La ofensiva legal de General Dynamics (GDELS) Santa Bárbara Sistemas contra Indra -en UTE con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)- por el megacontrato de los obuses ha tenido un giro inesperado: más de 14.000 millones de euros en créditos a tipo cero están en riesgo. Este montante corresponde a la prefinanciación concedida por el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, para facilitar a las empresas de defensa adjudicatarias de los Programas Especiales de Modernización (PEM), valorados en más de 30.000 millones, su puesta en marcha.
En el sector de defensa, una práctica habitual es la concesión de préstamos sin interés a la industria. Una prefinanciación por fases cuyos desembolsos están sujetos al cumplimiento de una serie de hitos en plazos concretos. Para la industria, afrontar los costes de esta financiación en el mercado ordinario sería mucho más oneroso. A pesar del potencial interés de las entidades financieras en el sector de defensa, ningún crédito igualaría un tipo de interés cero.
De ahí la encrucijada en la que se encuentra el sector, si la batalla judicial emprendida por GDELS ante el Tribunal Supremo derivara en la anulación de estos 14.000 millones. En la práctica, ello podría retrasar el desarrollo de los programas de modernización cuando España está en el punto de mira de la OTAN. Cabe recordar que el Gobierno aceleró después del verano la concesión de estos préstamos y cerró in extremis, antes de fin de año, las adjudicaciones de los contratos. ¿Cómo se ha llegado a esta encrucijada?
El origen
El punto de partida de esta situación es el recurso contencioso-administrativo interpuesto en el Tribunal Supremo por Santa Bárbara contra el Real Decreto (RD) 915/2025, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de octubre. En su recurso, la demandante se centra exclusivamente en los préstamos concedidos a Indra-EM&E para prefinanciar dos megacontratos de artillería: los APT sobre cadenas y sobre ruedas. En concreto, se trata de 3.000 millones en préstamos a tipo 0% para abordar un proyecto que suma 7.240 millones en total.
La compañía solicita su anulación al haber sido excluida del proceso de adjudicación por parte del Ministerio de Defensa. Una negociación al amparo del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TJUE) que permite a los Estados miembros otorgar los contratos sin publicidad cuando concurren razones de protección de la seguridad nacional. Santa Bárbara cuestiona su exclusión, a pesar de haber presentado oferta por iniciativa propia. Y argumenta que es “el único fabricante español de sistemas de artillería y también la empresa líder del segmento de la industria de defensa española dedicada a la fabricación de vehículos de combate terrestre”. Advierte, además, que el citado real decreto adolece de un defecto de forma por la ausencia de informe del Consejo de Estado, aunque este no sea vinculante.
Otras empresas afectadas
El pasado 28 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso. Y es la letra pequeña de esta resolución la que ha hecho saltar las alarmas en el sector de defensa. El alto tribunal advierte de que “el resultado de este recurso no solo puede afectar a las entidades beneficiarias mencionadas [en referencia a Indra y EM&E] sino también a los intereses de las restantes entidades comprendidas en dicha norma“. Cabe recordar que el citado RD 915/2025, incluye la prefinanciación de otros programas, como capacidades de comunicación (por ejemplo, una Radio Táctica-SCRT o un programa cripto).
Esta consideración introduce un elemento clave en el litigio: si el Supremo estimara el recurso, el efecto no se limitaría a los dos contratos concretos impugnados (obuses), sino que podría alcanzar a la totalidad del real decreto. Como consecuencia de esta interpretación, otras empresas a las que se concedió prefinanciación se han personado en el procedimiento como posibles afectadas. Es el caso, además, de Indra y EM&E, Telefónica o Oesía.
El informe del Consejo de Estado
Sin embargo, la onda expansiva puede ir más allá de este real decreto. Si el Tribunal Supremo concluye que la falta de informe del Consejo de Estado es causa suficiente de nulidad del RD 915/2025 se abriría una situación de inseguridad jurídica. El Consejo de Ministros estructuró en diferentes reales decretos -seis en total- los más de 14.400 millones de prefinanciación de los programas de modernización. Según explicaron fuentes jurídicas a El País, esta nulidad podría derivar en la anulación de oficio del resto y, también, abriría la puerta a que otras empresas que se consideraran perjudicadas por la concesión de estos préstamos decidieran impugnarlos.
La resolución del Tribunal Supremo sobre el Consejo de Estado será clave. En este sentido, en reales decretos de prefinanciación anteriores, como por ejemplo, el Real Decreto 891/2023 sobre el Eurofighter, no figura la solicitud del informe del Consejo de Estado. Artículo14 ha contactado con el Ministerio de Industria al respecto sin que hasta la fecha se haya contado con respuesta por su parte sobre la fundamentación jurídica a la exigencia del citado informe.
Pendientes del recurso a la adjudicación
A la espera de la resolución del alto tribunal que tiene en jaque a la industria de defensa, en la ofensiva de Santa Bárbara contra Indra queda aún por desvelar una incógnita: si finalmente ha impugnado la adjudicación de Indra-EM&E del megacontrato de los obuses. Así lo anunció en sus alegaciones para la suspensión de los préstamos: “Santa Bárbara […] recurrirá y solicitará la suspensión de las correspondientes adjudicaciones tan pronto se produzcan y conozcan por esta parte”. Las espadas siguen en alto.