El pasado 9 de julio, Pedro Sánchez anunció un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Una batería de quince medidas muy ambiciosa, que corre el riesgo de quedarse en papel mojado, ya que exige modificar un total de 16 leyes en un tiempo récord de 12 meses, tal y como informó Artículo14. Tres meses después, con el reloj en contra, el Gobierno avanza en la tramitación legislativa. Yolanda Díaz ha propuesto reformar el Estatuto de los Trabajadores para blindar por ley a las personas que denuncien irregularidades en sus organizaciones. En paralelo, Óscar López, ministro de Función Pública, obligará a los altos cargos y asesores del Gobierno a realizar un curso anticorrupción.
En esta legislatura, el Ejecutivo ha alcanzado cifras récord de personas de confianza. Según los últimos datos del registro de personal del Ministerio de Función Pública (enero 2025), los altos cargos y asesores suman casi 1.750 personas (de estas, casi 950 corresponden a la figura de asesor). Así, personas como Koldo García o Leire Díez deberían haber recibido formación con motivo de su nombramiento. Esta es una de las medidas incluidas en el Anteproyecto de Ley (APL) de Administración Abierta, que acaba de salir a información pública y al que se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 17 de noviembre.
Nuevas medidas
En relación con los altos cargos y personas relacionadas, ahora se incluye también el personal eventual que trabaje para el Gobierno, la norma continuará obligando a presentar a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dirigida por Flor María López Laura, su declaración de bienes y actividades para comprobar posibles variaciones significativas patrimoniales. La novedad es que, en el futuro, esta institución podrá realizar controles aleatorios durante el ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, el texto amplía las excepciones de incompatibilidades de los funcionarios, al tiempo que trata de acotar situaciones que hasta ahora quedaban indefinidas. Sin embargo, para los altos cargos prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de lobby durante dos años posteriores a su cese.
Formación obligatoria
El proyecto impulsado por Óscar López prevé impartir a los altos cargos y asesores, de “forma obligatoria, itinerarios formativos personalizados sobre los distintos elementos del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado con ocasión de su toma de posesión. No será una única formación, ya que se prevé su continuidad durante el ejercicio de sus funciones y al término de su mandato. Y no podrán -o al menos, no deberían- eludirla: está previsto un registro, tanto de las actuaciones formativas desarrolladas, como -y aquí está la clave- del seguimiento invidualizado de sus cumplimiento.
Para los altos cargos, la Oficina de Conflictos de Intereses será la encargada de ofrecer estos contenidos y desarrollar programas específicos adaptados al sector en el que desempeñen su actividad, en colaboración con otros organismos públicos. En el caso de los asesores, la función formativa y el seguimiento de las mismas -también con registro de los destinatarios- recaerán en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Este organismo, adscrito al Ministerio de Función Pública, es el encargado de ejecutar las políticas de selección y de formación de los empleados públicos. La aspiración del Gobierno es que todos los empleados públicos se formen, de manera continua y obligatoria, “en materia de integridad pública”.
Controles aleatorios de los bienes
Como hasta ahora, los altos cargos deberán presentar una declaración de bienes con motivo de su nombramiento. Dentro del régimen de detección y prevención de conflictos -que se aplicará también al personal eventual- se mantiene la presentación de una declaración de bienes y actividades para que al finalizar la legislatura o su vinculación pública pueda detectarse si ha habido alguna variación significativa.
El anteproyecto introduce, además, la posibilidad de que la OCI realice controles aleatorios de la situación patrimonial durante el mandato y en los dos años posteriores a su finalización.
Prohibición de actividades de lobby
En el caso de los altos cargos -incluidos los miembros del Gobierno y secretarios de Estado-, el texto prevé una prohibición expresa de participar en actividades de lobby en su área de competencia. Se busca así limitar el paso directo de la función pública al sector privado. Desde que existen registros públicos (2014), la Oficina de Conflictos de Intereses ha autorizado más de medio millón de actividades privadas para los altos cargos. En este periodo, únicamente han incoado once expedientes sancionadores referidos a este personal.
“Los altos cargos regulados tampoco podrán realizar actividades profesionales de influencia al servicio o para entidades inscritas en el registro de grupos de interés de la Administración General del Estado y su sector público institucional durante dos años en ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en los que hayan prestado servicios”, señala, como novedad, el anteproyecto.
Asimismo, se amplían las excepciones de incompatibilidad de los funcionarios. El artículo pasa de ocho a catorce apartados, lo que evidencia una expansión de las actividades permitidas. Entre otras, se autoriza el desempeño de cargos en partidos políticos y sindicatos siempre que no sean remunerados, la asistencia técnica internacional en la UE u otros organismos por encargo oficial, y las tutorías en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), siempre que no superen las 75 horas anuales.
Refuerzo de la transparencia
El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta con novedades en transparencia, participación y conflicto de intereses
El ministro @oscarlopeztwit lo resume en: "más democracia, más transparencia y más ejemplaridad en la Administración General del Estado". pic.twitter.com/h3LtlYznkY
— La Moncloa (@desdelamoncloa) October 7, 2025
El anteproyecto prevé refuerza las obligaciones de publicación de las agendas de todos los cargos públicos, en el marco de la reforma del Portal de Transparencia para incluir más información. Su ámbito de aplicación abarca no solo a la Administración General del Estado, sino también a todas las instituciones públicas. En colaboración con el Ministerio de Hacienda, está prevista la realización de auditorías ciudadanas sobre distintos procesos de contratación de la Administración.
Para asegurar su cumplimiento, el texto establece un régimen de infracciones y sanciones para quienes incumplan las obligaciones de transparencia. Lo aplicará el Consejo de Transparencia, una entidad que ya vigila esta materia, pero que hasta ahora no tiene capacidad de establecer sanciones ni multas.
“Esta ley y el resto de legislación que estamos haciendo fortalecen los controles de transparencia democrática sobre quienes deben fortalecerlo, que son los políticos, los cargos públicos, el Gobierno, la Administración General del Estado y el resto de instituciones”, aseguró Óscar López, tras la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros.