Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha aprueba presupuesto que asciende a 12,9 millones de euros

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha indicado que el presupuesto para 2026 reforzará el gasto social

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, presenta el Proyecto de Ley de Presupuestos
Gobierno de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta para 2026, que asciende a 12.903 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al ejercicio anterior. Estas cuentas, que se han definido como “un presupuesto comprometido con las personas y el progreso de Castilla-La Mancha”, representan la continuidad de la línea económica que el Ejecutivo regional mantiene desde 2015 bajo la presidencia de Emiliano García-Page.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, presentó las cuentas en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, destacando que se trata de un presupuesto elaborado en un contexto de “normalidad y estabilidad política e institucional” en la región, frente a la incertidumbre nacional derivada de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y de los objetivos de estabilidad y deuda pública para 2026. Según explicó, el presupuesto regional constituye “el principal instrumento para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía” y permitirá “seguir avanzando en la senda de progreso y prosperidad iniciada en 2015”.

Gasto social

Del total de los fondos previstos, 10.777 millones de euros corresponden al gasto no financiero, una cifra que aumenta un 7,2% respecto a 2025 y que supone 720 millones adicionales destinados directamente a políticas públicas. Ruiz Molina subrayó que estas cuentas combinan “más gasto social con estabilidad y responsabilidad financiera”, manteniendo el déficit cero y sin incrementar el endeudamiento, incluso en caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera permita cierto margen.

El presupuesto refleja una apuesta decidida por el Estado del Bienestar, al que se destinarán 7.555 millones de euros, un 72% del gasto no financiero. La sanidad acapara la mayor partida, superando por primera vez los 4.000 millones de euros, lo que permitirá ampliar la plantilla de profesionales, impulsar nuevas infraestructuras hospitalarias y de atención primaria, fortalecer la red de salud mental y mejorar los programas de prevención y vacunación.

En el ámbito de la educación, se asignan 2.500 millones de euros, un 5,3% más que en 2025, destinados a ampliar la plantilla docente, reducir ratios, consolidar la gratuidad de la educación de 2 a 3 años y reforzar los programas de Formación Profesional. Además, se ampliarán las ayudas al transporte y los comedores escolares, junto con el mantenimiento de la gratuidad en la matrícula universitaria del primer curso.

Por su parte, los servicios sociales recibirán más de 1.000 millones de euros, un aumento del 7,7% respecto al ejercicio anterior. Este incremento permitirá ampliar la red de residencias y centros de día, reforzar la atención a la dependencia y desarrollar nuevas iniciativas de envejecimiento activo, termalismo y atención temprana. En el ámbito económico, las políticas de apoyo al desarrollo y la creación de empleo contarán con 3.232 millones de euros, un 68% más que en 2015. De ellos, 1.475 millones se destinarán a transferencias directas a empresas con el objetivo de impulsar la modernización del tejido productivo, fomentar la innovación, fortalecer el sector primario y acelerar la transición ecológica.

Otro de los ejes fundamentales del presupuesto es el reto demográfico, para el que se destinarán 2.116 millones de euros, un 4% más que el año anterior. Esta cifra consolida a Castilla-La Mancha como una comunidad pionera en la lucha contra la despoblación, apostando por la sostenibilidad y el desarrollo integral de las zonas rurales.

Beneficios fiscales

En cuanto a los ingresos, el 68% procederá del sistema de financiación autonómica (7.814 millones), seguido de las transferencias del Estado y la Unión Europea (2.166 millones) y los tributos cedidos a la región. Además, el Ejecutivo regional prevé mantener su política de reducción fiscal, con un volumen estimado de beneficios fiscales de 389,2 millones de euros, que incluyen deducciones para familias, jóvenes, personas con discapacidad y residentes en zonas despobladas.

Con estas cuentas, el Gobierno autonómico asegura devolver a la ciudadanía “los impuestos que paga en forma de servicios públicos, empleo y bienestar”, consolidando un modelo económico basado en la estabilidad, la responsabilidad y el crecimiento sostenible.