Ana Redondo salía al paso este miércoles de la cadena de errores que propiciaron el crimen de Martha, la joven de 21 años asesinada por su expareja el lunes en Villaverde (Madrid). Era su primera aparición pública tras conocerse la noticia y sus palabras han levantado ampollas. Sin asumir errores, se dirigió a las víctimas: “Pido a las mujeres que estén en riesgo que se protejan especialmente, que extremen la precaución, que se pongan en contacto con los medios y mecanismos de protección del Ministerio y los sistemas que estén más cerca de sus comunidades o de sus ayuntamientos”.
Declaraciones curiosas, cuando menos, porque eso fue literalmente lo que hizo Martha. Denunció, pidió ayuda, solicitó protección y utilizó los recursos oficiales. Nada de eso evitó su asesinato.
La protección no es una cuestión individual, sino una obligación del Estado
En España, la protección de las víctimas de violencia de género no es una cuestión individual, sino una obligación del Estado, recogida en la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género. También lo señala el Convenio de Estambul, que establece que los Estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. En otras palabras: si una mujer sufre agresiones o es asesinada pese a haber pedido ayuda, el fallo es institucional, no individual.
Las declaraciones de la ministra, en un contexto de un fallo sistémico tan reciente, han enfurecido a las asociaciones de víctimas, que no entienden su reacción.
Andrea Cabezas, de la asociación Stop Violencia Vicaria, no escondía su rabia. “Resulta indignante escuchar a la ministra pedir a las víctimas de violencia machista que ‘se protejan’. ¿De verdad seguimos culpabilizando a las mujeres asesinadas por no haber hecho más para salvar su vida? No, señora ministra. No son las víctimas quienes deben protegerse. Es el Estado quien debe protegerlas, prevenir y garantizar que las órdenes de alejamiento y los protocolos se cumplan. Una mujer con orden de protección ha sido asesinada, había denunciado varias veces, y su agresor seguía libre. ¿Y lo único que se les ocurre decir es que las mujeres extremen la precaución?”, insiste.
“No necesitamos llamamientos a que ‘se cuiden más’, sino un Estado que funcione”
Cabezas explica que las víctimas ya viven en alerta constante. “Las que tienen hijos e hijas duermen con miedo cada noche. Lo que necesitamos no son llamamientos a que ‘se cuiden más’, sino un Estado que funcione, una justicia que no falle, una policía que actúe, unos servicios sociales que no desoigan y una coordinación real que impida que sigan matándonos. Basta de trasladar la responsabilidad a quienes ya han sido abandonadas. Basta de discursos vacíos mientras siguen cayendo mujeres con denuncias, con órdenes, con todo hecho ‘según el protocolo’”.
En la misma línea se expresaba la asociación Somos Más: “La ministra debería pedir al Estado que proteja de verdad, no a las víctimas que sobrevivan solas. Tenemos un sistema que establece penas irrisorias, condenas ineficaces, que apuesta por el buenismo y el antipunitivismo con los criminales. ¿Ahora, en vez de hacer ellos su trabajo, lo tienen que hacer las mismas mujeres o su entorno, protegiéndose a sí mismas?”
Tampoco entienden a qué se refiere Redondo. “Que nos expliquen cómo deben protegerse de un maltratador con el que conviven, porque el sistema no da medios eficaces para salir de una situación de violencia. Si nos defendemos, vamos a la cárcel nosotras. Eso, las que puedan, porque no tenemos fuerzas, ni ánimos, ni nada para defendernos”, señalan.
“Protéjanse ustedes porque nosotros no somos capaces de protegerlas”
En su opinión, lamentar los crímenes no basta: “Se evitan trabajando mano a mano con las víctimas sobrevivientes. Sabiendo lo que nos hace falta, conociendo de primera mano lo que sufrimos, vivimos y pasamos nosotras y nuestras criaturas. Para las víctimas, los 365 días del año son complicados, aunque sea cierto que cuando los maltratadores están más tiempo en casa haya más peligro. Pero eso no es excusa para lo que estamos viviendo. ¡Nos están asesinando impunemente!”
Olga Caldera, de la asociación AMAR, no daba crédito: “¿Que se protejan? ¿Frente a todos los errores judiciales y la falta de protección del Estado a las víctimas y sus hijos? Me parece que está fuera de lugar. Ella misma debería haber protegido a esta víctima —Martha— y, por supuesto, a todas las demás. Que se haga responsable, porque el sistema no funciona y no hacen nada para que funcione”.
“Se me ha puesto el cuerpo malo”, confiesa Gregorio Gómez, de la asociación ALMA, visiblemente indignado. “Lo que está diciendo es como ‘protéjanse ustedes porque nosotros no somos capaces de protegerlas’. Es la conclusión que saco”.
Gómez cree que el problema está en que, en muchas ocasiones, se intenta ayudar a una mujer que no reconoce que está en peligro. “Tendremos que estar nosotros más atentos para poder ayudarlas, para hacerles ver qué está ocurriendo. Lo que hace falta son equipos especializados y, lo primero, una psicóloga que pueda ayudarlas a entender lo que les sucede y lo que están viviendo. Ellas son las que están al frente y las que pueden hacer algo, así de simple”.
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