Hay muchas formas de ser ministra, incluso dentro de un mismo Gobierno. Sira Rego y Ana Redondo no comparten estilo y ahora tampoco agenda. Sus distintas maneras de ejercer el cargo han marcado sus respectivas trayectorias en esta legislatura.
En un ámbito tan evidente como el de la violencia de género y la protección de la infancia, Rego ha llevado la iniciativa. El Ministerio de Juventud e Infancia ha mantenido contacto con asociaciones de víctimas de violencia machista y vicaria, ha escuchado directamente a mujeres afectadas, ha recibido escritos y denuncias y se ha implicado en la búsqueda de soluciones dentro del marco institucional. Ese trabajo, discreto pero continuado, ha ido otorgando a su departamento un protagonismo creciente en un terreno tradicionalmente vinculado al Ministerio de Igualdad.
Las diferencias en el caso Juana Rivas
Este interés de Rego por la violencia machista y vicaria llegó a su máximo esplendor con el caso Juana Rivas. Cuando su hijo pequeño, Daniel, pidió protección tras relatar el maltrato que sufría por parte de su padre, la ministra habló con él personalmente, expresó su preocupación por su seguridad y reclamó a la Fiscalía que actuara para garantizar que el niño fuera escuchado. Un movimiento que evitó, en un primer momento, su traslado a Italia. Un movimiento poco habitual en el ámbito gubernamental, pero muy valorado por las asociaciones de víctimas, que ha evidenciado una forma distinta de entender la responsabilidad política. Mientras tanto, Igualdad ha ido siempre por detrás.
Ese enfoque se ha trasladado también al terreno legislativo. El Ministerio de Juventud e Infancia ha decidido impulsar una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) con un objetivo claro: reforzar la protección de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia machista. Para ello, Rego ha puesto en marcha un grupo de expertas encargado de abordar cuestiones especialmente sensibles que, según denuncian las víctimas, siguen fallando en los juzgados.
Prohibición efectiva del falso SAP
Entre los cambios planteados figura la prohibición efectiva del falso síndrome de alienación parental (SAP), una teoría sin base científica que ha sido utilizada durante años para desacreditar a madres protectoras y cuestionar el testimonio de niñas y niños en contextos de violencia machista. Aunque la LOPIVI ya rechaza su uso, Infancia considera que la redacción actual deja margen para que siga aplicándose de forma encubierta y busca cerrar esa puerta de manera definitiva. La reforma también pretende limitar el régimen de visitas y el mantenimiento de la patria potestad en casos de violencia machista, así como garantizar de forma real —y no solo formal— el derecho de niñas y niños a ser escuchados en los procedimientos judiciales.
Durante ese periodo, la percepción de que Rego ha estado asumiendo un liderazgo político en materia de violencia machista y vicaria se ha ido extendiendo. En círculos feministas y políticos se ha comenzado a hablar de ella como una “ministra de Igualdad en la sombra”. No por confrontación directa, sino por contraste: mientras Infancia ha avanzado, Igualdad no ha impulsado iniciativas legislativas propias ni ha asumido un papel visible en los casos más sensibles.
El choque se ha producido cuando Igualdad ha decidido recuperar la iniciativa política con el anteproyecto de ley de violencia vicaria. La norma se anunció en un momento en el que Infancia ya estaba trabajando sobre la violencia machista desde la LOPIVI, y ha sido leída por parte del movimiento feminista y de las asociaciones de víctimas como una respuesta tardía y poco coordinada. Ahí han aparecido las diferencias de fondo: la tipificación de la violencia vicaria, la regulación de las visitas de maltratadores y, sobre todo, la falta de garantías efectivas del derecho de escucha de niñas y niños.
La ministra de Infancia critica el anteproyecto de Igualdad
Ese equilibrio se ha roto del todo cuando el anteproyecto ha estado a punto de llegar al Consejo de Ministros. Días antes de su aprobación prevista, Sira Rego ha decidido desmarcarse del texto y su departamento ha comunicado que abandona la coproponencia de la ley.
La decisión no ha sido improvisada. Ha llegado tras meses de advertencias técnicas, de demandas trasladadas por las asociaciones de víctimas y de discrepancias no resueltas con Igualdad y Justicia. La publicación de una carta abierta firmada por una veintena de organizaciones feministas, en la que han expresado su preocupación por la redacción del anteproyecto, ha terminado por hacer visibles unas tensiones que hasta entonces habían permanecido soterradas.
Así, la violencia vicaria no ha abierto el conflicto dentro del Gobierno, pero sí lo ha expuesto. Lo que debía ser la culminación de un trabajo compartido ha acabado evidenciando las diferencias de fondo entre ministerios y ha dejado en el aire una pregunta incómoda: quién lidera, y cómo, la respuesta institucional frente a una de las formas más extremas de la violencia machista.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.