En esta España derrotada de 2025 cualquier cosa puede ocurrir no por un puñado de dólares, sino por un puñado de votos. El poder, como fin en sí mismo, justifica cualquier atropello, cualquier anomalía, cualquier ilegalidad, que ya vendrá el Tribunal Constitucional para succionarlo y devolverlo adecentado como un niño que va a la primera comunión. España se ve abocada a una situación de ruptura y a la consagración de que en nuestro país convivirán ciudadanos de primera y otros de segunda. En el reducido primer grupo, figuran catalanes, vascos y navarros, mientras en el segundo, el resto de los españoles. La variante es que los segundos financiaremos el bienestar de los primeros. La única razón que justifica esta perversión es la compra de votos para el Gobierno de la nación y para el Gobierno catalán. Luego aparecerán en escena los guionistas de Moncloa y se esforzarán por explicar lo inexplicable, por dar la vuelta al calcetín y decir que donde dije digo, digo Diego.
Esta semana pasada, tras el pleno de aprieta, pero no ahoga protagonizado por el presidente Sánchez, se han producido dos reuniones cruciales para proseguir con la voladura del Estado español y sus estructuras fundamentales. Por un lado, delegaciones del Gobierno y de la Generalitat se han reunido en Barcelona para avanzar en la creación de la Hacienda catalana. Y el presidente Sánchez ha recibido al lendakari Pradales para ceder la gestión de la Seguridad Social al Gobierno vasco.
No cabe duda que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social representan alguno de los más firmes cimientos del Estado español. Uno y otro proceso serán la causa de su debilitamiento hasta extremos difícil de atisbar. Combinar en la misma coctelera los principios de igualdad y de singularidad no es nada sencillo.
Aunque a veces dudo para qué vale en estos tiempos de zozobra, siempre es instructivo revisar la zarandeada Constitución del 78, que garantiza la igualdad formal ante la ley y promueve la igualdad material, tanto real como efectiva. Consagra el principio de igualdad en los artículos 14 y 9.2. El artículo 14, que abandera este entusiasta periódico, establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Además, el artículo 9.2 señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Igual merece la pena recordar el artículo 2, que dice que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Los padres de la Constitución, a los que a muchos entrevisté como jovencísimo periodista, se les escapó la condición superior y supremacista de ser catalán, vasco o navarro. Con respecto a la singularidad, la Constitución “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. No deja de ser paradójico en estos tiempos de la inteligencia artificial que unos orígenes medievales, con los que el general Franco premió a navarros y alaveses por su lealtad en la guerra y que la Transición los extendió a vizcaínos y guipuzcoanos hayan consagrado la superioridad de unos españoles sobre otros. De aquellos barros forales, medievales, históricos vienen estos lodos.
El origen del pacto catalán no puede ser más pintoresco. Es fruto de un acuerdo contra las cuerdas entre Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) para nombrar a Salvador Illa presidente de la Generalidad. Es decir, un acuerdo coyuntural e interesado entre dos partidos catalanes condiciona todo el sistema tributario español y la financiación de las autonomías, cediendo la recaudación del IRPF a la Hacienda catalana, que se compromete a disponer de un cupo, a imitación del vasco, y a compensar con una cuota de solidaridad. Por si fuera poco, se han inventado el principio de ordinalidad. Si Cataluña es de las primeras en aportar, tiene que ser de las primeras en recibir. La Generalitat pasará a recaudar 30.000 millones de euros, y ya verá qué hace con ellos. Algunos dicen que sus actuales 200 funcionarios deberán pasar a 4.000.
Se ha consolidado la discutible idea de las autonomías están insuficientemente financiadas, pero algunas gastan a manos llenas. Cataluña a la cabeza. No en vano administra 360 entes públicos en sus presupuestos entre consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles. Y TV3 alimenta 7 canales para ilustrar al espectador catalán. Y exhibe el mayor déficit fiscal de todas las comunidades.
La reacción de los partidos españoles, del resto de las autonomías y de los técnicos de Hacienda no ha podido ser más rotunda. No tragan con ruedas de molino por mucho que los corifeos del Gobierno digan que se trata de un sistema “generalizable” para cualquier autonomía que lo quiera adoptar. Se rompió el consenso, la multilateralidad y las buenas formas. Puro Sánchez.
La cesión de la gestión de la Seguridad Social al Gobierno vasco tampoco es moco de pavo. Será escalonada, pero será. Comenzará por las prestación y subsidios por desempleo y continuará con las pensiones contributivas. Todo ello, representa el troceo de la caja común de la Seguridad Social, de solidaridad financiera y la unidad normativa y de ejecución. No nos sorprenderá que los vascos reciban más prestaciones que el resto de los españoles. Y, eso, pese a que en su territorio sólo hay 1,5 cotizantes por pensionista, frente al 2,5 de la media española. Querrá decir que el resto pagaremos las pensiones a los vascos.
Detrás de toda esta ceremonia para que las minorías nacionalistas voten a Sánchez y a Illa aparece una renuncia del Estado a gestionar sus recursos. Por supuesto, la quiebra de los principios de unidad, de igualdad y de solidaridad, que vertebran cualquier Estado que se precie. Y el germen de un Estado federal que no ha sido ni votado ni querido por los españoles. Algunos hablan de una España plurinacional. No creo en esa idea, pues en España sólo existe la nación española y el Estado español. Al menos mientras no cambien la Constitución por la puerta de atrás. Son capaces. Federal, unidad, igualdad y solidaridad y justicia tributaria. Renuncia del Estado.