Este año se cumple el vigésimo primer aniversario de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma que marcó un antes y un después en el reconocimiento institucional de la violencia contra las mujeres en España. Cuando entró en vigor, en enero de 2005, el Estado dio un paso histórico: dejó de tratar la violencia machista como un conflicto privado o doméstico y la reconoció, por primera vez de forma explícita, como una violación estructural de derechos humanos, sostenida por relaciones de poder desiguales y con efectos devastadores sobre mujeres, niñas y niños.
La ley nació con una promesa ambiciosa: integralidad. Prevenir, proteger, sancionar, reparar y coordinar todos los ámbitos del Estado. Dos décadas después, el marco jurídico existe y los estándares internacionales están claros. Sin embargo, la violencia persiste. Y, en demasiados casos, la protección prometida se ha transformado en control, tutela y separación, dando lugar a una violencia institucional que no sustituye a la violencia machista, sino que se suma a ella.
La violencia no disminuye, se cronifica
Los datos lo confirman. En 2024, 36.582 mujeres fueron registradas oficialmente como víctimas de violencia de género en España. Desde 2003, más de 1.330 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. A ellas se suman decenas de niñas y niños asesinados en el mismo contexto, víctimas directas de una violencia que no entiende de compartimentos.
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer amplía el foco: 2,7 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. Sin embargo, casi siete de cada diez nunca han denunciado. Este dato no habla de pasividad ni de tolerancia. Habla de miedo, de desconfianza y de experiencias previas de desprotección.
Naciones Unidas ha sido clara en reiteradas ocasiones: las bajas tasas de denuncia no indican menor violencia, sino barreras estructurales de acceso a la justicia y a la protección efectiva.
Diligencia debida: cuando el Estado sabe y no actúa
El derecho internacional no deja margen a la ambigüedad. Los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. No basta con legislar: hay que actuar a tiempo.
España ya fue condenada por el Comité CEDAW en el caso de Ángela González Carreño, al concluir que el asesinato de su hija era previsible y que el Estado no actuó con la diligencia debida, pese a las denuncias reiteradas y a las señales claras de riesgo. El mensaje fue inequívoco: cuando el Estado conoce el peligro y no actúa, es responsable.
La retirada de una denuncia no extingue esa obligación. Cuando el sistema se repliega, la violencia no desaparece: se desplaza y adopta formas institucionales.
La carga sigue recayendo sobre las mujeres
En la práctica, la persecución penal continúa descansando en exceso sobre las víctimas. Son ellas quienes deben sostener el proceso, aportar pruebas, soportar interrogatorios, dilaciones y un desgaste emocional que muchas veces resulta inasumible. La Fiscalía no siempre asume el papel activo que exigen los estándares internacionales.
“El mensaje implícito es devastador”, señala Chelo Álvarez, presidenta de Alanna, entidad especializada en acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. “Si no puedes con todo, el sistema no lo hará por ti”.
Una sola violencia, no categorías fragmentadas
La violencia de género no es fragmentaria. Es una violencia estructural que adopta múltiples formas: física, psicológica, sexual, económica, digital, institucional y vicaria. España ya dispone de un marco legal que permite abordarlas de forma integral.
“El problema no es conceptual”, insiste Álvarez. “Crear categorías paralelas no protege más. Debilita la respuesta. Todo debe estar dentro de la Ley Integral porque todo forma parte del mismo fenómeno”.
Hijas e hijos: víctimas reconocidas, protección fallida
La normativa reconoce que niñas y niños son víctimas directas de la violencia de género. Sin embargo, la protección real sigue fallando de forma sistemática. Persisten regímenes de visitas con progenitores violentos, custodias compartidas en contextos de violencia acreditada y decisiones judiciales que minimizan el daño psicológico.
El Código Civil continúa permitiendo interpretaciones que priorizan la coparentalidad incluso cuando existe violencia. La suspensión de visitas o de la patria potestad no es automática ni definitiva. El daño psicológico continuado sigue infravalorado. “Proteger a la infancia no puede ser discrecional”, subraya Álvarez.
Servicios sociales: del apoyo al control
Uno de los fallos más graves del sistema se produce en el ámbito de los servicios sociales. No por saturación, sino por el desplazamiento de su función: del apoyo al control, de la protección a la tutela punitiva.
En demasiados casos:
–se vigila a la mujer en lugar de al agresor,
–se le exige demostrar permanentemente su capacidad materna,
–se la aísla de su red de apoyo,
y se la responsabiliza de la violencia que sufre.
El resultado más extremo es la retirada de niñas y niños a sus madres, incluso cuando estas son víctimas acreditadas. “Arrancar a una criatura de su madre no es protección”, denuncia Álvarez. “Es una forma extrema de violencia institucional”.
Tras el feminicidio, el abandono
Cuando una mujer es asesinada, el sistema penal se activa. Pero después, el acompañamiento se diluye. Las ayudas llegan tarde, la atención psicológica es breve y la reparación integral rara vez existe. Sin ella, la violencia continúa, transformada en abandono.
El papel clave de las organizaciones de víctimas
En este contexto, las organizaciones de mujeres y de víctimas especializadas se han convertido en el verdadero sostén del sistema. Muchas están formadas por supervivientes que se han profesionalizado en psicología, derecho y acompañamiento terapéutico.
“No tutelamos ni disciplinamos”, explica Álvarez. “Acompañamos desde la horizontalidad, protegemos vínculos y evitamos el aislamiento, que es uno de los mayores factores de riesgo”.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.