el PNV, EH Bildu o el BNG, reclamaron al Ejecutivo que actúe ya nivel legislativo, y que lo haga cuanto antes. Si Sumar pidió el martes que Sánchez lleve al Congreso su hoja de ruta tras el portazo de Carles Puigdemont, el resto de aliados requieren de cambios para seguir avalándole. Podemos directamente pide “empezar de cero” al presidente, y reclama un plan para “para reventar a la derecha”.
“Hemos pasado de estar camino de la UCI en julio a la agonía ahora. ¿A dónde y cómo vamos? Ya no vale solo con resistir, con manual o sin él, debe construir confianzas para que la legislatura tenga sentido”, exigió la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.
“Se está conformando una mayoría de derechas contra la clase trabajadora e intereses de nuestros pueblos. La legislatura está en un momento crítico”, alertó Mertxe Aizpurua (EH Bildu). Por eso, entiende que la “responsabilidad” del presidente “es dotar de un propósito a esta legislatura, para evitar la inacción”. El diputado Néstor Rego, del BNG, aseguró que “nunca” facilitará un gobierno de las “derechas ultras”, aunque puntualizó que su respaldo “no implica un cheque en blanco”.
ERC, enemigo íntimo de Junts per Catalunya, acusó a Junts de utilizar a Catalunya “como un negocio” (Gabriel Rufián), y de sembrar el terreno para una moción de ensura. Fuentes del partido republicano asimilaban las llamadas de atención del resto de aliados a Sánchez con las que ya han proferido en el pasado. “Resuenan aún más por la fantochada de Junts”. Se quedaban solos con esta interpretación.
El Gobierno intenta rebajar la gravedad de las amenazas de Junts
Además de la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desde el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, en el Gobierno tuvieron que tragar con el sapo de los golpes de Junts. Su portavoz, Miriam Nogueras, tildó de “cínico” a Sánchez, y manifestó que la relación entre su partido y la coalición “se ha acabado”.
Fuentes de Moncloa aseguraron que los independentistas catalanes se mostraron “tan duros” como se podía esperar. Rechazaron valorar el listado de incumplimientos recitado por Nogueras: “Claro que nos hemos dado por enterados”, aseguraron, insistiendo en que seguirán llevando iniciativas al Congreso para su debate y tramitación. Aunque, sin Junts, los números no salgan.
Por no aclarar, evitaron anticipar el resultado de la votación de las enmiendas a la ley de Movilidad Sostenible, prevista para este jueves. Entre ellas se incluye la extensión del ciclo de vida de algunas centrales nucleares, y hoy dicen no tener claro qué hará Junts en el pleno. Su voto es clave para que las enmiendas prosperen o se estrellen. Anteriormente ha votado con el PP para derrotar al Ejecutivo ante iniciativas simbólicas sobre esta materia.
La incomodidad de Sumar y de los aliados de izquierdas es evidente, pero el PSOE insisten en no adelantar pantallas. También en las filas de Díaz se agarran a que, de momento, los independentistas catalanes han plasmado su enfado en el “tono” empleado este miércoles, y repiten que aún está por ver qué botón presionarán en la votación.
Según el ala socialista del Gobierno, y pese a ir en la línea contraria a su hoja de ruta energética, una nueva derrota con estas enmiendas sería “políticamente” poco importante.
Por contraargumentar, en Moncloa llegan a restar importancia a que Sánchez compareciera ante la Cámara sin recurrir a sus ya habituales anuncios. Esto es, sin gasolina política para alimentar el motor de sus alianzas parlamentarias. “No tiene porqué haber anuncios”. “Viene a contraponer ideas”.
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