¿Nos faltan datos para entender la violencia de género? Conocemos el número de mujeres asesinadas, el de denuncias, procesos judiciales, condenas, llamadas al 016, cuántas víctimas están inscritas en el sistema VioGén, cuántas llevan pulsera. ¿Qué se nos escapa? Las asociaciones de víctimas y expertos en violencia machista llevan años reclamando que el Gobierno dedique más presupuesto y tiempo a cuantificar otras variables, quizá menos conocidas, pero que ayudarían a diseccionar la violencia y obtener una radiografía más fiel de la realidad.
No sabemos cuántas mujeres denuncian violencia psicológica, sexual, económica o vicaria. Cuántos huérfanos mayores de edad ha dejado la violencia de género, cuántas mujeres presentan cuadro de ansiedad, depresión, cuántas se quitan la vida…
Espejismo estadístico
Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, recuerda que la violencia no empieza en la denuncia ni termina en un juzgado, y que limitar la medición a esos momentos crea un espejismo estadístico. La mayor parte del daño —dice— se desarrolla fuera de los espacios institucionales: en el hogar, en la salud mental, en la sensación de amenaza permanente, en la pérdida de esperanza, en el aislamiento. “La violencia de género es una situación mantenida en el tiempo que impacta directamente en la salud física y psicológica”. Para Lorente, si esa parte no se mide, la mitad de la violencia queda fuera del mapa.
Encuestas de satisfacción a las víctimas
Desde la asociación ALMA, Gregorio Gómez insiste en que los centros de salud son un punto clave que España no está aprovechando. “Ahí es donde más violencia aflora. Muchas mujeres cuentan lo que viven cuando llevan a sus hijos al pediatra o cuando piden ayuda para poder dormir. Pero eso no se mide de forma sistemática”. Propone además encuestas de satisfacción para evaluar cómo funciona el sistema con las víctimas: “Saltarían chispas”, afirma.
También subraya la necesidad de estudiar la calidad de los convenios regulatorios tras una sentencia de violencia de género: “Muchos son copia y pega. No tienen en cuenta la realidad de cada familia y terminan perjudicando a las criaturas y a sus madres”.
No se conoce esos datos. Cuántos padres investigados o condenados por violencia de género tienen derecho a visitas y custodias, cuando la ley solo lo contempla como una excepción. Las asociaciones y expertos coinciden en que sería un dato muy revelador y es urgente conocerlo.
Otro ámbito invisible para Gómez son los entornos de las víctimas: familiares, amigas, personas de confianza que sostienen durante meses o años la crisis de la mujer maltratada. “También sufren violencia y tampoco aparecen en ninguna estadística”. Lo mismo ocurre en los colegios e institutos, donde las señales están presentes pero rara vez se integran en un registro. Y menciona un último agujero: el escaso uso que los jueces hacen del Instituto de Medicina Legal. “El primer maltrato que sale a la luz es el psicológico, y para evaluarlo necesitas especialistas. Pero muchos juzgados no piden informes forenses. Sin eso, están juzgando sin tener la información completa”.
Los datos actuales no bastan
La asociación Somos Más aporta otra dimensión que tampoco se está midiendo: las secuelas. Las madres que sobreviven arrastran depresiones, ansiedad, estrés postraumático, violencia institucional, culpa, miedo y desgaste permanente. Sus cuerpos, sometidos durante años a niveles altísimos de cortisol, desarrollan inflamación crónica, enfermedades hormonales, fibromialgia, artritis. Sus hijos e hijas presentan distorsión emocional, baja autoestima, autolesiones, trastornos alimentarios, dismorfia corporal. Nada de esto aparece en ningún informe estatal.
Tampoco aparecen las consecuencias económicas: deudas, pobreza, falta de trabajo, edadismo, impagos de pensiones. Ni las sociales: revictimización, prejuicios familiares, trabas institucionales. Ese daño, tan cotidiano como devastador, no existe para el Estado porque no se cuenta.
Los efectos en las niñas y niños
A esa cartografía incompleta se suma una ausencia especialmente grave: la salud física y mental de los menores. Andrea Cabezas, presidenta de Stop Violencia Vicaria, insiste en que este debería ser uno de los ejes centrales de cualquier medición pública: “Lo más importante que no se está midiendo son las patologías en menores. Hablamos de niños cuyas madres han sufrido violencia de género y desarrollan anorexia, adicciones, problemas médicos muy graves”. Explica que esas secuelas no son solo emocionales ni pasajeras; forman parte del impacto sostenido del trauma.
Como otros expertos, también propone mecanismos de evaluación directa de los servicios públicos: “Hace tiempo planteé una encuesta de satisfacción para los juzgados, como las maquinitas que te preguntan si estás contento cuando sales del taller. Una valoración real de cómo se trata a las víctimas”. Para ella, escuchar a las mujeres y medir su experiencia no es un complemento: es la única manera de saber si el sistema está funcionando o fallando.
Todos coinciden en lo mismo: los datos actuales no bastan. Sirven para medir lo que pasa en los juzgados, en las denuncias, en las comisarías. Pero la violencia machista es mucho más amplia y sus efectos se extienden por territorios que nunca han sido objeto de estudio: salud, educación, psicología, economía, infancia, entorno social, instituciones. La fotografía oficial es limpia y precisa, pero parcial. El resto sigue fuera de foco.
En 2022 se mejoraron las estadísticas
Carolina Pulido, consultora en temas de género e infancia y experta en masculinidades, recuerda que España mejoró sus estadísticas en 2022 al empezar a contabilizar también los feminicidios fuera de la pareja o expareja —los familiares, sociales, sexuales y vicarios—. Desde entonces, se han registrado 87 casos de este tipo. “Eso demuestra que antes estábamos dejando fuera muchas realidades”, afirma.
Pulido señala que las denuncias tampoco sirven para dimensionar el problema: solo una de cada cuatro mujeres asesinadas había denunciado. “Hay violencias normalizadas o muy sutiles que ni siquiera identificamos como tales. El acoso callejero, el acoso en redes, la violencia sexual dentro de la pareja… Todo eso sigue sin estar bien registrado”. La Macroencuesta, dice, es una herramienta clave, pero incompleta; y la próxima —aún sin publicar— debería mostrar ese cambio de percepción impulsado por fenómenos como #Cuéntalo.
La periodista y escritora Cristina Fallarás va aún más lejos: “No tenemos datos. Los que tenemos son una ínfima parte, no reflejan la realidad”. Asegura que las cifras oficiales —Poder Judicial, Interior y la Macroencuesta— cuentan lo que llega a los sistemas institucionales, pero no lo que ocurre fuera. Y por eso cedió su archivo testimonial de Acción Comadres a la administración pública: miles de relatos que muestran violencias que no aparecen en ninguna estadística estatal. “El retrato que surge de esos testimonios no se parece al que contamos institucionalmente. Podemos darle vueltas a los datos oficiales, pero no sirven para describir lo que realmente pasa”.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.
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