El Gobierno da por cerrada la desconexión tecnológica con Israel, que jurídicamente quedará blindada con la entrada en vigor del Real Decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Este plan de desconexión comenzó el 7 de octubre se da por superado, ya que actualmente ninguna licencia tecnológica de Israel está activa, según explican fuentes gubernamentales. De esta forma, una vez revocadas las licencias, el siguiente paso ha sido su sustitución dentro de los programas. Ello explica que, en las tres últimas semanas, el Ministerio de Defensa haya cancelado tres megacontratos, que suman más de mil millones de euros, tal y como informó Artículo14.
Ahora, el Ejecutivo trata de minimizar el coste económico del embargo de armas a Israel. Tras lograr “el cero tecnológico”, Defensa está reconvirtiendo los programas que contaban con tecnología israelí. Es el caso del lanzacohetes SILAM (576 millones). Y está negociando con las empresas afectadas vías alternativas, tratando de evitar indemnizaciones. De momento, según confirman las mismas fuentes, no ha habido ninguna reclamación. La intención es alcanzar acuerdos con las filiales españolas de las empresas israelíes para incorporar tecnología alternativa preferiblemente española y europea o de aliados, como EEUU.
Negociando alternativas
Otros programas como los misiles contra carro Spike-LR2, con tecnología israelí de Rafael Advanced Defense Systems, se han cancelado y deben reformularse. También en estos casos el Ejecutivo está negociando con las empresas una revisión completa del programa, y confía en llegar a acuerdos con alternativas tecnológicas no israelíes.
Aunque la intención del Gobierno es explorar la vía de la negociación y el acuerdo, el Real Decreto-ley supone un respaldo legal determinante. Al amparo del mismo, el Gobierno se considera blindado frente a posibles reclamaciones de las empresas con tecnología israelí que puedan considerarse perjudicadas. “Por eso valoramos tanto esta norma”, apuntan fuentes del Ejecutivo. Los expertos jurídicos consultados por este medio advierten del riesgo de que la cancelación de contratos adjudicados derive en altas indemnizaciones, que podrían superar el 50% del valor de los contratos.
Cuatro medidas de la prohibición de comercio de armas con Israel:
1️⃣Embargo total de compra-venta
2️⃣Denegar tránsito de combustibles de uso militar
3️⃣Prohibir importación de productos de asentamientos ilegales
4️⃣Y publicidad de bienes y servicios de territorios ocupados pic.twitter.com/oefIOHBh8Q— Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) September 23, 2025
Mínimos sobrecostes, según el Gobierno
Junto con el riesgo de indemnizaciones, la otra derivada económica de la cancelación de programas son los sobrecostes al sustituir tecnologías. El Gobierno elude dar una aproximación, así como el detalle de todos los programas afectados. Su previsión es que no haya cantidades “reseñables”, porque -según insiste- la dependencia tecnológica con Israel es una parte “muy pequeña” de los programas de defensa. “Implican a determinadas tecnologías dentro de un proyecto, no al conjunto de los programas. Los sobrecostes imputables serán muy bajos. Son totalmente asumibles con la financiación total del programa“, apuntan las mismas fuentes.
Además del Spike-LR2, el Ejecutivo canceló el viernes 19 de septiembre los PODs designadores para sistemas de combate aéreo, un contrato de 207,1 millones. Solo estos dos componentes tecnológicos rondan los 500 millones. Ayer el Ministerio de Defensa anuló un contrato adjudicado a la israelí Netline Communications Technologies (NCT) relacionado con los sistemas de inhibidores de frecuencia vehiculares de las Fuerzas Armadas, valorado en 1,316 millones. Este contrato de noviembre de 2023 se negoció sin publicidad. Entonces se entendió que era “la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico”.
Flexibilidad y limitaciones
En aras de su seguridad jurídica, el Gobierno también deja abierta la vía de la excepcionalidad “si se dan circunstancias de interés general”. Ello permitirá al Consejo de Ministros autorizar “excepciones puntuales” por el interés general en el embargo de armas a Israel. El Gabinete también podrá dar el visto bueno a la retirada total o parcial de las medidas. De esta forma, el Ejecutivo se dota de flexibilidad ante eventualidades sobrevenidas que no hayan podido ser anticipadas o surjan a lo largo de su implementación. Fuentes gubernamentales transmiten que la voluntad es limitar su uso, pero la realidad es que este instrumento facilita la resolución de encrucijadas. Desde la
A pesar de la ambición del Gobierno en reforzar jurídicamente el embargo de venta de armas a Israel, la realidad es que el Real Decreto-ley está limitado por el ordenamiento legal vigente. “Hemos ido tan lejos como la legislación nacional, europea e internacional nos permite”, admiten fuentes gubernamentales. En este sentido, se reconoce de manera indirecta que las obligaciones ante los tratados internacionales no impedirán que en las bases militares americanas en España (Morón y Rota) transite material de defensa o combustible militar con destino a Israel.
Financiación a Indra a Airbus
En un intento de acelerar al máximo la tecnología nacional, el Gobierno también aprobó ayer dos reales decretos para conceder préstamos directos a Airbus e Indra. El objetivo es financiar programas especiales de modernización en el ámbito aéreo. Estas medidas forman parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, aprobado en abril, que canaliza 10.471 millones. Así, el primero regula la concesión de préstamos a Indra y Airbus Defence and Space para el desarrollo del Sistema Integral Aéreo de Última Generación (Siagen), cuyo objetivo es la maduración tecnológica de los paquetes de trabajo del Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS) dentro del programa de Combate Aéreo Futuro (FCAS). Según el Gobierno, son proyectos “críticos” para dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades de combate aéreo de última generación.
El segundo real decreto establece las normas para la concesión directa de préstamos a Airbus Defence and Space y Airbus Helicopters España para cubrir sistemas de enseñanza en vuelo avanzado, tecnologías de movilidad aérea y el desarrollo de helicópteros multipropósitos. El Ministerio de Defensa ha justificado la ausencia de convocatoria pública señalando que las entidades beneficiarias son consideradas como las únicas capaces de aportar la alternativa óptima para el desarrollo de dichos programas.