En los últimos días, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sido puesta bajo la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos, de acuerdo con múltiples fuentes consultadas por CBS News. La medida llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de figuras públicas de alto perfil, especialmente después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk la semana pasada.
Ni Leavitt ni el Servicio Secreto han querido hacer comentarios al respecto. La Casa Blanca, por su parte, tampoco respondió de inmediato a la petición de explicaciones realizada por The Daily Beast.
Aunque no es habitual que un secretario de prensa de la Casa Blanca cuente con un dispositivo de seguridad tan especializado, sí existen precedentes. En 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders recibió protección temporal del Servicio Secreto en su domicilio. La asignación se produjo después de que Sanders fuera expulsada de un restaurante en Lexington, Virginia, incidente que ella misma relató en redes sociales y que provocó gran revuelo mediático. Hoy, Sanders es gobernadora de Arkansas.
En ese sentido, la situación de Leavitt no es inédita, pero sí excepcional. Según datos recientes, el Servicio Secreto protege actualmente a unas 36 personas, entre ellas el presidente, el vicepresidente y sus familias, además de otros funcionarios cuya seguridad se considera prioritaria.
Violencia política
El asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el miércoles pasado, ha marcado de forma clara la discusión sobre la seguridad de figuras públicas. Aún no está confirmado si este hecho influyó directamente en la decisión de otorgar protección a Leavitt, pero su coincidencia temporal refuerza la percepción del auge de la violencia política.
La administración Trump ha utilizado este episodio para insistir en el Congreso sobre la necesidad de reforzar la seguridad institucional. Actualmente se debate una propuesta para asignar 58 millones de dólares adicionales a medidas de protección destinadas a miembros del poder ejecutivo y judicial. De aprobarse, la iniciativa complementaría los esfuerzos ya iniciados el pasado agosto para reforzar la seguridad de legisladores.
“Una amenaza”
El debate también se alimenta de incidentes recientes en los que manifestantes lograron acercarse al propio Trump y a miembros clave de su gabinete en espacios públicos. La semana pasada, un grupo de activistas de Code Pink ingresó a un conocido restaurante en Washington, D.C., donde se encontraban cenando el presidente, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Los manifestantes gritaron consignas como “Trump es Hitler” y “¡Liberen D.C.! ¡Liberen Palestina!”.
El hecho generó alarma en sectores conservadores. La congresista republicana Anna Paulina Luna publicó en la red X: “¿Cómo se les permitió estar tan cerca de él? ¿Dónde estaba el Servicio Secreto y hubo alguien dentro que filtró su ubicación? Esto debe investigarse”.
Did someone leak the President’s location to the organization that showed up to protest him? Was this code pink? How are they allowed that close to him?
Where was Secret Service and was there someone in Secret Service that leaked his location? This needs to be looked into. pic.twitter.com/kLvmOCOZ2P
— Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) September 10, 2025
El Servicio Secreto respondió asegurando que “todos los clientes del restaurante fueron registrados antes de la llegada del presidente, incluidos los manifestantes que habían hecho una reserva para acceder al lugar”. Además, la agencia destacó que “la situación dentro del restaurante fue resuelta rápidamente por personal del Servicio Secreto que estaba activamente involucrado en garantizar la seguridad del presidente”. Según el comunicado, la cena pudo continuar sin mayores contratiempos y recalcaron que “la seguridad del presidente sigue siendo nuestra máxima prioridad”.
Pese a estas garantías, Trump reconoció el jueves, a bordo del Air Force One tras regresar del Reino Unido, que se sintió en riesgo: “Sí, creo que eran una amenaza”, afirmó.
Protecciones retiradas
Más allá del caso puntual de Leavitt, la cuestión de la protección oficial se ha convertido en un terreno de debate político. El propio Trump ha usado su autoridad para asignar y retirar protecciones de manera selectiva. Recientemente retiró el dispositivo de seguridad que Kamala Harris mantenía tras dejar la vicepresidencia, una extensión que había sido autorizada por Joe Biden más allá de los seis meses legales. La decisión llegó apenas semanas antes de la gira de presentación del libro de Harris, 107 Days, sobre la campaña de 2024.
Algo similar ocurrió con exmiembros de su primer gabinete, como Mike Pompeo y John Bolton, y con Ashley y Hunter Biden, hijos adultos del expresidente. Estas decisiones han despertado críticas sobre la discrecionalidad en el uso de un recurso diseñado, en teoría, para garantizar la seguridad más allá de rivalidades políticas.
La incorporación de Karoline Leavitt a la lista de personas bajo protección del Servicio Secreto refleja un momento en el que la seguridad de figuras públicas se ha vuelto tema central. La combinación de episodios violentos recientes, tensiones políticas y manifestaciones que ponen a prueba los protocolos de seguridad ha generado un entorno en el que la protección adicional es una necesidad.