Cuando Eva Rosado recibió la sentencia del Tribunal Constitucional, pensó que, por fin, su hijo y ella tendrían lo que en su día se les negó: diez semanas para recuperar el tiempo perdido. Aquella resolución era mucho más que un fallo favorable. Era justicia. Era dignidad. Pero, como tantas otras madres monomarentales, Eva descubrió que en España se puede ganar en el Constitucional y, aún así, seguir perdiendo en la vida.
“Mi abogado me envió la sentencia y me dijo: enhorabuena, hemos ganado. Pero en la Seguridad Social me dijeron que sólo me iban a pagar, que no tenía derecho al tiempo”, explica Eva, sanitaria y madre soltera desde noviembre de 2019, protagonista de una odisea judicial que se ha prolongado durante más de cuatro años.
Y eso es exactamente lo que está ocurriendo: las madres monomarentales que han ganado en los tribunales están recibiendo sólo una parte del derecho que se les ha reconocido. La Seguridad Social, desoyendo sentencias firmes, paga la prestación económica pero se niega a conceder los días de permiso. ¿La excusa? Que sus hijos ya han cumplido más de 12 meses. Como si el tiempo que tardaron en litigar -y que no eligieron- fuera culpa suya.
“Es que yo empecé a pelear antes de que mi hijo cumpliera un año”, insiste Eva. “Pero entre recursos, rechazos y el COVID, pasaron los meses. ¿Y ahora me dicen que ya no toca, que el niño es mayor? ¡Claro que lo es! ¡Han pasado cinco años mientras yo intentaba que nos escucharan!”.
Ana Migallón, otra madre que luchó hasta llegar al alto tribunal, recuerda el momento en que creyó que todo había terminado. “Me llegó un correo: enhorabuena, tienes sentencia favorable. Pide tus días. Y yo pensé: ya está, final feliz. Pero no. Fue un espejismo. A la semana me dijeron que sólo me daban el dinero. De los días, ni una palabra. Silencio administrativo”.
La paradoja es escandalosa: madres que crían solas, que asumen en solitario los cuidados, los gastos y el desgaste emocional, ganan un derecho y aun así tienen que seguir peleando para que se cumpla. “El Constitucional dijo que era inconstitucional negarnos esas semanas, que era discriminatorio”, recuerda Ana. “Y sin embargo, la Seguridad Social hace oídos sordos. ¿En qué país se permite desobedecer al máximo tribunal?”.
El abogado Roberto Mangas, que ha llevado varios de estos casos, lo explica con contundencia: “La sentencia no deja lugar a dudas: hay que dictar una nueva resolución que respete todos los derechos de la madre, incluyendo el permiso. Pero el INSS está ignorando eso. Paga la prestación y se lava las manos. Ni siquiera emiten una resolución formal. Sólo un mandamiento de pago. Es una burla legal.”
La base del rechazo es que la ley establece que el permiso debe disfrutarse dentro de los 12 primeros meses del bebé. Pero, como recuerda Roberto, “esa ley no está pensada para madres que llevan años peleando por algo que se les negó desde el principio. Y el Constitucional fue claro: hay que reparar esa discriminación”.
“Yo no quiero el dinero, quiero el tiempo que me robaron. Mi hijo tenía seis meses en plena pandemia. Yo, sanitaria, haciendo guardias de 24 horas. No había guarderías, no había nadie. Tuve que contratar a una mujer, sin contrato, sin ayuda. Me dejé más de 7.000 euros. ¿Eso me lo compensa alguien?”, se pregunta Eva, aun sabiendo que la respuesta es no.
“Esto es como ganar la lotería y que te den sólo el décimo. Nos dicen que sí, pero no ejecutan. Y claro, ahora ¿qué nos toca? Otra demanda. Volver a empezar. A ver quién tiene fuerzas para eso”, añade Migallón.
Muchas no las tienen. Algunas madres han abandonado la lucha por agotamiento o falta de recursos. Otras, como Ana, dudan incluso si aceptar el dinero, por miedo a perder opciones legales. “Es que son sólo dos meses y medio de sueldo. Pero lo que me negaron fue tiempo. ¿Cómo se compensa eso?”.
Mientras tanto, el Estado actúa con frialdad burocrática. “No tengo constancia de que se esté cumpliendo ninguna de las sentencias que ordenan el permiso completo cuando el niño tiene más de un año”, afirma Mangas. “Y eso es muy grave. Es una desobediencia sistémica.”
La raíz del problema, apunta el abogado, está en la pasividad política: “El legislador debería haber reformado la ley hace meses, tras la sentencia del Constitucional de noviembre. Pero no lo ha hecho. Y ese vacío legal se está usando como excusa para no cumplir las resoluciones”.
Eva, Ana y muchas otras han abierto un camino. Pero ese camino, por ahora, no tiene salida. “Si hemos sido valientes para criar a nuestros hijos solas, también lo seremos para luchar”, dice Ana. Pero lanza una advertencia: “Esto no ha acabado. Y si hace falta, lo llevaremos donde sea. Porque no vamos a dejar que nos vuelvan a decir que no existimos”.
Lo cierto es que estas mujeres han vencido al sistema, al menos sobre el papel. Pero mientras la Seguridad Social siga ignorando las sentencias, mientras se siga negando el tiempo y mientras el silencio administrativo sea la única respuesta, la victoria seguirá siendo parcial.
Y cada día que pasa es un día más de derechos robados. A ellas. Y a sus hijos.
Nota: Desde Artículo14 nos hemos puesto en contacto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La respuesta también ha sido el silencio administrativo.