Andrea Cabezas sabe lo que significa vivir bajo la sombra de la violencia vicaria. Como presidenta de la Asociación Stop Violencia Vicaria, su historia personal se entrelaza con la de muchas otras mujeres que han visto cómo sus hijos se convierten en herramienta de maltrato. Hoy, Andrea celebra un paso histórico: la violencia vicaria será reconocida como delito específico.
“Es justicia después de años de incoherencia”, dice Andrea, recordando lo absurdo que ha sido durante tanto tiempo la falta de protección legal. “Tiene mayor castigo aparcar el coche en doble fila que emplear a tus hijos e hijas para seguir maltratando. Eso es inadmisible”, asegura. Con la tipificación, la ley empezará a reflejar lo que ya sabían las víctimas: que la violencia vicaria no es un conflicto familiar, sino un delito gravísimo, en la mayoría de los casos cometido contra la infancia.
Antes de esta medida, Andrea y su hija dependieron del azar, no del sistema. “Mi agresor cometió un error: me agredió en plena vía pública y eso me permitió demostrar lo que estaba viviendo. Pero antes de ese error, yo ya sufría violencia vicaria y no había nada que hacer”, explica. Su experiencia revela la grieta más dolorosa del sistema: el vacío legal que dejaba impunes conductas que destruyen vidas. “Si no hubiera sido por ese error, habría tenido que seguir soportando que maltratase a mi hija para hacerme daño. Y eso es terrorífico”, añade.
“Se queda en nada, no hay carga penal”
La tipificación es un cambio fundamental. Hasta ahora, denunciar violencia vicaria era como intentar hacer café en una tostadora: no existía un marco legal al que acogerse. “El primer paso es que exista una tipificación penal clara. Porque si no hay elementos de delito, no hay carga penal, y entonces da igual que se hable de violencia vicaria: se queda en nada”, señala Andrea. Pero también advierte: la asignatura pendiente sigue siendo la identificación temprana y la protección de las víctimas, muchas de las cuales no denuncian por falta de confianza en el sistema y un posterior apoyo.
La nueva ley incluye además medidas como la prohibición de publicar o difundir contenidos relacionados con el delito, un avance importante para evitar revictimizar a las víctimas. Andrea recuerda el caso del libro ‘El odio’, inspirado en José Bretón: “Situaciones así demuestran que necesitamos protección legal para impedir que el sufrimiento de la infancia se convierta en espectáculo”.
Más allá de la justicia, esta tipificación tiene un valor educativo y cultural. Para Andrea, el mensaje a las nuevas generaciones es claro: usar a los hijos para dañar a la madre es un delito, no un asunto privado. “Ya no se puede esconder bajo la alfombra ni disfrazar como un simple ‘conflicto familiar’. Se acabó la idea de que ‘entre padres y madres se arreglan’”, dice. Reconocerlo legalmente también es reconocer que la violencia vicaria afecta a toda la sociedad, y que la protección de la infancia es una obligación colectiva.
Andrea no habla sólo de sí misma. Su historia representa la voz de muchas madres que, día tras día, luchan por proteger a sus hijos sin que la ley las respalde completamente. Al menos hasta ahora. La tipificación no borrará el dolor del pasado, pero ofrece esperanza y visibilidad: la violencia vicaria ya no será invisible, y quienes la cometan enfrentarán consecuencias legales claras.
Para Andrea, el cambio legislativo es solo el inicio de una lucha más amplia: una formación de jueces y fiscales, una aplicación efectiva de medidas cautelares y un sistema que no dependa de la suerte para proteger a las víctimas, serán los siguientes pasos a seguir para que la protección esté garantizada. Y a pesar del camino que aún falta por recorrer, hoy Andrea se siente escuchada por primera vez en mucho tiempo. Y con ella, todas las mujeres que durante años han gritado en silencio y han visto cómo sus hijos sufrían con ellas.
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