El BBVA se encuentra en el centro de una tormenta regulatoria y política tras la intervención del Gobierno en la opa que la entidad financiera lanzó para adquirir al Banco Sabadell. Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había marcado unas condiciones para la operación, el Ejecutivo ha decidido ir más allá, imponiendo restricciones adicionales que podrían comprometer seriamente la viabilidad económica de la absorción.
Esta decisión, amparada por la ley de competencia, abre un nuevo capítulo de incertidumbre para el BBVA.
Según la normativa vigente, el Gobierno tiene la última palabra en este tipo de operaciones, incluso por encima de la CNMC. En este caso, el Ejecutivo ha alegado “razones de interés general” y la necesidad de proteger la competencia en el mercado bancario como motivos para endurecer los términos de la opa. El BBVA, por su parte, debe ahora decidir si acepta seguir adelante con una operación que podría convertirse en mucho menos rentable. O si opta por retirarla de manera definitiva.
Las nuevas condiciones impuestas por el Ejecutivo
La condición más controvertida impuesta por el Gobierno es la obligación del BBVA de mantener al Banco Sabadell como una entidad separada durante al menos tres años, con posibilidad de ampliación a cinco. Esto significa que, a pesar de una eventual adquisición, el BBVA no podrá integrar completamente las operaciones del Sabadell en su estructura ni optimizar recursos a corto plazo. Esta exigencia limita la capacidad del banco para generar sinergias inmediatas, un factor clave en cualquier proceso de fusión o absorción.
Además, el Ejecutivo ha vetado cualquier tipo de reestructuración laboral. En otras palabras, el BBVA no podrá llevar a cabo despidos en ninguna de las dos entidades, afectando así a una plantilla conjunta de más de 43.000 trabajadores. Esta medida responde a la preocupación por el impacto social de una operación de esta envergadura. Pero supone un duro golpe para los cálculos de eficiencia que había anticipado la entidad vasca.
Otro de los puntos clave es la prohibición de modificar la red de oficinas de ambas entidades. El banco vasco no podrá cerrar sucursales ni alterar la gestión de la red comercial. Lo que representa otra limitación significativa en términos de racionalización de costes y organización territorial.
¿Es una intromisión política?
Desde el BBVA se percibe esta intervención como una intromisión directa en sus decisiones estratégicas. Aunque el Gobierno niega que se trate de una maniobra política. El Ejecutivo insiste en que actúa dentro de la legalidad y que su único objetivo es preservar el interés general. En particular, en un sector tan sensible como el financiero. Sin embargo, voces críticas alertan de que este tipo de intervenciones pueden generar inseguridad jurídica y desalentar futuras operaciones empresariales.
El contexto no ayuda. En plena carrera hacia una mayor consolidación bancaria en Europa, cualquier obstáculo a este tipo de fusiones puede poner en desventaja a los grandes grupos financieros españoles frente a sus competidores internacionales. En ese escenario, el BBVA se juega no solo el éxito de una operación concreta, sino también su posicionamiento en el mapa bancario europeo.
Las opciones que maneja el BBVA
El BBVA debe ahora sopesar detenidamente sus próximos pasos. Por un lado, puede aceptar las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno y seguir adelante con la opa sobre el Sabadell. Sin embargo, esta vía podría suponer un coste financiero y operativo tan elevado que desvirtúe los objetivos originales de la operación.
Por otro lado, el BBVA también tiene la opción de retirar la oferta. Esta decisión, aunque traumática, podría entenderse como una respuesta lógica a unas condiciones que afectan a la rentabilidad de la fusión. La retirada de la opa supondría un revés reputacional para el banco. Pero también una forma de evitar una integración forzada y poco eficiente.
En cualquier caso, la dirección de la entidad vasca deberá actuar con rapidez. La incertidumbre prolongada no beneficia a ninguna de las dos entidades implicadas. Y los mercados estarán atentos a cada movimiento.