La Policía Nacional ha detenido a 28 personas en una operación internacional que ha desmantelado una red dedicada a la explotación sexual infantil a través de una aplicación móvil creada expresamente para ese fin. “Mundo Capax”, disponible en Android e iOS, permitía compartir y almacenar archivos de abusos a menores en un entorno cifrado y cerrado.
La investigación, desarrollada durante tres años con apoyo de INTERPOL, marca un precedente en la lucha contra los delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales. Por primera vez en España, los agentes se enfrentan a una aplicación desarrollada desde cero para facilitar este tipo de intercambio delictivo, y no simplemente al uso indebido de plataformas de mensajería convencionales.
Una red con alcance internacional
Según explica la Policía Nacional, Mundo Capax contaba con una estructura sofisticada: canales privados de comunicación, sistemas de encriptación avanzada y un acceso restringido por invitación. El diseño estaba pensado para evadir la detección policial y garantizar el anonimato de los usuarios.
Solo en España, los investigadores identificaron unos 400 usuarios activos, aunque se sospecha que la red tenía ramificaciones en América Latina, especialmente en Bolivia, donde fue localizado el presunto ideólogo del proyecto.
La operación, coordinada con las unidades de ciberdelincuencia de varios países, ha permitido el arresto de 28 personas en distintas provincias españolas y la intervención de cientos de dispositivos y servidores que almacenaban miles de archivos de explotación sexual infantil.
Un detenido grababa a sus hijastras de 8 y 10 años
Entre los detenidos hay situaciones de extrema gravedad. Uno de los arrestados grababa a sus hijastras de ocho y diez años mientras se duchaban y almacenaba los vídeos en carpetas ocultas con sistemas de cifrado. Otro accedía de forma ilegal a cámaras domésticas conectadas a Internet para captar imágenes de menores desnudos.
Las autoridades destacan que parte del material incautado incluye grabaciones de abusos cometidos directamente por algunos de los implicados, lo que agrava las imputaciones. En algunos casos, las víctimas eran de muy corta edad, incluso menores de cinco años.
Origen en Tarragona
El análisis técnico permitió rastrear la base de la aplicación hasta una empresa tecnológica de Tarragona, cuyos responsables habrían desarrollado el software sin conocer su uso ilícito. Según fuentes de la investigación, el programa fue concebido inicialmente como una herramienta de mensajería cifrada para comunidades cerradas, pero fue modificado por el creador boliviano para convertirlo en una plataforma dedicada al intercambio de material de explotación sexual infantil.
La Policía Nacional ha intervenido los servidores, bloqueado la app y solicitado colaboración internacional para impedir su replicación. También se han identificado perfiles asociados en otros países europeos y latinoamericanos.
Un delito que no para de crecer
Según datos de Europol, el intercambio de material de explotación sexual infantil en línea ha aumentado de forma significativa en los últimos años, impulsado por el anonimato digital y las redes cifradas. En sus informes recientes, la agencia advierte de un crecimiento sostenido de estas redes en Europa y de una mayor profesionalización de los grupos dedicados a la producción y difusión de este material.
Mundo Capax es un punto de inflexión: por primera vez, los agresores no se limitan a aprovechar plataformas existentes, sino que crean su propia infraestructura tecnológica para sostener la explotación y el intercambio de material criminal.
Cooperación y prevención
La desarticulación de la app pedófila ha sido posible gracias a la cooperación internacional y a las denuncias ciudadanas. Las fuerzas de seguridad insisten en la importancia de alertar ante cualquier indicio de abuso o contenido sospechoso y recuerdan que la posesión o distribución de este tipo de material constituye un delito grave.
“La tecnología no es el enemigo”, subrayan fuentes policiales. “El problema es su utilización para la explotación de los más vulnerables. Nuestra prioridad es detectar, desmantelar y judicializar estas redes antes de que vuelvan a reorganizarse.”
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