Ángel Víctor Torres dice respirar tranquilo. Y los suyos le respaldan, aunque los mensajes de apoyo públicos no han sido muchos. La Guardia Civil no ha encontrado pruebas del supuesto cobro de mordidas que el empresario Víctor de Aldama le atribuyó, pero revela varios mensajes que el propio Gobierno admite como “incómodos” y “nada bonitos”. “No hay caso judicial”, se reafirman.
Las conversaciones interceptadas demuestran que, durante la pandemia, el entonces presidente canario se encargó personalmente de reclamar pagos pendientes por contratos de material sanitario. En concreto, la UCO detalla las gestiones que hizo Koldo García -asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos- para que el Ejecutivo autonómico contratara con la empresa Soluciones de Gestión y, más tarde, abonara 7,8 millones de euros impagados.
En Moncloa asumen que el informe ha causado desgaste pero destacan que, más allá de la erosión en la imagen política, la situación judicial permanece intacta. El documento, subrayan, “no aporta pruebas” de enriquecimiento personal ni de delito alguno.
Torres, por su parte, lleva sacando pecho desde hace dos días. “En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado ni nadie del Gobierno de Canarias”, dijo el martes. “No hay mordida por parte de quien les habla y tampoco del Gobierno de Canarias”. El ministro recordó que la UCO concluye que “solo hay un mensaje” que le envía Aldama y que esa fue su “relación con él”.
Su equipo insiste en la misma línea. “El juez no ha considerado creíbles las denuncias de Aldama”, repiten desde la cartera de Política Territorial a Articulo14, amparándose en el informe que aún no se ha publicado completo. “No hay nada que ocultar”, defienden.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Normalidad en el Gobierno
De momento, Torres trata de mantener la normalidad. Este miércoles mantuvo intacta su agenda y participó en una reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado en Zamora. Allí reiteró su inocencia ante los medios: “Estoy feliz. Son otros los que tendrían que explicarse”, dijo rodeado de periodistas, antes de añadir que el informe de la UCO “dejó las cosas absolutamente claras… no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada”.
Sin embargo, en público, el apoyo del Gobierno llega con cuentagotas. Moncloa sostiene a Torres, pero no todos los ministros han salido a respaldarlo. Este miércoles sí lo hicieron Félix Bolaños y Patxi López. “Ni rastro de esas cosas horribles que se han dicho en el informe”, subrayó Bolaños. “Solo espero que quienes lo han difamado durante meses le pidan perdón. Hoy, no mañana, hoy”, sentenció el ministro de Justicia. También el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López considera que “no hay ningún indicio de delito para abrir causa alguna”. El que aún no se ha pronunciado es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno.
Lectura opuesta en el PP
Desde la oposición, el PP hace una lectura del informe totalmente opuesta al Ejecutivo. Los populares han pedido la comparecencia urgente de Torres en el Congreso y estudian emprender acciones judiciales contra él por falso testimonio en la comisión del Senado sobre el caso Koldo. “Torres mintió en la comisión de investigación y eso es un delito”, advirtió el secretario general popular, Miguel Tellado.
Fuentes del PP acusan al ministro de “haberse interesado en agilizar pagos” a la trama y consideran su continuidad “imposible”. “Su cese debe producirse ya”, reclaman desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo. En el partido creen que Torres “no cumple los mínimos niveles de ejemplaridad” y que Sánchez “es culpable de tener un umbral ético en el que todo cabe”.