Tras el último tirón de orejas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cartera de Elma Sáiz no ha tenido más remedio que mover ficha. La AIReF concluyó en un reciente informe que existe una “deficiencia estructural” en la gestión de las bajas por Incapacidad Temporal (IT). Ahora, solo una semana después del que será el último toque de atención de la presidenta Cristina Herrero al dejar el cargo el próximo mes de marzo, el Ejecutivo anunció ayer, de acuerdo con los sindicatos y las patronales, que pondrá en marcha un Observatorio Estatal de IT.
“Con esta medida, incluida dentro del paquete de propuestas planteadas por el Ministerio en el marco del diálogo social, se pretende monitorizar la situación de la incapacidad temporal de forma concertada con agentes sociales y Ministerio de Sanidad”, ha recalcado el departamento de Seguridad Social en un comunicado. En esta misma línea, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha destacado que “el Gobierno lleva a cabo una evaluación constante mediante evidencia empírica sobre los factores determinantes de la IT, su diseño institucional y la mejora de su gobernanza”.
El principal propósito del Observatorio pasa por analizar de forma sistemática las bajas laborales en España. Además, el centro prevé mejorar la “eficacia, equidad y calidad de la gestión” de las mismas. Al mismo tiempo que detectar tendencias, riesgos y buenas prácticas. Y apoyar el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia.
Agentes implicados
El Observatorio estará integrado por representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
También formará parte de este el Ministerio de Sanidad, mediante la Secretaría de Estado de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud y el Comisionado de Salud Mental. Asimismo, participarán los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme.
Absentismo o derechos del trabajador
Estas últimas han puesto en numerosas ocasiones el grito en el cielo al considerar que el absentismo laboral alcanza máximos históricos. En este sentido, un reciente informe del Foro de Regulación Inteligente (FRI) sobre el impacto de la inasistencia al trabajo estima que el coste total de este fenómeno, entre factores directos e indirectos, ascendió hasta los casi 129.000 millones de euros en 2024. Lo que supone el 8,1% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. El estudio detalla además que desde 2019 el absentismo se ha incrementado en un 53%. Por trabajador, cada empleado pasó de acumular unas 80 horas de ausencia anual en 2019 a 114,6 horas hace tan solo dos ejercicios.
Sin embargo, tanto las patronales como el propio informe engloban bajo el concepto de ‘absentismo’ situaciones que, a priori, responden al ejercicio de derechos laborales. Y a contingencias protegidas por el sistema de Seguridad Social. En la práctica, se estarían contabilizando como “coste del absentismo” las bajas médicas por enfermedad común, accidente laboral o incapacidad temporal. Es decir, ausencias justificadas y legalmente reconocidas, que nada tienen que ver con la inasistencia voluntaria o el incumplimiento por parte del trabajador. Esta equiparación, tal y como reconocen los sindicatos, traslada una imagen distorsionada del fenómeno y pone el foco en los empleados.
Sindicatos y patronal
Una vez celebrado el encuentro de ayer entre CCOO, UGT, CEOE, Cepyme y Ministerio, las agrupaciones sociales aseguraron no tener problema con reforzar “los controles públicos” sobre las bajas médicas. Aunque recalcaron que la infrafinanciación del sistema público está detrás del incremento del tiempo de las IT. Así, el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, reconoció que la gestión es “compleja”. Y reiteró su propuesta de que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que se financian al 100% con cuotas sociales, se integren en el sistema.
No obstante, la directora de Empleo, Estabilidad y Protección Social de la CEOE, Rosa Santos, rechazó la propuesta sindical. Y explicó que, a su juicio, esto no va a ayudar a mejorar la salud de los trabajadores ni a solucionar el problema. Y vaticinó que la propuesta del Gobierno no va por este camino, sino que se trata de “hacer cambio en las comisiones de control en las juntas directivas“.
Ahora, el Estado trata de buscar el equilibrio. Garantizar que los trabajadores no pierdan derechos ni estén bajo la lupa de inspección por requerir de bajas laborales, sigue siendo una de las máximas de los sindicatos. Mientras, la patronal aboga por vigilar para evitar ser la damnificada económica de posibles estafas de incapacidad temporal. Así, el nuevo observatorio tiene un gran reto por delante: convertirse en un espacio de consenso para mejorar el control, eso sí, sin criminalizar al trabajador.