La periodista ciudadana china Zhang Zhan, de 42 años, ha sido condenada nuevamente a cuatro años de prisión bajo el cargo de “provocar disturbios y causar problemas”. Se trata de la misma acusación que ya la llevó a la cárcel en diciembre de 2020, tras haber difundido en redes sociales testimonios y vídeos desde Wuhan sobre la expansión inicial del coronavirus. La organización Reporteros Sin Fronteras informó de la sentencia el pasado sábado, destacando la gravedad de la situación.
Zhang había recuperado la libertad en mayo de 2024, después de cumplir una primara condena de cuatros años. Sin embargo, apenas tres meses después fue detenida de nuevo y trasladada al Centro de Detención de Pudong, en Shanghái. Ahora, la justicia china la vuelve a señalar por un delito que, según ONG internacionales y organismos de derechos humanos, se utiliza de forma recurrente contra voces críticas.
Cobertura en Wuhan
En febrero de 2020, Zhang viajó a Wuhan para documentar lo que estaba ocurriendo en el epicentro de la pandemia. Sus transmisiones incluían imágenes de hospitales saturados y calles vacías, una versión mucho más sombría que la que presentaba oficialmente las autoridades.
Su entonces abogado, Ren Quanniu, aseguró que Zhang creía estar “siendo perseguida por ejercer su libertad de expresión“. En mayo de ese mismo año desapareció y posteriormente se supo que había sido trasladada a Shanghái, donde se celebró un juicio que diversas organizaciones calificaron como una farsa judicial.
Durante su primera estancia en prisión, Zhang inició una huelga de hambre que deterioró gravemente su salud. Documentos judiciales revisados por Reuters indicaban que fue alimentada a la fuerza usando una sonda, mientras sus manos permanecían atadas.
“Heroína de la información”
La nueva condena a provocado muchas reacciones . Aleksandra Bielakowska, responsable de incidencia de RSF en Asia-Pacífico, afirmó que Zhang “debería ser celebrada globalmente como una ‘heroína de la información’, no atrapada en brutales condiciones carcelarias”. En el mismo comunicado añadió: “Su calvario y persecución deben terminar. Es más urgente que nunca que la comunidad diplomática internacional presione a Pekín para lograr su liberación inmediata”.
Por su parte, Beh Lih Yi, directora para Asia-Pacífico del Comité para la Protección de Periodistas, fue contundente: “Esta es la segunda vez que Zhang Zhan enfrenta un juicio con cargos infundados que no son más que un acto flagrante de persecución por su labor periodística. Las autoridades chinas deben poner fin a la detención arbitraria de Zhang, retirar todos los cargos y liberarla de inmediato”.
Amnistía Internacional también denunció la condena. Sarah Brooks, directora de la organización para China, consideró que el fallo “es una traición a la prioridad declarada de China de defender el estado de derecho”. Añadió que la activista “debe ser liberada inmediatamente” y que mientras tanto debería recibir acceso a abogados, atención médica adecuada y contacto con su familia.
Según recoge The Guardian, Jeremy Laurence, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, calificó el caso de “profundamente perturbador” y pidió su “liberación inmediata e incondicional”.
Represión
El cargo de “provocar disturbios y causar problemas” ha sido empleado de manera reiterada contra defensores de derechos humanos, abogados y periodistas en China. Según RSF, el país es el mayor carcelero de periodistas del mundo, con al menos 124 trabajadores de medios tras las rejas. En el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025, China ocupa el puesto 178 de 180 países, solo por encima de Corea del Norte y Eritrea.
El caso de Zhang se enmarca, además, en un contexto de contradicciones. Apenas una semana antes de su nueva condena, la Asamblea Popular Nacional aprobó una ley destinada a acelerar las respuestas a emergencias sanitarias, incluso permitiendo que los ciudadanos reporten directamente incidentes. Esta medida, en teoría, ampliaría los márgenes para difundir información crítica en momentos de crisis. Sin embargo, la represión contra Zhang muestra los límites reales que enfrentan quienes ejercen ese derecho.
Diversas fuentes coinciden en que Zhang ha sido objeto de vigilancia y hostigamiento constante, incluso tras su primera liberación. Según su exabogado Ren, los cargos actuales se relacionan con comentarios publicados en sitios web extranjeros. Las autoridades, sin embargo, no han especificado cuáles fueron esas supuestas acciones.
Para organizaciones de derechos humanos, su encarcelamiento responde a un único motivo: haber desafiado la narrativa oficial durante un momento crítico. Como señaló Yalkun Uluyol, investigador de Human Rights Watch, “el encarcelamiento políticamente motivado de Zhang es el precio que paga por investigar los errores del gobierno como periodista ciudadana y activista que se atrevió a cuestionar la versión oficial del Partido Comunista”.