La reciente publicación de decenas de miles de documentos por parte del Departmento de Justicia de Estados Unidos ha vuelto a colocar el nombre de Donald Trump en el centro del debate público en relación con el caso de Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores que murió en prisión en 2019. Sin embargo, las propias autoridades federales han insistido de forma reiterada en que gran parte del material contiene afirmaciones “sensacionalistas” y “no verdaderas”, y que en ningún punto los investigadores concluyen que el actual presidente fuera sospechoso de delito alguno.
Los documentos, difundidos tras la aprobación de una ley que obliga a su desclasificación, llegan fuertemente censurados. Nombres, correos electrónicos y datos personales aparecen tachados en la mayoría de los archivos, una práctica que ha generado críticas tanto de demócratas como de republicanos. El Departamento de Justicia ha defendido estas omisiones alegando que responden a la necesidad legal de proteger la identidad de las víctimas de Epstein.
“Él me violó”
Entre los papeles más comentados figura un archivo del FBI fechado en octubre de 2020 que recoge una acusación de violación contra Trump. El documento no identifica a la persona que formula la denuncia. En él se menciona el testimonio de un chófer de limusina que, en 1995, habría escuchado una llamada telefónica “muy preocupante” durante un trayecto al aeropuerto. Según el informe, Trump repetía el nombre “Jeffrey” y hacía referencias a “abusar de una chica”. El mismo archivo recoge la afirmación de una persona no identificada que asegura que “él me violó”, en referencia a Trump, y que “Donald J. Trump me violó junto con Jeffrey Epstein”. Todas estas afirmaciones constan como alegaciones no verificadas.
El Departamento de Justicia ha subrayado que no está claro si el FBI dio seguimiento a esas pistas y ha recordado que “en ninguna parte de los archivos se indica que Trump fuera investigado o considerado sospechoso”. Además, en un comunicado oficial se afirma que las acusaciones carecen de fundamento y que, de haber tenido credibilidad, habrían sido utilizadas en su momento contra el presidente.
Los documentos
Otro bloque de documentos se refiere a los desplazamientos de Trump en el avión privado de Epstein. Un correo interno de enero de 2020 señala que Trump habría volado “muchas más veces de lo que se había informado previamente” entre 1993 y 1996, al menos ocho trayectos. En algunos de ellos habría estado presente Ghislaine Maxwell, quien cumple actualmente una condena de 20 años por tráfico sexual. El propio mensaje aclara que aparecer en estos registros “no indica ningún tipo de conducta ilícita”.
La publicación también incluye una denuncia civil presentada en 2020 por una mujer identificada como Jane Doe, en la que relata abusos sufridos por parte de Epstein y Maxwell. En ese escrito se describe un encuentro de 1994 en el que Epstein presentó a la denunciante, entonces de 14 años, a Trump. El pasaje recoge que Epstein comentó en tono jocoso: “Esta es buena, ¿verdad?”, a lo que Trump habría sonreído y asentido. El documento no formula acusaciones penales contra el presidente.
Parte del material ha generado confusión adicional, como una supuesta carta atribuida a Epstein y dirigida a Larry Nassar que alude de forma explícita a Trump. Horas después de su difusión, el Departamento de Justicia aclaró que la misiva era falsa: la caligrafía no coincidía y el matasellos era posterior a la muerte de Epstein.
“Engaño demócrata”
Aun así, tanto el FBI como el Departamento de Justicia mantienen su conclusión oficial de que Epstein se suicidó y de que muchos de los señalamientos contenidos en los archivos son infundados. Trump, por su parte, ha rechazado las insinuaciones y ha calificado la controversia como un “engaño demócrata”. En declaraciones a la prensa, afirmó que la publicación de fotografías y documentos está dañando la reputación de personas que “inocentemente conocieron a Jeffrey Epstein”.
Con cientos de miles de documentos aún pendientes de publicación, el debate promete continuar. Mientras tanto, el propio Departamento de Justicia insiste en que la transparencia no equivale a veracidad, y la mera presencia de un nombre en los archivos no constituye prueba de delito.