La vice primera ministra británica, Angela Rayner, admitió que no pagó el importe correcto del impuesto de transmisiones inmobiliarias (stamp duty land tax) al comprar en mayo de 2025 un piso de 800.000 libras en Hove. La política ha remitido voluntariamente el asunto al asesor independiente sobre estándares ministeriales, Sir Laurie Magnus (el asesor de ética del primer ministro), y ha iniciado conversaciones con HMRC (la agencia tributaria) para regularizar su situación. Este escándalo, ha encabezado las portadas inglesas durante todo el miércoles.
Según la reconstrucción publicada por los diarios ingleses, el origen técnico del problema está en una estructura fiduciaria o trust (un arreglo legal en el que una persona entrega bienes a un grupo reducido de personas de confianza para que los administren en beneficio de alguien más) vinculada al hogar familiar de Rayner en Ashton-under-Lyne. En 2020 se constituyó dicho trust para gestionar una indemnización asociada a su hijo, con discapacidades de por vida derivadas de un incidente durante su prematuridad. En 2023, tras su divorcio, Rayner y su exmarido iniciaron un arreglo de “anidamiento” en el que los hijos permanecen en la vivienda mientras los padres alternan su estancia. Parte del interés de la casa pasó entonces a un trust. En enero de 2025, Rayner vendió el resto de su participación al trust de su hijo y usó el capital para financiar, junto con una hipoteca, la compra del apartamento en Hove.
Rayner sostiene que actuó siguiendo consejo legal y que creía que, al no poseer otra vivienda en ese momento, correspondía pagar el tipo estándar de stamp duty (estimado en 30.000 libras), y no el recargo para segundas residencias (que habría elevado la factura a unos 70.000). Más tarde, tras el escrutinio mediático y una nueva consulta a un asesor fiscal de alto nivel, le indicaron que ciertas “disposiciones de imputación” ligadas al trust hacen que el piso de Hove deba tratarse como una segunda vivienda y, por tanto, que exista una cantidad adicional por abonar. En sus propias palabras: “Lamento profundamente el error que se ha cometido. Estoy trabajando con abogados expertos y con HMRC para resolver el asunto y pagar lo que corresponda”.
“Pagará lo que corresponda”
La respuesta política ha sido inmediata. Durante la sesión de preguntas al primer ministro (PMQs), Keir Starmer defendió con firmeza a su número dos. Dijo estar orgulloso de sentarse junto a una vice primera ministra que, según subrayó, ha expuesto sus circunstancias “en detalle”, llegando incluso a pedir que se levantara una orden de confidencialidad relativa a su hijo para poder hacer públicas más explicaciones. Preguntado después, Downing Street evitó anticipar el resultado de la investigación del asesor ético y rehusó precisar cuándo supo exactamente Starmer que existía un pago insuficiente del impuesto; sí insistió en que Rayner “pagará lo que corresponda”.
Desde la oposición, la líder conservadora, Kemi Badenoch, ha elevado el tono. En su intervención y en redes sociales reclamó el cese de Rayner: “Si tuviera columna vertebral, la despediría”, dijo en referencia a Starmer. El debate se ha visto alimentado, además, por informaciones de The Times sobre documentación del Registro de la Propiedad: aunque Rayner vendió su participación económica en la casa de Ashton-under-Lyne (por 162.500 libras), su nombre figura como cotitular fiduciaria entre los administradores del inmueble, junto con su exmarido y un abogado. Diversos especialistas citados por ese diario apuntan que, dados los beneficiarios menores de edad y la redacción de los trusts, HMRC podría considerar que Rayner mantenía un “interés” a efectos del recargo por vivienda adicional.
If Keir Starmer had a backbone, he’d sack Angela Rayner immediately.
She has to go. pic.twitter.com/pmHCV0rcrb
— Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) September 3, 2025
“Proporcionar transparencia”
En paralelo, el experto fiscal y activista Dan Neidle aportó un marco conceptual que ha tenido amplia difusión. En una serie de mensajes, advirtió sobre los límites del asesoramiento de los conveyancers (gestores de compraventas) cuando hay estructuras complejas como trusts: “Si las cosas son complejas —por ejemplo, hay un trust—, es una muy mala idea [preguntar solo al conveyancer]. Si la Sra. Rayner preguntó a su conveyancer y no mencionó un trust, es justo culparla; si lo mencionó y el conveyancer intentó asesorar fuera de su experiencia, el conveyancer fue un idiota“. Sobre la tipología de conductas tributarias, Neidle distingue entre planificación, “no cumplimiento” y evasión. En su valoración, “probablemente la Sra. Rayner está en la categoría 4 —‘no cumplidora’—”. Y añade una pauta clave para el tratamiento sancionador: “Si recibió y siguió un consejo apropiado, debe el impuesto más intereses. Si no lo hizo, probablemente fue ‘negligente’ y también debe sanciones”.
La propia Rayner, en una declaración extensa, enmarca sus decisiones en la protección del bienestar de sus hijos y en la estabilidad de un hogar adaptado a necesidades especiales. Asegura que “cada decisión que he tomado ha estado guiada por lo que creo que es lo mejor para mis hijos”, y remacha que su intención ahora es “proporcionar la transparencia que exige el servicio público” colaborando plenamente con el asesor independiente.
El caso ha reabierto un viejo debate británico: la complejidad de la fiscalidad de la vivienda. Firmas asesoras citadas por la prensa señalan que el enredo de normas anti-elusión y reglas de imputación puede atrapar incluso a profesionales, lo que sugiere —dice la prensa británica— la conveniencia de una revisión para dotarlas de mayor claridad.
La pieza que determinará el desenlace inmediato es el informe de Sir Laurie Magnus. Establecerá si hubo infracción del Código Ministerial y con qué gravedad. No existe un plazo público; el equipo del primer ministro remite toda decisión “al proceso” y a las recomendaciones del asesor. En cualquier caso, incluso si se concluye que hubo incumplimiento, la respuesta política final dependerá del juicio de Starmer.