En La Moncloa asumen que con la comparecencia parlamentaria de Pedro Sánchez este miércoles se juegan, en parte, “el futuro de la legislatura”. También tienen claro que es muy difícil que alguno de sus socios, unidos por el pegamento que supone la ultraderecha de Vox, tenga previsto dejarles en la estacada. El Gobierno ha guardado con celo las medidas anticorrupción y por la transparencia que el presidente desvelará en la tribuna de oradores este miércoles, “por una cuestión de respeto”, afirman. Hasta el punto de que algunos de sus aliados parlamentarios aseguran desconocerlas.
Distintas fuentes socialistas anticipan ambición en estas medidas legislativas. Prevén que les sirvan para recobrar algo de oxígeno político en un momento de extrema debilidad, tras conocerse los vínculos de Santos Cerdán con la corrupción.
Además de por las sospechas sobre su exnúmero tres, que cumple 10 días durmiendo en la prisión de Soto del Real, Sánchez acusa el golpe del escándalo del exalto cargo en Moncloa y exdirigente socialista Paco Salazar, fuera del partido y del núcleo de poder del Gobierno por acusaciones de acoso a mujeres recogidas en informaciones periodísticas.
En este marco, el jefe Ejecutivo aspira a cosechar apoyos para reformas normativas como un endurecimiento del acceso de las empresas corruptoras a la adjudicaciones públicas, sin asfixiar a su vez los procedimientos de contratación. Este es uno de los frentes por el que le han empujado a actuar sus socios de Sumar y los aliados parlamentarios, y la previsión es que colme estas expectativas. Que las recetas que desgrane abarquen el ámbito de actuación de “empresas, instituciones y partidos”.
“Vamos a ir allí en positivo, a proponer medidas para avanzar, y no a resistir”, venden. Otra cosa es que sus socios compren estas recetas. A pesar de las reiteradas advertencias de sus aliados durante las últimas semanas, o de que Coalición Canaria ya ha anticipado que pedirá a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, en Moncloa trasladan que la sangre no llegará al río. Y no quieren ni oír hablar de una futurible cuestión de confianza.
“Si alguno de los grupos quiere exigir una moción de censura, que lo digan”, retan. El desafío viene acompañado por un recordatorio sobre la “realidad en que vivimos” -el riesgo de que Alberto Núñez Feijóo logre ser investido presidente con el concurso de Vox-. También por una advertencia explícita: “Mañana cada uno tiene que elegir su tono y ser consciente del bando el que te sitúa tu tono”, apostillan.
Cualquier evocación a la cuestión de confianza, que sí se llegó a contemplar cuando estalló el caso Cerdán, les genera un fuerte rechazo. A finales de año, que Junts per Catalunya registrase una iniciativa no vinculante (PNL) para exhortar al presidente a ejercer su potestad constitucional de presentar una cuestión de confianza ya enfureció a Sánchez.
Durante meses, esta cuestión coleó hasta que Junts acabó por retirar la iniciativa. Antes ya la había rebajado políticamente. Ésta era, y sigue siendo, una vía muerta. El Gobierno no cree que ninguno de sus socios se atreva a votar con PP y Vox en una moción de censura, ni acepta que se le exija activar ese mecanismo.
También repiten que este miércoles no esperan escenificar que han perdido el control de la mayoría de la Cámara. “No contemplamos esa situación”, insisten. El único indicador de la confianza parlamentaria que quieren manejar es el número de votaciones ganadas y frustradas en el Congreso durante la legislatura. Han sido un total de 1.200, según sus registros, y presumen de haber ganado 1.050 de ellas. “Hay días malos en los que empatamos partidos, pero no tenemos la sensación de perderlos”, presumen.
Sánchez asumirá alguna de las recetas de sus socios de Sumar
La previsión es que, además de asumir recetas anticorrupción, Sánchez acepte impulsar algunas prioridades de Sumar en materia de políticas sociales. Aunque en Moncloa niegan que esto pueda considerarse “un giro de 180 grados” al rumbo de legislatura, como reclaman en las filas del socio minoritario.
Hay fuentes del ala socialista del Gobierno que anticipan la asunción de “la gran mayoría de propuestas de Sumar”, y otras que rebajan las expectativas para afirmar que “se van a tener en cuenta” estas aportaciones. Cada uno de estos caminos desembocaría en un escenario bien distinto.
En los últimos días, Sumar ha ido elevando el tono contra sus socios en un esfuerzo por distanciarse de la sombra de la corrupción. La semana pasada, varios dirigentes de los partidos encuadrados en la coalición de Yolanda Díaz escenificaron esta lejanía en una comparecencia coral en la que básicamente reiteraron sus demandas y cargaron contra el PSOE. Presentaron además un documento con sus propuestas anticorrupción y un compendio de las iniciativas sociales que llevan meses o años en el limbo.
En las filas del socio mayoritario intentaron obviar este desplante, si bien hubo quienes afearon a los de Díaz que, cuando estalló el caso Íñigo Errejón -que dimitió por denuncias de supuesto acoso a mujeres-, ellos no metieron el dedo en la llaga.
No gustó esta forma de actuar, aunque optaron por disimular. Como rebajaron importancia al hecho de que sea Díaz quien replicará al presidente del Gobierno. Sumar lo anunció durante la mañana del martes, pero previamente ya había avisado a sus socios. En la noche del martes se conoció el fallecimiento del padre de la vicepresidenta, Suso Díaz, con quien mantenía una estrecha relación. La fundadora de Sumar mantendrá su agenda y acudirá al pleno, informa su equipo.
No obstante, y teniendo en cuenta la cantidad de flancos sensibles que deben proteger, previsiblemente estas diferencias con Sumar quedarán opacadas por los choques con el Partido Popular. Además de una primera comparecencia específica sobre la corrupción -exigida por el PP y Vox, aunque también por sus propios socios-, el presidente tendrá que afrontar una segunda, a mediodía o ya a primera hora de la tarde. Aquí informará acumuladamente sobre la cumbre de la OTAN de la pasada semana o el último Consejo Europeo.
Y, como ocurre con este tipo de comparecencias, Sánchez no estará sujeto a ningún límite temporal, pero los grupos tendrán un total de diez y de cinco minutos, respectivamente, en su primera y segunda intervención. Todos asumen que este corsé temporal no impedirá que el penúltimo pleno del año vuelva a convertirse en un combate encarnizado. El presidente cree que puede salir vivo, ganando tiempo para empezar a digerir los últimos escándalos. Dejando que el verano contribuya a difuminarlos.
