¿Recuerdan el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz y presentadora Elisa Mouliaá? El tono, las preguntas y la actitud del magistrado son un ejemplo de lo que no debería ocurrir en una sala de vistas y que dejaba en evidencia una verdad incómoda: no todos los jueces están formados en violencia y perspectiva de género.
Este viernes, los juzgados de violencia contra la Mujer asumirán el resto de competencias sobre violencia machista, que hasta ahora se repartían por distintos partidos judiciales: la violencia sexual, la trata, la mutilación genital femenina, el acoso y los matrimonios forzosos. Es cierto que los propios magistrados han alertado de que llevar a cabo esta modificación traerá consecuencias, por una cuestión de recursos y falta de previsión. Sin embargo, estamos ante un hito fundamental y una obligación del Estado, la de cumplir con el Convenio de Estambul.
Apenas se denuncian las violencias machistas
En España las víctimas apenas denuncian la violencia que sufren por el mero hecho de ser mujeres. Según la macroencuesta de Igualdad, tan solo el 8 por ciento denuncia violencia sexual y el 21,7 por ciento pone en conocimiento de la autoridades la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. Son cifras muy bajas. Algo parece frenar a las mujeres y puede que la respuesta sea la violencia institucional que sufren, casi al instante de acudir al sistema.
Entre las razones que alegan para no denunciar el estudio señala que un 25,9 por ciento no lo hace por vergüenza y un 20,8 por el temor a no ser creída. De hecho, muchas de las que sí han denunciado advierten que de haber sabido a qué se enfrentaban y cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, no lo hubiesen hecho.
Lo han explicado algunas de las víctimas como la de “la manada de Pamplona” quien aseguró que “lo peor no fue la situación vivida (la agresión) sino todo lo que vino después (el proceso judicial)”. Lo ha explicado la víctima de Alves, cuya absolución, pendiente de los recursos, fue “como volver al cuarto de baño” y la propia Gisèlle Pélicot hacía una reflexión parecida: “Desde que llegué a esta sala de audiencias, me siento humillada. Me han llamado alcohólica, cómplice del señor Pélicot. He oído de todo, se necesita un grado de paciencia muy alto para soportar todo lo que tengo que escuchar. ¡Tengo la sensación de que la culpable soy yo, y que los 50 de detrás son las víctimas!”.
Aceptar un mal acuerdo con tal de evitar el juicio
Hace unos días, las víctimas de la manada de Castelldefels llegaban a un acuerdo para no tener que enfrentarse al juicio. No es el único caso. Las mujeres prefieren llegar a un mal acuerdo que enfrentarse a la sala de vistas. Algo falla y por eso es fundamental que se cumpla la ley y se materialice el derecho a ser atendida por agentes especializados a lo largo del proceso.
“El Convenio de Estambul habla de una respuesta integral especializada y no puedes dar una respuesta integral y especializada a unas violencias y a otras no. Tienen que tener esa respuesta no solo en la asistencia integral, sino también en la protección y en la justicia”, explica la jurista y experta María Naredo.
“La Ley del solo sí es sí mandata hacerlo previa estudio de cargas y previa dotación económica. Que no se haya hecho ni un estudio de cargas, ni lleve aparejada una dotación económica, no tiene la culpa el la especialización en violencia sexual, tiene la culpa que no se ha cumplido la ley en su literalidad”, insiste.
Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género señala que “esa atención especializada es muy importante y así lo reconocen organismos internacionales como la CEDAW y la relatora de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres y la infancia que ha advertido incluso expresamente a España de los prejuicios y estereotipos que utiliza la justicia y su impacto en la credibilidad de las mujeres y la infancia, pero ya no solo en estos en estos textos y recomendaciones internacionales, sino que ya se trata de cumplir la Ley del solo sí es sí. Justicia va con más de dos años de retraso en el cumplimiento de esta Ley, exactamente dos años”, apunta.
“Estoy de acuerdo en se tiene que llevar a cabo necesariamente dotando de más medios a estos juzgados, porque lo que no puede producir es que encima se colapsen. Eso era responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Consejo General del del del Poder Judicial, que es otra institución que tampoco ha adaptado ni siquiera el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y no ha sacado las estadísticas a las que le obligaba esta ley. Las mujeres tienen derecho a este tratamiento especializado de esta violencia sistémica”.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.